Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, ex líder de Cártel de Sinaloa, exigió, el 20 de febrero de 2025, al Gobierno de México, que reclamara a su homólogo de Estados Unidos su repatriación, porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufriría un “colapso”.
“Esta exigencia no es opcional […] Debe intervenir [el Gobierno mexicano] a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos”, indicó el capo sinaloense.
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Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada García en México, confirmó que la petición fue presentada el 20 de febrero de 2025, en el Consulado General de México en Nueva York, mediante un escrito al que el diario Reforma tuvo acceso.
En la solicitud de asistencia consular, el capo sinaloense señaló que si el Gobierno de México no intervenía en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también podrian ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino. Por lo anterior, “El Mayo” insistió que la respuesta del Estado mexicano “no es opcional”, porque tenía la obligación ineludible de defenderlo.
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“Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte […] Estados Unidos incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso […] El Estado mexicano tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte”, reclamó Zambada García en su misiva, al alegar que llegó a EE. UU. por un secuestro transfronterizo.
“Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier Gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda”, enfatizó el capo sinaloense.
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“Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática”, agregó “El Mayo”.
Asimismo, Zambada García advirtió en su carta, que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, “constituiría una traición al sistema jurídico mexicano” y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.
“En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado [de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos] y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal”, opinó el capo sinaloense.
“Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes”, comentó “El Mayo”.
En una parte de su escrito, el ex líder del Cártel de Sinaloa requirió al Gobierno de México para que pidiera a los estadounidenses, un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a EE. UU. y bajo qué base legal. También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense, como del mexicano.
La razón por la que “El Mayo” alegó que el Gobierno mexicano debía exigir la cancelación del proceso al que está sometido en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, era precisamente porque el procedimiento tenía como origen su secuestro y traslado ilegal a Estados Unidos. “Esta exigencia no es una cuestión discrecional, ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas”, indicó el capo sinaloense.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el 21 de febrero de 2025-, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la recepción de la carta enviada por “El Mayo”, misma que le fue entregada a ella, a través de Juan Ramón de la Fuente Ramírez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Asimismo, la titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano adelantó que que se plantearía el tema a la Fiscalía General de la República (FGR) y que nadie ‘defiende al personaje, sino el hecho’.
“En la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el Consulado de Nueva York, creo, ¿no?, esta solicitud, lo estamos planteando a la FGR, ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá del personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos”, dijo la mandataria nacional.
“Porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención, entonces el fiscal tiene ya una carpeta abierta en este sentido y si les parece el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir que nos pueda decir el avance, qué información se la ha pedido al Gobierno de Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso”, expresó la presidenta.
“¿Existe la posibilidad de que el Gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos, una protesta hacia el Gobierno de Estados Unidos?”, le preguntó un reportero.
“Lo vamos a revisar, repito, más allá de esta persona que por los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento, supongamos que haya sido otra persona, imaginemos otra persona, porque no, este personaje pues tiene sus delitos y lo que haya cometido en México, tiene sus propias órdenes de aprehensión en México, pongamos otra persona, un ciudadano, cualquiera, que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del Gobierno de México”, explicó Sheinbaum Pardo.
“Imaginemos porque luego, supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que éste sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito, lo lleva allá y se juzga con pena de muerte, entonces sí hay un tema en la carta que está enviando, que tiene que ver con la soberanía”, enfatizó la mandataria nacional.
Zambada García confirmó, el 10 de agosto de 2024, a versión difundida, un día antes, por Keneth Lee Salazar -titular de la Embajada de México en Estados Unidos, desde el 2 de septiembre de 2021-, de que fue emboscado en Culiacán de Rosales, por “El Güero Moreno”, cuando esperaba reunirse con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa -desde el 1 de noviembre de 2021- y con Héctor Melesio Cuen Ojeda, político asesinado el día de las detenciones de ambos capos sinaloenses, el jueves 25 de julio del mismo año.
A través de una carta difundida por su abogado defensor, Frank Pérez, el cofundador del Cártel de Sinaloa enfatizó que no se entregó voluntariamente al Gobierno de EE. UU., con el cual, según dijo, no tuvo ningún acuerdo.
El capo sinaloense narró en su misiva que el hijo de su compadre le pidió que asistiera a una reunión “para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”, entre Rocha Moya y Cuén Ojeda, misma en la que también asistiría Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”.
Sin embargo, al llegar al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, donde supuestamente se llevaría a cabo la reunión, ya lo esperaban “una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos.”
“Me acompañaban cuatro agentes de seguridad, de los cuales dos permanecían fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo fueron José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo”, detalló “El Mayo”.
Confirmó que en la supuesta reunión estuvo presente Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense (PAS), diputado federal electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien murió, según la primera versión difundida por la Fiscalía estatal -que luego resultó falsa-, tras ser atacado a balazos, alrededor de las 22:00 horas, del 25 de julio de 2024, mientras circulaba en su vehículo particular, por la carretera Internacional México 15, a la altura de La Presita, comunidad ubicada al norte de Culiacán. Tras el supuesto atentado, fue trasladado a una clínica privada, donde falleció, media hora después, a los 68 años de edad.
“Tengo conocimiento que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que pasó. A él lo mataron al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron. Héctor Cuen era un viejo amigo mío y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, a quienes nadie ha vuelto a ver ni saber de ellos desde entonces”, explicó el capo sinaloense.
“También hago un llamado al pueblo de Sinaloa a tener moderación y mantener la paz en nuestro estado. Nada se puede solucionar con la violencia. Hemos recorrido ese camino antes y todos pierden”, finalizó su carta “El Mayo”.
