Fiscalía General del Estado se hará cargo de coordinar trabajos del C5i, lo cual representa un golpe para el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, General Laureano Carrillo, quien llega a una dependencia desmantelada
Como es costumbre, la Oficialía de Partes alterna del Poder Ejecutivo, conocida coloquialmente como Congreso del Estado, impulsó y concretó lo que algunos consideran una ocurrencia, pero es un maquiavélico movimiento que pretende fortalecer el control de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en materia de seguridad: trasladar el C5i a la Fiscalía General del Estado (FGE).
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En un movimiento inesperado, la mandataria envió con carácter de urgente una iniciativa al Congreso del Estado para que sin mayor contemplación, justificación ni estudio, las funciones, inmueble y personal que labora en el C5i, que corresponden al Centro de Denuncia Anónima (089) y el de Emergencias (911), sean transferidos de forma inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a la FGE, que se supone, es una institución autónoma. Aunque sabemos que se ha vuelto una dependencia más del gabinete con la presencia de la fiscal María Elena Andrade Ramírez, quien hasta participa en las mañaneras y se le giran instrucciones para atender ciertos casos.
El movimiento sorprendió a todo mundo, pues se planteó justo al momento en que el General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán se encontraba en el proceso de entrega-recepción a su relevo al frente de la SSC: el General Laureano Carrillo Rodríguez.
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En una semana, el Poder Ejecutivo del Estado planteó una iniciativa y la turnó al Legislativo para su análisis, quienes la aprobaron a los pocos días sin necesidad de un análisis profundo de la situación.
La acción emprendida por Marina del Pilar demuestra que no está conforme con el hecho de que el Gobierno Federal le imponga, nuevamente, a un secretario de Seguridad, como ha ocurrido desde el inicio de su gobierno.
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La inconformidad llega a tal grado que está poniendo en riesgo uno de los compromisos de campaña más importantes, pues prometió que apenas asumiera el cargo, tomaría el control de la seguridad, a diferencia de Jaime Bonilla Valdez, quien le cedió toda la responsabilidad a su fiscal, Guillermo Ruiz Hernández.
Desde que arribaron los gobiernos de Morena, la dependencia encargada de la política criminal ha sido desmantelada poco a poco.
En los tiempos de Daniel de la Rosa Anaya, la Secretaría controlaba a la Policía Estatal Preventiva (PEP), pero también el Centro Estatal de Control y Confianza (C3), el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) y el sistema penitenciario de Baja California.
De estas cuatro áreas importantes de la dependencia, el Poder Ejecutivo le quitó tres, pues ya no controla lo que ocurre en los penales, pues fue entregado a la responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno (desde que esto ocurrió en 2019 se han registrado varios motines); el C3, que Ricardo Iván Carpio retuvo en la FGE cuando asumió el cargo en 2021; y ahora el C5i, que coordina los esfuerzos para la atención de emergencias.
El movimiento de la gobernadora es una clara respuesta por parte del Estado para retomar el control de la seguridad a través de acciones cuestionables y temerarias, pero que confirman que no confían en la nueva imposición y buscarán cualquier medio para aumentar el control político de la seguridad.
Queda claro que desde el inicio de los gobiernos de Morena, no se tiene una política clara en materia de seguridad, pues hemos pasado desde mandos civiles a mandos militares en los puestos relevantes; de fusionar instituciones a separarlas, sin seriedad ni respeto alguno.
Veremos si esto no representa alguna represalia o si se trata de una acción advertida al Gobierno de México en contra el poderío castrense, pues el nuevo General tendrá menos poder y operatividad dentro de las Mesas de Seguridad.
Ahora, todas las denuncias anónimas que abastecían a la unidad técnica de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, todas las estrategias para distribuir al personal durante emergencias y la primera respuesta de cada incidente, serán recibidas por la institución investigadora de delitos, lo cual representa más poder y confianza en María Elena Andrade.
