El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR). a los jueces que hubieran otorgado suspensiones y amparos para frenar la reforma judicial.
Durante una conferencia de prensa, magistrados federales acusaron que los consejeros Bernardo Bátiz y Vázquez, Verónica de Gyvés Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez, quienes integran la “mayoría oficialista” en el CJF, acordaron, el 12 de febrero de 2025, dar vista a la FGR, contra Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, con sede en Morelia, a quien ya le habrían iniciado una carpeta de investigación
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También contra Gabriela Ruiz Márquez, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en Zapopan, Jalisco, quien otorgó, el 10 de diciembre de 2024, el primer amparo contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), y ordenó dejar sin efecto los actos del proceso legislativo, lo que implicaría también dejar insubsistente los actos realizados en vía de consecuencia.
“Es increíble que el propio Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que está llamado a garantizar nuestra independencia, a generar las condiciones propicias tanto materiales como de recursos humanos para que la justicia se cristalice y se materialice todos los días en este país, ahora resulta que va a ser también quien persiga a los jueces y a las juezas por tomar estas decisiones, que además adoptan en ese libre albedrío”, señaló la magistrada Julia María del Carmen García González.
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La conferencia del 14 de febrero de 2025 fue la última que realizaron los juzgadores, debido a que consideraron que el fallo emitido un día antes por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), implicó la “muerte de la República”, porque, según ellos, dio vía libre a la implementación de la reforma judicial.
“Esta es la antesala de lo que será el Tribunal de Disciplina, donde los jueces habremos de sopesar al grupo político en el poder […] Lo grave es que bastaría uno para que tuviéramos que estar parando por completo en apoyo absoluto de ese compañero juzgador, quien estaría siendo denunciado por hacer sus labores jurisdiccionales”, advirtió García González.
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Por su parte, Juan José Olvera López reclamó que si bien ya no había fundamento para la denuncia de los jueces proveniente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) -porque eso ya quedó sin efectos, como lo determinó la SCJN-, “ahora surge el fundamento desde el CJF, que denuncia a los jueces en términos reales y persiste la condición de ser imputados por condiciones judiciales”.
“¿Qué es lo que espera a los ciudadanos? Seguir viendo los esfuerzos del poder político en turno, para privarlos de sus derechos. Es así de claro”, enfatizó Olvera López. “Cambiamos de formato porque el día de ayer, la República que estaba agonizando desde septiembre murió definitivamente. No acaba la resistencia, porque la razón y la justicia nunca terminan definitivamente”, dijo José Rogelio Alanís García, en su turno
“Finalizamos esta etapa, pero no quiere decir que la resistencia cese. La resistencia sigue con el mismo compromiso y la misma convicción. Seguiremos haciendo uso de los cauces legales que nos brinde el estado de derecho”, insistió García González.
Al respecto, el mismo día, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respaldó la decisión del CJF ya que, según comentó, “es consecuencia de haber actuado de manera ilegal y arbitraria; de haber actuado en forma injerencista y violatoria a la Constitución”.
El político zacatecano recordó que la reforma al Poder Judicial de la Federación, era, según él, la más importante en 200 años, ya que buscaba democratizar la justicia con mayor transparencia y tener personas juzgadoras sujetas al voto popular.
“Consideramos que esta acción constituye un grave atentado contra la independencia judicial y representa una clara venganza política dirigida a amedrentar a los miembros del Poder Judicial que, en el ejercicio de sus funciones, han actuado conforme a derecho y en defensa de la Constitución”, criticó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Acción Nacional (PAN), en un comunicado.
