Gritos de auxilio y estruendosos golpes generados por el choque de metales, era parte de lo que se percibía desde el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, desde la parte lateral donde algunos internos logran tener cierto contacto visual con el exterior del penal.
Pasaban las 10:00 horas cuando esos gritos y reclamos comenzaron a percibirse desde el tercer piso del Cereso de Mexicali, ubicado sobre Calle Sur de la colonia Pasadena, donde la antigua estructura que alberga a poco más de 2 mil 200 internos, perdió su calma.
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Familiares de internos que se encontraban en el horario de visita o realizando depósitos a sus consanguíneos recluidos, realizaban sus actividades normales cuando -narraron a ZETA– comenzaron a escuchar gritos y golpes metálicos, además de lo que parecía ser una pelea.
En un primer momento, los custodios comentaron a los visitantes que estaban controlando una situación menor, pero que la reyerta ponía en riesgo a la población en general y solicitaron el desalojo de las familias, quienes asfixiadas por la incertidumbre, exigieron explicaciones.
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Para las 10:50 horas del jueves 30 de enero, se emitió un reporte de emergencia en el que se solicitaba la presencia de todas las corporaciones, tanto locales como federales, para apoyar en el control de los internos.
La narrativa preliminar -al cierre de edición no había datos oficiales del incidente- indica que todo se desarrolló en un área de descanso, donde dos internos se enfrascaron en una pelea. Un custodio intentó detenerlos, pero ambos implicados se unieron contra el agente penitenciario, a quien le propinaron varios golpes.
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El enfrentamiento alebrestó al resto de los internos que se encontraban en esa misma zona, cuya superioridad numérica provocó que los elementos de la Policía Estatal y Custodia Penitenciaria, solicitaran refuerzos.
Aproximadamente dos horas duró el conflicto que no se extendió a todo el penal, sólo a un área de descanso.
Decenas de familiares en espera de visita fueron desalojados, por lo que intentaron sostener comunicación con sus internos desde un costado del penal.
“¿Estás bien? ¡Pórtate bien, hijo, por favor!” –“Sí, ‘ma. Te amo”, fueron algunos de los intercambios de familiares con internos, pero también hubo otros gritos donde se solicitaba ayuda o referían que los custodios les estaban propinando golpizas.
Nadie tenía certeza de lo que ocurría y sólo se podía conocer el actuar de los agentes que se ubicaban al exterior o en las torres y techos de la estructura.
Un interno gritó que habían matado a un compañero de celda, lo que encendió las alarmas entre los familiares que se encontraban al exterior. Entre su propia narrativa, murmuraban y se cuestionaban lo que ocurría con sus hijos, padres, novios, hermanos.
Otro interno gritó que eran cinco personas muertas y que por favor llamaran a “Derechos Humanos”, una de las instituciones que brilló por su ausencia en las primeras horas de mayor estrés.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, se unieron al operativo de custodia en la zona. Para ese momento, ante la falta de información, familiares de las víctimas aseguraban la muerte de cinco personas y de vehículos del Servicio Médico Forense (Semefo) que habían recogido cadáveres, pues nunca se estableció un canal de comunicación entre autoridades y afectados.
Los gritos causaron desesperación en las familias que asumieron un rol beligerante ante la incertidumbre y conformando un numeroso grupo que se dirigió hacia la entrada.
“No vamos a permitir que golpeen a nuestros hijos”, “Golpes no, golpes no”, eran parte de las improvisadas consignas del colectivo conformado principalmente por mujeres, el cual rompió los cordones preventivos y se enfrentaron verbalmente con la última línea de policías investigadores, pues tanto Sedena como Guardia Nacional, se replegaron al ver el arribo de los ofendidos.
Luego de empujones y jaloneos, el subdirector del penal, Alberto Flores, fue llamado desde el exterior para controlar a las enfurecidas madres, con quienes finalmente entabló comunicación y les confirmó que no había personas fallecidas, que no había heridos, pero reconoció que un conflicto se salió de control y desencadenó un enfrentamiento que horas después logró controlarse.
Entre gritos y discusión, familiares aprovecharon para denunciar las condiciones de hacinamiento, maltrato a los custodios y la mala calidad en la alimentación, al grado que les ofrecen alimento caducado.
En enero de 2021 -en la gestión de Jaime Bonilla Valdez- se registró un motín de considerables proporciones en Mexicali, el cual concluyó con enfrentamientos entre internos y policías en una abrupta intervención por parte de las autoridades civiles, al grado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra el Poder Ejecutivo, debido a que encontraron condiciones precarias, mala calidad en los alimentos y que la intervención se había generado con uso excesivo de la fuerza.
En el último análisis de los penales de México, Baja California ubicó en el lugar número 23 en 2024, considerada una calificación reprobatoria y con la pérdida de un lugar, en comparación del estudio realizado en 2023.
