El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó votar la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa sobre la contradicción de criterios en torno al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en operaciones hechas por maquiladoras que están en el programa IMMEX.
La propuesta de posponer la discusión y votación fue planteada por la ministra Lenia Batres Guadarrama argumentando que en la ponencia Esquivel Mossa faltaba un análisis sobre el impacto económico que tendría una resolución contraria al proyecto, ya que el fisco podría perder 13,500 millones de pesos de multa y recargo. Lo cual, implicaría una “condonación ilegal” que comprometería la continuidad de políticas públicas y programas sociales en perjuicio de la población más vulnerable.
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En la sesión, los ministros Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y la propia Esquivel Mossa consideraron que debía aplazarse la discusión, pero por razones “objetivas y jurídicas”, a diferencia de lo esgrimido por Batres Guadarrama.
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Laynez Potisek incluso se manifestó en contra de que se requiera un análisis financiero para tomar una decisión adecuada. “Con todo respeto qué significa eso, que si hay un gran impacto la norma es constitucional o si el impacto es menor en otro grado pudiéramos declararla inconstitucional. Con todo respeto yo nunca compartiría como juez constitucional un razonamiento de este tipo”.
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Además, se pronunció por dejar pendiente el asunto, pero no por un periodo largo; que sea discutido en una semana si no cambia la litis, dado que es un asunto complejo técnicamente.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf fue la única que expresó su desacuerdo con el aplazamiento, ya que dijo la contradicción jurídica se enmarca dentro de los acuerdos comerciales por México. Instrumentos internacionales a los que está sujeto México, y lo obligan a “garantizar un esquema determinado para precisamente en estas situaciones de importaciones o exportaciones temporales de mercancías entre México, Estados Unidos y Canadá a llevar un sistema de recaudación fiscal o de importaciones temporales”.
Por lo que el incumplimiento de estas obligaciones genera responsabilidad internacional; situación en la que “yo no quisiera ver a México, más cuando tenemos que dar certeza a los mercados financieros, a las importaciones del país, a las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Lo que hay que dar es certeza jurídica”.
Cada día que se atrasan en resolver este proyecto está “en vilo”, señaló Ortiz Ahlf. “Nosotros tenemos la capacidad suficiente, por eso fuimos nombrados ministros de la Suprema Corte para resolver este asunto” indicó al afirmar que ella sí tenía la capacidad para resolverlo en la sesión de este 27 de febrero de 2025.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa también expresó su desacuerdo con los argumentos de Batres Guadarrama, no obstante, retiró su ponencia para que se aplace la discusión y pueda seguir analizando algunos puntos que generan duda conforme a lo expresado por el ministro Alberto Pérez Dayán, y se revisen otros planteamientos.
“Por esa razón yo no tengo inconveniente en aplazar para analizar esos puntos técnicos del proyecto, pero no por las razones que dice la ministra Lenia Batres” e incluso sí lo decide la mayoría incorporar algunas cifras y datos.
“Si la mayoría de los ministros y ministras apoya el proyecto que yo presentaré (..) y piensan que el pago de un solo IVA implica una evasión fiscal de gran escala o una condonación ilegal a favor de las empresas tampoco tendré inconveniente en agregar tales calificativos, sin embargo, les adelanto que yo votaré en contra de estos adjetivos porque no es mi estilo dañar la reputación de nadie, mucho menos de las partes”.
Adelantó que tampoco estaría de acuerdo en añadir “escenarios catastróficos” a nivel nacional o internacional como lo solicitó Batres Guadarrama, salvo que la mayoría lo pidiera.
PIDE COPARMEX CERTEZA JURÍDICA
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Tijuana, Roberto Vega Solís, pidió que haya certeza jurídica y que la SCJN emita una resolución que evite un cobro que distorsiona el marco normativo. “El Estado debe cumplir con la legislación vigente y no alterar las reglas de operación con criterios discrecionales”.
“Resulta inaceptable que se pretenda gravar dos veces una misma operación. La Regla de Comercio Exterior establece una ficción legal que considera exportadas virtualmente las mercancías y, por ende, su venta se efectúa en el extranjero. No puede sostenerse que la misma mercancía se ubique simultáneamente fuera de México para efectos de importación y dentro del país para efectos de enajenación. Esta contradicción vulnera el principio de neutralidad y proporcionalidad tributaria, generando una carga fiscal indebida”, señaló.
De esta manera manifestó su oposición a la interpretación adoptada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el litigio sobre el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en operaciones realizadas bajo el esquema del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). La cual implica un cobro por 44 mil millones de pesos según datos del propio SAT, refirió Vega Solís.
Al cierre del 2024, dijo, las empresas IMMEX representan 3.2 millones de empleos directos e indirectos y tan sólo en diciembre de ese año, los ingresos de las empresas IMMEX manufactureras alcanzaron 264 mil millones de pesos en el mercado nacional y 378 mil millones de pesos en el mercado extranjero, reflejando su impacto en la economía y su papel clave en la atracción de inversión.
En el marco de la discusión jurídica, la Secretaría de Economía informó que había cancelado su afiliación al programa IMMEX y suspendido las operaciones de las empresas EntryExit Import Manufacturing (antes Pulidora Nacional Mexicana) y Rainbow Sportswear en Tijuana, así como True Blue Manufacturing, en Aguascalientes, ya que simulaban operaciones haciendo un uso ilegal del programa.
Al respecto, el presidente de Index Zona Costa, Federico Serrano Bañuelos, dijo que no se puede generalizar y que la autoridad debe actuar ante las “pocas empresas que están haciendo mal uso del programa” y que tenga prácticas que no son legales.
“Afortunadamente Index representa a las empresas legalmente establecidas y que cumplen con todas las regulaciones que la ley en México establece”, añadió.
