Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, dijo, el 28 de febrero de 2025, que existía el riesgo de que algunos de los 29 narcotraficantes entregados a Estados Unidos fueran liberados en México o que sus procesos judiciales se siguieran atrasando, ya que algunos de los presuntos delincuentes eran requeridos hace 40 años por las autoridades de EE. UU.
Durante una conferencia de prensa conjunta, en la que estuvieron presentes Alejandro Gertz Manero -titular de la Fiscalía General de la República (FGR)-, y Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles, titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de Marina (SEMAR), respectivamente, Harfuch García aseguró que el traslado de los capos se realizó en el marco de coordinación con el Gobierno estadounidense.
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“El Gabinete de Seguridad cuenta con información de que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”, aseguró el funcionario federal.
“Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país, delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataque a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia, a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen”, argumentó García Harfuch.
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El funcionario federal detalló que en la acción de traslado participaron 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de la DEFENSA, la SEMAR, la Guardia Nacional (GN), la SSPC, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
“Como parte de las acciones que se llevan a cabo en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, con el objetivo de disminuir la violencia en nuestro País, así como disminuir los delitos de alto impacto, proteger a la ciudadanía, combatir la impunidad y en todo momento garantizar la seguridad nacional, el día de ayer en coordinación, cooperación, respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos, se acordó el traslado de 29 generadores de violencia requeridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos [DOJ, por sus siglas en inglés], algunos de ellos eran requeridos desde hace 40 años y otros desde hace 11 años”, explicó García Harfuch.
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“Con estos elementos y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto, representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la FGR, procedió a realizar el traslado de estos objetivos”, expresó el titular de la SSPC.
En su turno, Gertz Manero enfatizó la importancia de respetar los acuerdos internacionales y la legislación mexicana. Asimismo, cuando un reportero lo cuestionó si existía garantía de que las medidas impulsadas por el Gobierno de Donald Trump no afectarían en estos casos, destacó que cualquier sanción procesal debería regirse por el marco legal vigente y no por decisiones políticas externas.
Además, el titular de la FGR pidió no especular respecto a las penas a las que los capos se harían acreedores. Subrayó que las sentencias serían impuestas únicamente por los jueces y no decididas por el Gobierno de Estados Unidos, esto después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. advirtiera que seis de los mexicanos podrían recibir la pena de muerte.
“Hacer hipótesis sobre cuáles van a ser las sanciones. Acuérdense de una cosa, las penas o sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado, las establecen los jueces y nosotros tenemos un acuerdo muy claro de que una legislación como la mexicana, que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”, comentó Gertz Manero.
“Nuestra garantía es la ley. Cuando se sujeta una operación a una convención internacional, se tienen que respetar las condiciones de esa convención, no hay duda”, insistió el titular de la Fiscalía General de la República mexicana, quien también aclaró que los 29 capos no fueron extraditados, sino entregados al Gobierno de Estados Unidos, por razones de seguridad nacional.
“Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos, en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta. [Personas requeridas] Nada más”, expuso Gertz Manero.
