La Fiscalía General del Estado de Baja California concentra 22 carpetas de investigación contra Víctor Cortez Lewis, a quien se acusa de vender propiedades adquiridas en remate, sin ceder los derechos de posesión del inmueble.
Personas que se dicen afectadas, señalaron en entrevista con ZETA que con todo y los recursos interpuestos, Cortez no ha cumplido con la entrega de las viviendas o la devolución de la paga (en algunos casos ascendente a “650 mil pesos”), amén de haber seguido vendiendo propiedades.
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También acusan que las denuncias o los procesos entablados han arrojado mínimos avances.
Tres de las investigaciones emprendidas fueron abiertas en 2018, siete en 2019, dos en 2020, una en 2021, ocho en 2023; en tanto, la última en 2024. Ninguna ha concluido.
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Una denunciante refirió a este Semanario que en la semana que concluye, presentó por la vía conducente una queja ante el juez de enjuiciamiento y el administrador judicial en razón de que en 118 días no se designó juzgador, tampoco fecha de juicio en atención a su recurso.
La queja fue presentada en función de no atenderse una reclamación anterior, referente a que no se había celebrado audiencia, según expuso la ofendida, quien denunció a Cortez Lewis en 2019.
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“Desde 2019 el señor Víctor Cortez Lewis me vendió una casa. Me hizo contrato. Él tenía las oficinas en Avenida Padre Kino. En ese entonces, nunca me la pagó. Le di vueltas y vueltas y me prometía que me la iba a entregar, que estaba en proceso y demás. Hablé hasta con su esposa. Su esposa me dijo, no era su problema, que eran negocios de su marido”, afirmó la entrevistada.
Detalló que procedió contra el vendedor de casas por fraude específico, “porque dije, el señor ya me robó, ya no me la va a entregar, y estoy desde 2019; cuántos años y no han hecho nada, he tenido audiencias, pero no le han dado prioridad al caso, de 2019 a 2025, cuánto tiempo tengo en este asunto”, aseveró.
La compradora, quien sostuvo que al momento de comprar la casa, Cortez Lewis era propietario de la empresa GV Tele Group, manifestó que ella erogó 750 mil pesos por el bien inmueble, habiendo pagado una parte en efectivo y la otra con cheques.
Expuso que para evitar su imputación, Cortez accedió a suscribir un “acuerdo reparatorio” en el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, donde una abogada advirtió a la afectada en alusión al agente inmobiliario: “Tiene muchos acuerdos incumplidos”.
A decir de la denunciante, Cortez no cumplió con el acuerdo, consistente en pagarle lo que ella había desembolsado por la propiedad. Subsecuentemente, se celebró una audiencia, en la que él se comprometió a firmar cada quince días, lo cual no quiere decir que ella le haya otorgado el perdón, acentuó la clienta de Cortez.
“Tiene que ir a la cárcel. Es fraude específico”, remarcó.
En cuanto a la forma de operar del agente inmobiliario, le adjudicó un modus operandi: “Él lo que hace, compra remates, entonces a mí me dijo ‘tengo esta casa, me van a ceder los derechos y en cuanto me los cedan te los cedo a ti, no tengo ningún problema’. le dije, ¿estás seguro? ‘Sí’”.
De acuerdo con denuncias ciudadanas remitidas a este semanario, en un afán de evitar incurrir en responsabilidad, Cortez Lewis se vale de terceras personas para que figuren como propietarios de los inmuebles. “Lo que hace el señor, las casas que compra, las pone a nombre de sus empleados”, mencionó la denunciante.
Reveló que de manera sucesiva y erróneamente, le compró dos propiedades a Cortez.
“La primera casa la puso a nombre de uno de sus empleados, entonces yo agarré al muchachito, generalmente agarra chamaquitos egresados de la universidad, y le dije: ¿Sabes qué? Te voy a demandar porque la casa está a tu nombre y no me la has escriturado, entonces, o te pones las pilas y me cedes los derechos de esa casa, o te voy a demandar directamente a ti”, explicó.
“Entonces el niño se asustó y fue quien me cedió la casa, y la otra ya no me la dio. Me quedé sin la casa”, añadió.
Otro denunciante dijo haberle comprado a Cortez dos propiedades cuyos derechos en ningún caso le fueron cedidos. Aclaró que por una de las casas, el vendedor sí le devolvió el dinero, en virtud de una denuncia que, a diferencia de los recursos por los que obran las 22 carpetas en cuestión, “avanzó más rápido”.
Tratándose de la otra casa, cuya compra procedió vía transferencia electrónica, “se firmó una cesión de derechos ante la Notaría y no había, ahora sí que no teníamos personalidad en el caso”, señaló.
Con motivo de la cesión, “cuando se firmó en la Notaría, él (Cortez Lewis) no firmó, sino que fue otra persona”, de quien no proporcionó nombre. De manera que “ahí hubo una como discrepancia, porque como que mandó a otra persona que firmara, como si la otra persona fuera la dueña, otra empresa, figura otro nombre en la cesión”, estableció.
A propósito de la transacción, “ya estaban por entregarme la casa, y ya cuando llegó la fecha, (Cortez Lewis) me decía que le diera más tiempo y así mentira tras mentira, hasta que nosotros investigamos, porque se supone que la casa costaba 230 y se le iban a dar 20 mil pesos a él para que llevara a cabo el proceso final y ya quedara como una escritura a nuestro nombre”, comentó.
“Después yo por fuera investigué y me dijeron que no había ninguna personalidad, que no se había hecho absolutamente nada, y fue cuando decidimos meter la denuncia”, indicó.
Interpuso el recurso en 2019. Según abundó, Cortez finalmente se comprometió a pagarle el 3 de febrero de 2025. “Quedamos en que nos íbamos a ver en la fiscalía, pero fue lunes, que fue día festivo, (dijo) como fue lunes festivo, yo pensé que no iban a abrir y por eso no fui; y fuimos el martes, porque el martes sí se trabajó y le estuvimos marcando, no nos contestó y nos dejó plantados en la fiscalía”, lamentó.
De no dar celeridad a los casos en poder de la fiscalía, otros compradores podrían ser estafados por Cortez. “Que ya se agilicen estos procesos, más cuando son varias las personas afectadas. Yo pienso que sí deberían dar una solución más rápida”, demandó.
La denunciante, en cuyo caso habría pagado 750 mil pesos, refirió haber presentado como pruebas ante la fiscalía un historial de cheques cobrados por Cortez Lewis y las firmas de recibido por cada cheque.
De cualquier forma, “yo ya di por perdido mi dinero, pero sí me gustaría que no siga sucediendo, porque él lo que hace es nada más cambiar de oficinas y sigue robándole a la gente y, bueno, si yo ya perdí mis 750 mil pesos, de todas maneras no voy a quitar la denuncia, el tiempo que se tarde, ya han pasado como cinco años, voy a seguir así”, advirtió la entrevistada.
A su modo de ver, será difícil recuperar el dinero que entregó al vendedor: “Si yo supiera que soy la única a la que le debe, pues te creo, pero le debe a medio Tijuana, entonces la veo súper difícil que me pague”.
Expuso que por lo que tiene que ver con su juicio, se encuentra a la espera de que se programe “la última audiencia”. En tal caso se pronunció por establecer en el juicio que le dé certeza. “El señor, o me va a pagar, o se va a ir a la cárcel”, precisó.
Otra denunciante afirmó vía mensaje de texto que ella le compró dos casas a Cortez en 2022 y que ante el incumplimiento en la entrega de las propiedades, lo denunció en diciembre de 2023.
“Estamos esperando fecha para que inicien las audiencias, de ocho meses a un año”, asentó.
Un denunciante más, quien le habría comprado más de una casa al señalado, acusó que Cortez está o estaba casado con Giovanna Mónica Gallo, quien cuenta con un despacho de abogados en Chula Vista, California e igualmente se desempeña como “socia comercial” del vendedor de casas. Describió que ambos provienen de Perú y que en los condados de Orange y San Diego, California no tienen buena reputación.
Afirmó que ella igualmente ha tenido responsabilidad en los fraudes atribuidos a Cortez en Tijuana. De ahí que se pronunciara porque Gallo también sea investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Conforme al reporte de seguimiento proporcionado por la FGE como persona con la que Cortez Lewis “se encuentra relacionado”, figura Mario Ismael Cañedo Ceceña. El documento establece que Cortez Lewis nació el 13 de diciembre de 1970 y su situación jurídica es vinculado a proceso.
Diecisiete de las carpetas abiertas arrojan como delito atribuido fraude, y el resto, fraude específico. Siete ya fueron judicializadas y, como resultado de una de estas investigaciones, Cortez fue vinculado a proceso, sin medida cautelar; en otro caso, vinculado a proceso, con la prohibición de no abandonar el Estado y la disposición de presentarse periódicamente. En lo referente a las cinco restantes, se está a la espera de audiencia inicial.
De las 22 carpetas, cuatro guardan estatus de parcialmente concluido: en tres casos, “el ofendido otorga perdón por cumplir con acuerdo reparatorio”, en el otro el delito prescribió.
Las once carpetas restantes guardan estatus de en investigación.
Información adicional dio cuenta que Víctor Cortez Lewis no está prófugo y “sí se está presentando a audiencias”.
En cuanto a si se tenía certeza de su paradero, no se precisó si el vendedor de casas reside en Tijuana. En ese sentido, sólo se hizo hincapié en que “va a la citaciones cuando hay”.
Respecto a qué seguridad hay de que no vaya a faltar a las audiencias a celebrar, en respuesta a esa observación se estableció: “El asunto donde está judicializado, se le pidió la prisión preventiva, pero el juez no la concedió, no porque sea de nacionalidad peruana, había peligro de que se fuera”.
De las cinco carpetas judicializadas en las que recae la observación de en espera de audiencia inicial, una se abrió en 2019 y el resto en 2023. Al respecto, la FGE no explicó por qué no se había procedido con esa fase del proceso.
De acuerdo al Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, “Toda Persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano Jurisdiccional…”.
