José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, informó, el 27 de enero de 2025, que, con la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta del Congreso de la Unión -con ausencia de representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI)-, acordaron celebrar el día jueves 30 del mismo mes y año, llevar a cabo, en el Salón de Plenos, la tómbola de los aspirantes a juzgadores inscritos ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF), con el fin de seleccionar a quienes serían candidatos a jueces, magistrados y ministros, para la elección del 1 de junio de 2025.
Según detalló el senador, el acuerdo fue aprobado por los representantes de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), para que la Mesa Directiva del Senado de la República, a su cargo, insaculara a más de mil personas, en acatamiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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“Jueces, juezas, igual se enumeran, pones igual número de esferas, se sortean y los que van saliendo son el número que tengamos que resolver de candidaturas, se sacan, se corrobora que son las personas que están con ese número y se levanta el acta. Va a haber notarios y todo, y luego la siguiente y luego la siguiente hasta culminar con aspirantes a ministros, ministras”, explicó Fernández Noroña.
El senador comentó que la insaculación correspondería exclusivamente a los aspirantes registrados ante el Comité de Evaluación del PJF, luego de que dicha instancia suspendiera el proceso de selección de candidatos, mientras que los comités de los poderes Ejecutivo y del Legislativo seguirían adelante con sus trabajos para elegir los perfiles idóneos para el cargo de juzgadores y entregar sus listas el último día de enero de 2025.
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Por separado, en un comunicado, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República señaló que su inasistencia a la reunión de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta del Congreso de la Unión tuvo el fin de no caer en desacato, debido a que cualquier decisión respecto de las funciones del Comité de Evaluación del PJF contravenía las suspensiones dictadas por la autoridad judicial competente.
“No estamos dispuestos a avalar decisiones que puedan interpretarse como desacato y violar el principio de división de Poderes consagrado en nuestra Constitución”, enfatizó el grupo parlamentario del PRI en el Senado, que también confirmó su compromiso con el Estado de derecho y con la necesidad de esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciara sobre el fondo de la controversia.
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El mismo día, por tres votos a favor y dos sufragios en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Juficial de la Federación otorgó al Senado la facultad para insacular a los candidatos a juzgadores propuestos por el Comité de Evaluación del PJF, sin tener que pasar por el filtro de idoneidad.
Los votos a favor fueron emitidos por Mónica Aralí Soto Fregoso -presidenta de la Sala Superior del TEPJF-, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña. Mientras que los sufragios en contra los dieron los magistrados Janine Madeline Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón.
“Se vinculó a la Mesa Directiva del Senado de la República para que dé continuidad al proceso de selección de personas elegibles y lleve a cabo la insaculación pública correspondiente, entre la lista de aspirantes que el Comité de Evaluación del PJF estimó que cumplieron los requisitos, y los que la Sala Superior ordenó incluir en la lista, la cual estará ajustada al número de postulaciones para cada cargo, conforme a cada Poder, atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género, a fin de que se sometan a consideración del Pleno de la SCJN”, informó el Tribunal, en un comunicado.
“La Mesa Directiva del Senado de la República, en un plazo de 24 horas a partir de la notificación de la presente sentencia incidental emitirá el acuerdo, medidas y los lineamientos necesarios o que estime pertinente en el que se determinen las áreas y funcionarios autorizados así como el lugar, fecha y hora que para tal efecto se determine para realizar el referido procedimiento de insaculación pública”, agregó el TEPJF.
“Únicamente respecto de aquellos cargos en los que existan más postulantes del número de duplas o ternas que corresponda. En el entendido que en aquellos casos en los que no existan el número de aspirantes necesarios, estos pasarán directamente a la boleta correspondiente”, indicó el Tribunal, cuyos magistrados establecieron las reglas que debería seguir el Senado para realizar la insaculación, en el cual sólo participarían las personas que cumplieron con la elegibilidad, e incluirá a las personas que la Sala Superior del TEPJF había ordenado incorporarse a las listas.
“Dicho procedimiento de insaculación será continuo, público y transparente a fin de generar los listados de ternas y duplas que serán sometidos a consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación […] Se conformará de inmediato la lista de aquellas personas que resultaron insaculadas, la cual estará ajustada al número de postulaciones para cada cargo, por cada Poder, atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género; y se publicará en los medios electrónicos que determine la Mesa Directiva del Senado de la República”, detalló el TEPJF, a propuesto de Soto Fregoso.
Asimismo, se estableció que a más tardar el 4 de febrero de 2025, la Mesa Directiva del Senado de la República remitiría los listados de ternas y duplas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su aprobación, la que debería realizarse el día 6 del mismo mes y año.
“Para el caso de que el referido órgano jurisdiccional no apruebe los listados mencionados, se tendrá por actualizada la afirmativa, por lo que la Mesa Directiva del Senado de la República podrá remitir, de manera directa, las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral, para continuar con el procedimiento electivo, en el entendido que las personas que conformen la lista serán las candidaturas postuladas por el Poder Judicial de la Federación”, explicó el TEPJF, en su sentencia.
El 24 de enero de 2025, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, dio entrada al recurso que promovió el Comité de Evaluación del PJF y frenó cualquier acción legal que pretendía emprender el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra los integrantes de dicho Comité, por no acatar la resolución que le ordenó regresar a sus actividades para elegir a candidatos a jueces, magistrados y ministros.
El asunto fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien debería presentar un proyecto en el que determinara qué resolución debía obedecer el Comité de Evaluación del PJF, si la de dos jueces federales que le ordenaron suspender actividades o si la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Piña Hernández dio un plazo de nueve días al TEPJF y de tres días a los jueces de Michoacán y Jalisco, para que presentaran las documentales sobre dicho asunto. Asimismo, la ministra dictó una medida cautelar para que no se actua contra los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, en tanto la SCJN resolvía el caso.
“[…] se impone conceder al Comité de Evaluación la medida cautelar solicitada consistente en mantener las cosas en el estado en que actualmente se encuentran […] Esto implica que no se actualice en la esfera jurídica de los integrantes de dicho órgano evaluador de este Poder Judicial de la Federación los supuestos que puedan dar lugar a la imposición de sanciones, ya sea de las previstas legalmente como medidas procesales de apremio, o bien como delitos en el Código Penal Federal ante el desacato de un mandato judicial proveniente de cualquier jurisdicción, con motivo de su actuación frente a condenas judiciales aparentemente contradictorias, hasta en tanto el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el procedimiento en el que se actúa”, detallo la solicitud de que Piña Hernández ejerció de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el TEPJF debía resguardar los derechos de los aspirantes que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación.
La mandataria nacional dijo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debería determinar qué hacer con los aspirantes, dado que el Comité de Evaluación del PJF tenía detenido su proceso de elección de candidatos.
“¿Qué pienso? Que hay que resguardar los derechos de quienes se inscribieron, ya el Tribunal Electoral definirá qué procede en el caso de esta negativa. A nosotros nos parece realmente absurdo, porque, ¿por qué abren, esta es la pregunta, abren la convocatoria, nombran a su comité, ponen reglas, porque los amparos pues supuestamente ya venían, y a la mitad del proceso lo cierran?”, cuestionó Sheinbaum Pardo.
“Hay que preguntarse ¿por qué, a quién afectan? Pues a las personas que se inscribieron con el Poder Judicial, ¿qué pretenden? Que no siga el proceso, eso no va a ocurrir. Entonces, el Tribunal Electoral, la Sala Superior tiene que determinar qué hacer para resguardar los derechos de las personas que se inscribieron con el Poder Judicial, dado que el Poder Judicial se niega a seguir con su proceso”, agregó la presidenta, quien planteó que el TEPJF dividiera a los aspirantes entre los comités de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“Puede dividir por ejemplo entre los otros dos Comités, por decir algo, una hipótesis para la evaluación de las personas que se inscribieron ahí. Pero el Tribunal Electoral tiene que determinar la sanciones a la Corte y al mismo tiempo resguardar los derechos para que después no digan que el proceso tiene problemas porque no se resguardaron los derechos de los que se inscribieron con el Poder Judicial”, propuso Sheinbaum Pardo.
