En el espectro de la rendición de cuentas y vigilancia, el trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS) destacó este año por los resultados de las revisiones de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022, labor que fue encabezada por el titular de la instancia, Ricardo Verdugo Llanas.
El auditor de Baja California Sur se encargó de dirigir la revisión de 37 entes este 2024, ya que son los que durante el programa de auditorías de 2022 fueron elegidos, de los cuales 26 no fueron aprobados por el Congreso del Estado.
Publicidad
En los dictámenes derivados de las auditorías implementadas, se observaron montos millonarios que no fueron comprobados por ayuntamientos, instituciones gubernamentales y del mismo Gobierno del Estado.
En la búsqueda de recuperar la confianza de la ciudadanía, Verdugo Llanas explicó que para designar cuáles entes deben auditarse, toman en cuenta el impacto social, económico, al Comité de Participación Ciudadana (CPC) y resultados de revisiones anteriores.
Publicidad
Todos los entes tienen la obligación de entregar sus cuentas públicas en el mes de abril, ya que la entregan inicia el proceso en mayo. Posteriormente, el personal de la ASEBCS envía dictámenes formales en julio y en octubre se somete a votación en el Congreso del Estado.
“Una vez que ellos (diputados) dictaminen y digan ‘no se aprobó’ o ‘se aprobó la cuenta’, nos la remiten y para que en base a lo que remitan, las observaciones se clasifican”, explicó.
Publicidad
Si las observaciones son “no graves”, se hace una denuncia administrativa y se manda el órgano interno de control (Contralorías); si son graves, las investigan y las mandan al Tribunal Administrativo de Justicia; y si son de carácter de tipo penal, se mandan a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
“Damos los elementos para que ellos puedan dar las sanciones. ¿Qué es lo que pretendemos? Tratar de recuperar la confianza de la gente porque se ha comentado que no pasa nada”, expresó.
Aunque aclaró que no puede ahondar por el sigilo de las investigaciones, adelantó que ya existen denuncias de carácter penal, administrativas graves y muchas no graves.
“¿Por qué es importante? Porque son recursos públicos que deben tener un fin o estaban autorizados para tener un fin. Lo que quiere la ciudadanía es saber si se han aplicado donde debían y no en otras cosas”, compartió.
Cabe mencionar que el 70 por ciento de las observaciones que hacen es por algún documento administrativo que faltó, sólo un cinco por ciento se vuelve de carácter penal.
Por ello, plantea que este año buscarán coordinarse mejor con los órganos internos, ya que son los encargados de revisar y prevenir la comprobación de los años en curso.
También prevén legislar que sea obligatorio que los titulares tengan conocimiento de estas áreas, para que la brecha de aprendizaje sea más corta y que actúen de manera expedita.
