Nuevas sentencias emitidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) continúan favoreciendo a políticos señalados por manejos irregulares en los gobiernos de los ex alcaldes priistas Gilberto Hirata Chico y Marco Antonio Novelo Osuna.
En febrero de 2024, casi cinco años después de que iniciaron las auditorías, se interpusieran las denuncias y se celebraran diversas audiencias, el ex alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, recibió una sentencia absolutoria por el delito de peculado por parte del juez de Control, tras enfrentar ocho denuncias penales y otras administrativas, relacionadas con presuntos delitos como abuso de autoridad, fraude, coalición de servidores públicos, peculado, cohecho y promoción de conducta ilícita.
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Por su parte, Marco Antonio Novelo, quien sucedió a Hirata al frente del XXI Ayuntamiento de Ensenada, promovió un amparo ante una investigación realizada por Sindicatura Municipal y enfrenta otro proceso ante el Tribunal Estatal de Justicia Alternativa (TEJA) en Mexicali.
No obstante, el sistema sigue generando irregularidades. La segunda semana de enero de 2025, el Congreso de Baja California rechazó la cuenta pública del gobierno del ex alcalde morenista Armando Ayala Robles al encontrar faltas “graves” en el manejo de recursos públicos en el ejercicio 2022.
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DOS EX TESOREROS CASI EXONERADOS
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En el ejercicio fiscal de 2016, Samuel Jaime Aguilar ocupó el cargo de tesorero hasta noviembre y, al siguiente mes, fue relevado por Guadalupe Méndez Maldonado. Por esa razón, ambos comparten procesos de responsabilidad administrativa.
De acuerdo con el abogado defensor, Méndez Maldonado, del XII Ayuntamiento de Ensenada, informó que durante el proceso de defensa no se pudo acreditar responsabilidad alguna a su cliente. Además, que la última sentencia sobre tres expedientes abiertos e investigados por el Gobierno Federal que también involucran a Samuel Jaime Aguilar, exoneran a su defendida.
Desde el inicio del proceso legal, durante los cuales la ex funcionaria fue citada a rendir sus declaraciones por escrito, presentó las consideraciones que, a su juicio, demostraban su inocencia.
“Se desestima la causal de improcedencia formulada por los servidores públicos presuntos responsables, se establece que no existen elementos suficientes para determinar la comisión de la falta administrativa grave de abuso de funciones”, explicó el abogado Edgar Alatorre Amézquita.
Según el expediente, la defensa de Méndez Maldonado argumentó varias circunstancias favorables, como el que no se le aplicaba el tipo de conducta señalado, ya que no existió ningún beneficio económico para ella ni para algún familiar. Además, se precisó que cuando ella asumió su cargo, no era posible imputar alguna conducta entre enero y noviembre de 2016, ya que no estuvo al frente de Tesorería durante ese período.
El abogado señaló que siguen a la espera de una posible apelación por parte de la ASF contra la resolución.
DESVÍO DE RECURSOS Y OMISIONES EN AUDITORÍA FEDERAL
El caso, recientemente desechado por la ASF, revela una afectación a las participaciones federales de 2016 por un monto de 431 millones de pesos.
De ese total, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, realizó las retenciones correspondientes para el pago de contribuciones de Seguridad Social y deuda pública, distribuidas de la siguiente manera: 81.6 millones para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 215.9 millones para abono a Bansi por préstamo.
Sin embargo, según la ASF, el Municipio no presentó la documentación justificativa y comprobatoria para los 192.7 millones de pesos, los cuales, según la propia Auditoría, fueron destinados a sueldos, salarios y retroactivos.
Como resultado, se inició una investigación administrativa por presuntas faltas administrativas, dando lugar al expediente de presunta responsabilidad administrativa número 16-D-02001-02-0552-15-002/EPRA/1823/2021.
Además, conforme a la legislación vigente, no se ha acreditado que ella tuviera control sobre los recursos en cuestión durante su período de trabajo, especialmente los 11.8 millones de pesos mencionados.
INCONSISTENCIAS EN SUBSEMUN 2017
Otro asunto relevante que favoreció a los ex tesoreros, se refiere a los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Subsemun) en 2017, año en que el Municipio recibió 288.4 millones de pesos, de los cuales 284.2 millones se requirieron para el pago de nómina de agentes y personal administrativo de Seguridad Pública. Sin embargo, el ayuntamiento de Marco Novelo no pudo justificar 4.2 millones de pesos que quedaron en una cuenta y fueron devueltos luego que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo iniciara una investigación, informó Alatorre.
En ese caso también se abrió una investigación administrativa que generó el expediente de presunta responsabilidad administrativa 2017-D-02001-16-0588-15-001/EPRA/0041/2024.
IRREGULARIDADES EN USO DE FORTASEG EN 2016
Durante el gobierno de Novelo, en 2016, el Municipio recibió 262.4 millones de pesos a través del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad en los Municipios (Fortaseg).
Sin embargo, no pudo justificar el destino de 79.6 millones de pesos, los cuales fueron transferidos a otras cuentas bancarias y mezclados con recursos de otros fondos y programas, sin acreditar que se aplicaron a los fines originales del fondo.
Por éste y otros señalamientos, se inició el expediente 2016-D-02001-14-0553-15-001/EPRA/1022/2021, en el cual les imputan artículos de Ley de Responsabilidades.
Alatorre Amézquita insistió en que, al momento en que Guadalupe Méndez Maldonado asumió el cargo, no le era aplicable el tipo de conducta señalada, ya que no ejerció funciones en los períodos de enero a noviembre de 2016 y nunca se le atribuyó beneficio económico alguno.
Cuestionado al respecto, el síndico municipal Elí Oviedo Díaz respondió que actualmente la institución a su cargo tiene investigaciones abiertas sobre los recursos administrados durante los períodos de los ex alcaldes Marco Novelo Osuna y Armando Ayala Robles.
Aclaró que estos expedientes derivan de observaciones realizadas por las auditorías tanto del Estado como de la Federación, mismas que se encuentran en integración.
