Los últimos meses del General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán como secretario de Seguridad de Baja California fueron de caos tanto político, como de seguridad.
Su presencia ya era incómoda para las Mesas de Seguridad, pero, aun así, su salida fue una acción inesperada para la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien tenía conocimiento de la remoción -al menos- desde el miércoles 15 de enero.
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La mandataria no objetó su retirada, tampoco abogó para impedir la tercera imposición que se hace en su gobierno en materia de seguridad, la primera desde el Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum Pardo.
El General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Presidencial, Laureano Carrillo Rodríguez, dejó el cargo que ostentaba asignado a la seguridad en Guanajuato -una de las entidades más violentas del país y donde el nivel de ingobernabilidad es alto en varias zonas-, para asumir la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con lo que se convertiría en el tercer militar impuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Gobierno de México para combatir la violencia en Baja California; su cargo será efectivo a partir del 1de febrero de 2025.
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No existe duda en torno a la imposición. Basta ver la imagen enel boletín de prensa enviado por el equipo de Comunicación Social del Poder Ejecutivo el lunes 20 de enero, donde se anunció la salida de Aguilar Durán, en la que aparece la gobernadora en medio de cuatro mandos militares que la rodean (como por asalto) dentro de las instalaciones de la Zona Militar de Tijuana; ahí no hubo acuerdos, sino una presentación de quien se hará cargo de la seguridad del Estado, sin conocer a su gobernante y sin tener conocimiento del fenómeno criminológico de la entidad.
La abrupta salida del General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán se da en medio de meses de polémica que cuestionaban su gestión, misma que inició como un revulsivo necesario tras la renuncia del también General Gilberto Landeros Briceño, que concluyó con múltiples señalamientos de abusos de Derechos Humanos, acciones criminales por parte de su corporación, excesos de sus mandos militares, pifias en sus capturas y hasta conflictos políticos con jefes de otras corporaciones civiles de seguridad.
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Pese a los discursos, el General no dejará buenas cuentas en torno a la situación de seguridad, quien al asumir el cargo se comprometió a reducir la incidencia delictiva general en un 20 por ciento en seis años.
La gestión militar de dos años deja posturas contrarias, pues mientras para el presidente del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados, Elías Flores Gallegos, los mandos militares han demostrado ser un fracaso para garantizar la seguridad en Baja California, para el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Ángel Zaizar Prado, durante estos dos años hubo mejorías y reducción de la incidencia delictiva.
EL BALANCE DE TIZOC
Una de las primeras y más importantes propuestas de Marina del Pilar Ávila Olmeda cuando era candidata y posteriormente ya como mandataria bajacaliforniana, fue la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana para que ahora sí, la seguridad fuera total responsabilidad de su gobierno.
Tras el experimento del entonces fiscal Guillermo Ruiz Hernández durante la gestión de Jaime Bonilla Valdez para asumir todo el poder en una sola institución, la gobernadora prometía volver a una división de tareas entre los investigadores y la policía de choque del gobierno.
A tres años del marinismo, sigue sin tener el control de la seguridad en BC, pues la dependencia prevista para Ricardo Iván Carpio -quien terminó siendo fiscal general del Estado- fue entregada al Gobierno de México y a la Sedena, desde donde se nombró al primer secretario de seguridad del marinismo: General Gilberto Landeros Briceño.
Tras un año en el cargo, Landeros Briceño dejó el puesto por diferencias con el gabinete, el Ejército, medios de comunicación, empresarios, otras corporaciones y la propia gbernadora, lo que llevó a que le fuera enviado e impuesto un nuevo mando: Leopoldo Tizoc Aguilar Durán.
El General inició labores la primera semana de enero de 2023 y comenzó con el anuncio de que prácticamente todo su primer cuadro sería ocupado por militares, entre ellos el Teniente Coronel, Juan Manuel Corral Hernández, quien se volvió el mando de mayor relevancia, pero cuyas acciones fueron minando la confianza en el secretario.
Durante dos años, el General protagonizó una serie de polémicas por los métodos de sus mandos, también por acciones políticas que complicaron el escenario de seguridad de la entidad.
Durante la gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda, con sus dos mandos militares, la incidencia pasó de 91 mil 382 delitos totales -en periodo de pandemia- a 102 mil 902, para luego aumentar a 113 mil 861 crímenes y cerrar 2024 con 107 mil 391 hechos denunciados ante el Ministerio Público, lo que representa un descenso del 6 por ciento en el último año, pero un incremento del 4% de compararse con el primer año. Casi 16 mil delitos más que el último año de Bonilla.
Los homicidios cayeron de los 3 mil 051 a 2 mil 401 casos con los que cerró 2024, una reducción del 13 y posteriormente del 1%; mientras que el secuestro pasó de 10 a 15 en el último año, pero se puede considerar una reducción si se compara con el último año de Jaime Bonilla Valdez, con 18 casos denunciados.
Donde las cifras no son nada alentadoras para la primera mujer gobernadora, es en la incidencia de violencia familiar, que en 2024 se registró la incidencia más alta en los últimos 10 años, con 14 mil 729 querellas que representan una tendencia al alza en cada uno de los años.
Todos los delitos de robo -incluyendo el de vehículo- registran en el último año una disminución, en algunos casos, marginal; en otros, considerable. Esto quiere decir que tanto robos como homicidios registraron disminuciones.
Al menos en lo que respecta al segundo rubro, tiende a ser un resultado más afín a las labores de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las corporaciones locales.
Sin embargo, la reducción en los asesinatos siempre se ha cuestionado por la incidencia de personas desaparecidas en la entidad, puesto que tal cifra no es manejada por la autoridad en la incidencia de hechos delictivos.
LA POLÍTICA DE TIZOC
Aunque se considera que los cargos relacionados con la seguridad no deben politizarse, la realidad es que gran parte de los movimientos realizados por Tizoc, entre éstos su conflicto de poder con el director de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, con quien se enfrascó en batallas mediáticas e internas debido a detenciones que realizaban elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), donde agentes municipales intervenían para evitarlas.
Los agentes estatales reclamaban la intromisión como un intento por evitar detenciones estratégicas, mientras que los municipales referían que atendían reportes de levantones, pues los primeros mencionados no portaban uniforme ni usaban vehículos oficiales.
El conflicto llegó al grado que la gobernadora hizo reclamos públicos contra policías municipales, debido a que -aseguró- los uniformados testificaban contra las detenciones de la FESC durante juicios.
La Academia de la Policía Municipal que pretendía abrir Mendívil también fue un conflicto entre ambos, así como el permiso para que policías pudieran usar sus armas de cargo fuera del horario laboral. Ellos generó conflictos con el secretario, quien tuvo el atrevimiento de instaurar dos manos únicos temporales en el Valle de Mexicali y Tecate, con la intención de que la FESC y el Ejército asumieran la responsabilidad de la seguridad en estos puntos, desplazando a las corporaciones locales.
Es decir, tomó por asalto las corporaciones y se encargó -por designio- de la seguridad en ambos puntos donde no hubo resultados sustanciales, aunque se presuma una limpieza de la zona Valle de Mexicali y de Tecate.
La presión del secretario fue tal que, en una entrevista para ZETA, la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, aceptó que la renuncia de Pedro Mendívil, un hombre de su confianza, se debió a que el propio General se lo había pedido.
Juan Manuel Corral, Teniente Coronel asignado a la operatividad de la FESC, fue otro de los grandes problemas de Tizoc, al ser exhibido en reiteradas ocasiones irrumpiendo en viviendas sin órdenes de cateo y golpeando a ciudadanos. El argumento es que se trataba de delincuentes vinculados a la delincuencia organizada, pero en prácticamente ningún caso hubo un proceso judicial contra tales personas.
Los abusos del Coronel Corral culminaron en su remoción, pese a que el secretario no deseaba hacerlo.
La gota que derramó el vaso en la serie de polémicas del General, fue la captura de Josué Godínez Fernández alias E Pitufo, considerado por la SSC un objetivo prioritario y generador de violencia.
En un operativo cargado de parafernalia orquestado por los jefes, Samuel Israel Ceballos Soto -quien poco antes de asumir como director estaba imposibilitado para el uso de armas de fuego- y Agustín Jaime Brambila, se capturó en una fiesta familiar al Pitufo, rodeados de gran número de familiares y cámaras de vigilancia.
El sujeto fue detenido con 12 gramos de cocaína y dos documentos falsos, con lo que se le intentó mantener en prisión. La fiscal estatal María Elena Andrade aseguró que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) estaba armando una carpeta contra El Pitufo, pero esto no ocurrió y, dado a que no tenía ningún mandamiento judicial, el acusado recobró su libertad, aunque sigue bajo proceso por las dosis de droga que -asegura- fueron sembradas por los agentes.
El ridículo cometido en el operativo donde se utilizó un gran número de elementos, en el que se irrumpió en una fiesta y donde se capturó a un sujeto sin historial criminal, dejó en ridículo al General, quien además presumió la captura con el Gobierno de México, al grado que el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, presumió la detención del Pitufo y lo calificó como un importante generador de violencia. Lo lamentable es que lo hizo cuando el sujeto ya estaba en libertad.
LAUREANO CARRILLO ARRIBA A BC
El romance de los gobiernos de Morena con las Fuerzas Armadas no terminó con la salida del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el contrario, se afianzó aún más la presencia de militares en espacios de poder en materia de seguridad.
La militarización del país continúa con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, pese a los discursos vinotinto, al grado que el tercer secretario de Seguridad de Baja California es de corte militar y se llama Laureano Carrillo Rodríguez, un General Brigadier originario de Tampico Tamaulipas, quien los meses previos a su arribo se encargaba del control de la Guardia Nacional en el municipio de Celaya, uno de los de mayor incidencia delictiva en el país. Sin embargo, su estadía en Guanajuato fue por pocos meses, por lo que su mayor diligencia previa fue la Comandancia de la Sedena en Cozumel, zona de poca incidencia delictiva y donde la mayor parte de las entrevistas e intervenciones públicas estaban orientadas a temas de carácter cívico o social, no respecto a resultados.
El funcionario tendrá en la SSC el cargo más importante de su carrera, co la obligación de reducir la incidencia en uno de los municipios más peligrosos del país, junto con otros municipios donde la presencia del Cártel de Sinaloa ha generado conflictos y enfrentamientos.
Desde el lunes 20 de enero, ambos generales sostuvieron reuniones con mandos vigentes de la corporación. Fuentes de seguridad refieren que la instrucción es coordinarse con la II Zona Militar para definir los perfiles del nuevo equipo de trabajo, el cual incluirá a mandos de la policía estatal.
En la primera reunión, Aguilar Durán asumió el protagonismo y dejó hablar poco al nuevo secretario. Durante los próximos días, la agenda será de reuniones de cortesía y de vinculación, para que el nuevo mando conozca a los alcaldes, secretarios y directores de Seguridad, además del personal interno que tendrá un periodo de tolerancia máximo de tres meses, al menos en referencia a los de primer nivel dentro de la dependencia.
Otro de los motivos por los que se confirma que el movimiento fue abrupto es que una de las últimas acciones del General fue asumir el control de la Policía Municipal de Tecate. Pese al proceso de depuración que se lleva a cabo actualmente, la dependencia cambió de líder, lo que enturbia el proceso de revisión emprendido por la Secretaría.
MILITARIZACIÓN DIVIDE OPINIONES
Mientras el presidente del CCSP, Ángel Záizar Prado, considera que los resultados presentados por mandos militares en Baja California han sido mayoritariamente positivos, para el abogado Elías Flores Gallegos, los miembros castrenses han demostrado ser incapaces para atender las nuevas realidades de violencia en el país.
Para el primero, la gestión de Aguilar Durán fue buena y consideró que había compromiso para atender temas preventivos en las zonas prioritarias del Estado; postura totalmente opuesta toma el presidente del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California, el cual aseguró que el entrenamiento militar está diseñado para matar, no para proteger a la ciudadanía de sus mismas problemáticas.
“La tendencia del General Tizoc iban hacia la baja, a lo mejor no era lo que esperábamos, tenemos que ver cuál es el perfil, tenemos experiencias positivas con militares, que es la persona que va a definir sus propios resultados, creemos e invitamos al General que se coordine, tanto de las direcciones como con la fiscalía estatal, como con el mismo Gobierno del Estado”, refirió el representante empresarial, a la vez de expresar que al próximo secretario se le pedirá coordinación para resolver las problemáticas de las zonas de alta incidencia, por ejemplo, la zona de Los Pueblas en Mexicali.
Flores Gallegos consideró que el principal problema de la gestión de Aguilar Durán fue el poco compromiso que tenía con los procesos judiciales, ya que cometía muchas irregularidades en las detenciones y había una deficiente integración en las turnaciones. En varias ocasiones se acercó para conversar con el General para ofrecerle su apoyo para encuadrar casos o apoyo jurídico, pero éste se negó.
Consideró que lo más lamentable es que la gestión de la gobernadora vuelve a empañarse por la imposición de un mando militar cuando se ha demostrado que no tienen la capacidad ni el sentido de pertenencia para tratar de mejorar el Estado. Por ello, consideró, la solución es que se establezca un mando civil, un abogado que sepa de leyes y del debido proceso, el cual se respalde de la investigación policial para brindar resultados importantes.
Para concluir, observó que Marina del Pilar Ávila debe exigir al Gobierno de México impulsar perfiles ciudadanos para este cargo, y nombró a Alonso Ulises Méndez, Fernando Sánchez y el propio Ricardo Iván Carpio para recibir tal responsabilidad.
