Alrededor de 300 empleados de confianza de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) solicitaron a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que les sea pagado el incremento salarial del seis por ciento y su retroactivo de 2024, que fue aprobado por el Consejo de Administración de la paraestatal.
Gilberto Contreras, trabajador de confianza adscrito al área de agua y saneamiento de la CESPT, dijo que el pasado 28 de noviembre en la séptima sesión extraordinaria del Consejo de Administración fue aprobado el incremento salarial, sin embargo, no ha sido pagado.
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Se ha abierto un diálogo con el director de la CESPT Jesús García Castro, pero él comenta que no está “en sus manos” hacer el pago, porque las secretarías de Hacienda y General de Gobierno están revisando el tema para que sea autorizado por la mandataria estatal.
Los trabajadores temen que termine 2024 sin que se les sea pagado el aumento salarial; con lo que tendrían que comenzar desde cero las gestiones para obtenerlo el próximo año.
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El monto conjunto del incremento salarial del seis por ciento avalado por el Consejo de Administración asciende a 9.1 millones de pesos, que representa 0.74 por ciento del ingreso total de la CESPT, por lo que “no es una cantidad que afecte el presupuesto de la CESPT”, indicó Gilberto Contreras.
En 24 años la paraestatal sólo ha dado tres aumentos salariales al personal de confianza, pese a que desempeña el mismo trabajo que los trabajadores de base (sindicalizados) a los que cada año se le incrementa el salario conforme a su Contrato Colectivo de Trabajo.
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Incluso trabajadores de confianza en las comisiones de Tecate y Ensenada han tenido incrementos de forma más constante que los empleados de confianza de la CESPT, apuntó.
En entrevista, Gilberto Contreras explicó que los empleados de confianza son profesionistas como ingenieros civiles, arquitectos, contadores, abogados y técnicos especializados, entre otros, que desempeñan diversas tareas de atención al público, como cajeros, muestreos y análisis químicos. Laboran de 8 a.m. a 5 p.m., y cuando hay alguna emergencia la atienden fuera de su horario de trabajo habitual, sin recibir pago adicional.
Aun cuando se han enviado 195 oficios de trabajadores a las oficinas de la gobernadora Ávila Olmeda e incluso se le ha turnado copia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no se ha tenido respuesta por escrito, agregó.
ZETA solicitó un posicionamiento sobre el tema a la CESPT, pero no fue proporcionado.
