El Senado de la República realizó, el 3 de diciembre de 2024, la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 19 de la Carta Magna, por el que se amplía el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, ello después de que el dictamen fue aprobado en 20 congresos estatales, de al menos 17 que se necesitaban.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado formuló la declaratoria y la turnó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se llevara a cabo el mismo proceso y se turnara a la titular del Poder Ejecutivo Federal, para que lo publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a fin de que entrara en vigor.
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Los congresos locales que aprobaron el dictamen fueron los de la Ciudad de México, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero,, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Los últimos tres fueron los de Baja California, Campeche y Yucatán.
Con 94 votos a favor y 34 sufragios en contra, el Pleno del Senado de la República avaló, el 26 de noviembre de 2024, el dictamen de la reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa.
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Los diputados del grupo parlamentario de Morena, sumados a los del Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), votaron a favor. Los sufragios en contra fueron emitidos por los legisladores de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
Posteriormente en lo particular, donde se presentaron ocho reservas, el dictamen también fue aprobado con 93 votos a favor -entre ellos siete senadores del PAN, así como todos los de la autodenominada “cuarta transformación”- y 35 sufragios en contra, de legisladores de la oposición.
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La minuta fue enviada a las legislaturas estatales, donde debería recibir el aval de al menos diecisiete. Posteriormente ambas cámaras del Congreso de la Unión deberían de realizar la declaratoria de reforma constitucional y la titular del Poder Ejecutivo Federal tendría que publicarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Dicha reforma obligaría a los jueces a ordenar prisión automática en todo los delitos contenidos en el artículo 19 constitucional. Esto eliminaría su capacidad para evaluar otras opciones, sin importar los detalles de cada caso.
La prisión preventiva automática, también conocida como prisión “sin juicio”, obligaría a que personas acusadas de estos delitos fueran encarceladas automáticamente, mientras esperaban su juicio.
El dictamen aprobado consideraría como actividades ilícitas relacionadas con la extorsión, el contrabando, operaciones con facturas falsas, así como la introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
En la presentación del dictamen, el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y militante de Morena, rechazó que esta reforma vulnerara los derechos humanos y sostuvo que el catálogo de delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa, representaba el 11 por ciento de los delitos que se cometían en el país.
El legislador tabasqueño añadió que el dictamen se sustentaba en los principios de que la justicia prevalecería, las víctimas serían protegidas y el crimen no tendría refugio en la nación, por lo que pidió apoyar el dictamen que dijo, “cierra las puertas al abuso y la impunidad”.
