¿Podemos considerar que en Baja California existe un régimen criminal? ¿Qué tan enraizados se encuentran los grupos criminales con la vida cotidiana en la entidad? ¿Qué tanto es simulación y gatopardismo en el combate a la inseguridad?
Baja California es, junto con Colima y Guanajuato, una de las entidades federativas más violentas del país, debido al principal indicador para definir la inseguridad: la incidencia de homicidios. Los estados sufren por las pugnas entre integrantes de la delincuencia organizada, ya sea por peleas entre cárteles, o por pugnas intentistas de grupos preponderantes en diversas regiones.
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Desde la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, se sabe que no existe una estrategia de seguridad, pues entendió que la violencia no podría politizarse, por lo que era un escenario en el que su diatriba no servía para convencer a la ciudadanía. Ante ello, decidió ceder y olvidar garantizar seguridad a sus representados, entregando la responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La agrupación México Evalúa realizó una serie de análisis de los conocidos como operativos Enjambre, emprendidos por el “súper policía” Omar García Harfuch, que no es más que replicar una estrategia fallida de populismo punitivo, donde se trata de presumir las grandes capturas de criminales, sin que ello realmente genere reacciones positivas en favor de las comunidades.
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En el operativo Enjambre, que representa una serie de aprehensiones de políticos y funcionarios en materia de seguridad en entidades como Estado de México tienen una intención populista, pero resulta insuficiente para combatir lo que la misma agrupación México Evalúa, considera un régimen criminal, que no es más que la influencia de gobierno que puede dirigir la delincuencia organizada en algunas regiones de México.
Pero ¿estamos tan lejos de esas realidades en Baja California?
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Tenemos una Fiscalía General del Estado y una Delegación de Fiscalía General de la República que no pueden encuadrar casos en contra de los que se identifican como “generadores de violencia”; tenemos a policías municipales que pocas veces se enteran de las actividades ilícitas que se desarrollan en las calles, pero que en Ensenada y Tijuana participan activamente como secuestradores; tenemos direcciones de Alcoholes en Mexicali y Tijuana, cuyos centros nocturnos se manejan libremente con horarios y en venta de estupefacientes de manera impune.
Tenemos además un gobierno que ha dejado de hablar de la violencia como una estrategia política, sin importar que se manifieste frente a sus ojos; tenemos el descaro de presumir la detención de un sujeto como Gerardo Rueda Torres alias El Tochín, que desde 2017 era buscado en Estados Unidos y fue encontrado en un casino de Mexicali.
Pese a que era buscado por conspiración y se le implica en lavado de dinero, nadie investiga su patrimonio o el de su familia.
No conforme con ello, son exhibidos al capturar a otro “generador de violencia”, de nombre Josué alias El Pitufo, quien recobró su libertad en menos de una semana, debido a que nadie en Baja California había armado una carpeta de investigación en su contra, pese a que un video de su persona se volvió viral, precisamente porque un grupo de policías custodiaba un convoy criminal en la Zona Dorada de Mexicali, donde residen empresarios y políticos que -muchos de ellos- también conocen a los criminales, pero prefieren silenciar.
Las mafias en BC tienen control de ciertos sectores del poder, por encima incluso de sus titulares, pero los gobiernos prefieren la banalidad para no enfrentar una realidad que los compromete.
Refilón
Tanto se quejan de la crisis de ISSSTECALI, pero la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda no congela la nómina. Por el contrario, Dagoberto Valdez, titular de la paraestatal, sigue autorizando contrataciones y, de los mil 766 trabajadores que había al inicio de la administración estatal, para 2023 incrementó a mil 833 y en el año por concluir se alcanzaron los 1936; esto es, de mantener la tendencia, para 2026 habrá más de 2 mil trabajadores. Lo bueno es que se quiere controlar el gasto en la paraestatal…
