Al rendir su último informe anual de labores, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la ministra Norma Lucía Piña Hernández, denunció, el 10 de diciembre de 2024, que tres sentencias adversas al Gobierno Federal, encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador, dictadas durante un espacio de dos meses, en 2023, fueron las que recrudecieron la campaña permanente de ataques que inició en 2019 y que culminó con la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), con la cual se elegirían a los juzgadores por voto popular.
La ministra señaló que entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial de la Federación enfrentó un contexto sin precedentes, marcado por la discusión en todos los ámbitos de la vida nacional, e incluso internacional, de las implicaciones de la reforma judicial.
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Sin embargo, Piña Hernández confió en que, por el bien de México, no destruyera, sino que construyera un mejor sistema de protección de los derechos humanos. “La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos; todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público, desea lo mejor para su país”, dijo.
La ministra realizó un recuento de las sentencias de la SCJN, que, según ella, provocaron una campaña de deslegitimación de los juzgadores federales, tales como el caso relativo a la Guardia Nacional, en abril de 2023; al decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio Gobierno denominara prioritarios; y, al denominado “Plan B”, el 22 de junio de ese mismo año, entre otros.
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“En primer lugar, el caso relativo a la Guardia Nacional, en abril de 2023, que fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los Ministros de la Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 137/2022 donde el Pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional”, recordó Piña Hernández.
“En segundo lugar, me refiero al decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio Gobierno denominara prioritarios, tema discutido en mayo de 2023. Como consecuencia de esa declaratoria de seguridad nacional, se exentaron todas las autorizaciones y sistemas de protección en la legislación nacional, incluyendo mecanismos que tutelan derechos fundamentales como la consulta pública, el acceso a la información y las evaluaciones de impactos ambientales y sociales”, explicó la ministra.
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“Vale la pena recordar que el mismo día que la mayoría en el Pleno de la Corte votó por la invalidez de este Decreto, apenas unas horas más tarde, se publicó otro acuerdo reiterando el ‘escudo de seguridad nacional’, y con ello, los mecanismos contra la transparencia, información y participación para obras y megaproyectos del gobierno federal”, expresó Piña Hernández.
“En tercer lugar, me refiero al denominado ‘Plan B’. El 22 de junio de 2023 el Pleno, por mayoría de nueve votos, al resolver varias acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos, legisladores del Congreso de la Unión y el INAI, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político-electorales 2022-2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo”, comentó la ministra.
“Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los Ministros que votamos en contra de lo que el Gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad”, señaló Piña Hernández.
“En cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y, en estas ocasiones, se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando por no alcanzarse una mayoría calificada en el Pleno para declarar su invalidez en acciones de inconstitucionalidad, quedó vigente la reforma en materia de industria eléctrica”, rememoró la ministra.
“Posteriormente, se impulsó la reforma judicial de 2024. Y desde entonces se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de la Constitución; desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También, se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”, denunció Piña Hernández.
“¿Por qué? ¿Qué conductas consideraron esos actores políticos que ameritaron la amenaza persecutoria y punitiva a los jueces federales de México? Por resolver casos de formas que consideraron contrarias a sus deseos e intereses; por otorgar suspensiones y medidas cautelares que en el fondo se puede coincidir o no en su otorgamiento, pero que están previstas en la Ley de Amparo; por atrevernos a admitir medios de defensa, a los que estamos obligados por ley, interpuestos por minorías políticas o por personas que consideraron vulnerados sus derechos por actos de autoridad; por ejercer nuestra función deliberativa como tribunal constitucional”, indicó la ministra.
“No soy solo yo, sino incluso también la academia y los organismos internacionales, quienes advierten que todas estas campañas en contra de las y los juzgadores federales, constituyeron amenazas y ataques a la independencia judicial, y consecuentemente, una muy peligrosa práctica antidemocrática. Estas conductas son tan graves, que incluso se citaron expresamente por la Relatora de Independencia Judicial de la [Organización de las Naciones Unidas] ONU, como ejemplo de los riesgos de gobiernos autocráticos contra la democracia”, dijo Piña Hernández.
“Llama también la atención que entre las principales acusaciones que se han lanzado reiteradamente contra el Poder Judicial Federal son que existen demasiadas personas sin sentencia en prisión. ¿No es esto precisamente lo que ocasiona en gran medida la prisión preventiva oficiosa que más que en ningún otro periodo de la historia de México se ha impulsado y continúa promoviéndose actualmente? Ello, no obstante, que sobre el Estado Mexicano pesa una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente sobre este tema”, comentó la ministra.
“Las exposiciones de motivos que justificaron las dos iniciativas presidenciales presentadas en bloque con la reforma judicial, esto es la militarización de la seguridad pública en México y la expansión y el afianzamiento de la prisión preventiva oficiosa, se refieren a la enorme debilidad de las policías y fiscalías del Estado para hacer frente a la violencia y el crimen organizado”, abundó Piña Hernández.
“¿Por qué entonces todos los esfuerzos se han concentrado en la transformación del Poder Judicial Federal? ¿Dónde están las propuestas para remediar los profundos problemas de las instituciones policiales y las fiscalías, así como la atención a los millones de víctimas de delitos en México y quienes, por otra parte, viven el horror del sistema penitenciario?”, cuestionó la ministra.
“He reiterado que, por supuesto, se necesitaba una reforma, pero que no podíamos caer en la salida fácil. El contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos, sus consecuencias, insisto, hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no sólo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza”, enfatizó la ministra.
Por último, Piña Hernández realizó un reconocimiento a sus colegas, a todo el personal jurisdiccional, así como al personal administrativo y operativo. “A todos los que somos trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial Federal; en particular a los estudiantes, que se han manifestado, que han marchado, que se han involucrado alzando su voz en un tema crucial para la preservación del Estado de derecho”, insistió.
“El trabajo de cada uno es la mejor voz; y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia, es su legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”, finalizó la ministra presidenta de la SCJN y del CJF.
Ninguno de los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Unión -Sergio Carlos Gutiérrez Luna, de Diputados, y, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Senado-, se presentó al evento llevado a cabo en la sede de la SCJN, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardó envió como su representante a César Yáñez Centeno Cabrera, titular de la Subsecretaría de Gobernación.
