Autoridades estatales e investigadores procesan delincuentes de forma improvisada, sin investigación y encomendándose a favores políticos para mantener a los criminales a raya
Hace aproximadamente un año, en las páginas de este Semanario publicábamos un reportaje relacionado con los problemas que tenía el Ministerio Público para que los jueces decretaran prisión preventiva contra sujetos acusados de robar vehículos en diversas modalidades. Se hizo énfasis en el criterio sobregarantista de algunos letrados para permitir a criminales regresar a las calles pese a que en un periodo de un mes fueron capturados hasta en cinco ocasiones por el mismo delito.
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Es decir, aunque tuvieran una investigación sólida o incluso reincidencia constante, los jueces consideraban que los detenidos no podían ser considerados amenaza para la sociedad.
A mediados de esta semana, Josué, mejor conocido como el Pitufo, fue procesado por el delito de narcomenudeo -por cargar 12 gramos de cocaína- y uso de documentos falsos, acusaciones que lo mantuvieron en prisión preventiva, pese a que el defensor privado desacreditó la mayoría de las pruebas ofertadas por la Fiscalía para evitar que llevara su proceso en libertad.
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Por extraño que parezca, un sujeto puede ser detenido en cinco ocasiones por robar vehículos y recuperar su libertad inmediatamente, pero otro con 12 gramos de cocaína y con documentos falsos, es considerado un peligro para la ciudadanía, pese a que ninguno de los dos delitos amerita cárcel en su sentencia, mucho menos cuando eres primodelincuente.
El Pitufo es considerado, según los informes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), como uno de los principales generadores de violencia de Baja California, al relacionarlo con la estructura criminal de los Rusos. Pero, ¿a qué violencia se refieren?
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No me malentiendan, no voy a defender a una persona que se vincula -presuntamente- con una estructura criminal tan poderosa en Mexicali como la de los Rusos, pero sí me enfocaré en los criterios definidos por los jueces y el trabajo tanto de la Secretaría de Seguridad como de la Fiscalía.
El motivo por el que el Pitufo recibió prisión preventiva, aun acusado de delitos considerados no graves, fue porque representaría un golpe político para el gobierno que recuperara su libertad, días después de su detención.
Resulta increíble, pues, que tanto él como Gerardo Rueda Torres, alias el Tochín, así como todos los integrantes de la estructura criminal de los Rusos, carecen de mandamientos judiciales en su contra o de órdenes de aprehensión por los delitos de los cuales se les acusa, pero no se les ha investigado.
De hecho, ninguno de los objetivos “prioritarios” ha sido detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por su relación con un delito, mucho menos su procesamiento. A todos les imputan cargos sucedidos al momento de la captura. Pocos tienen órdenes de aprehensión por delitos como homicidio, desaparición forzada, narcomenudeo u otros que pudieran encuadrarse en el fuero común, o bien, por medio de acusaciones de delincuencia organizada; pero no, la investigación relacionada con los generadores de violencia no es prioridad para ninguna autoridad.
Mientras que la FESC asesta golpes importantes, rastrea y asegura criminales, cuando son presentados ante el Juez, no tienen respaldo jurídico para sostener sus labores de investigación o inteligencia.
Así, los ministerios públicos o los propios fiscales de alto rango, e incluso desde el Poder Ejecutivo, acuden a la consideración de jueces y magistrados para pedir favores, bajo el argumento de que cierta persona es un criminal peligroso.
El sistema de justicia de Baja California está acostumbrado a funcionar por medio de las influencias, del amiguismo y de la corrupción, pero pocas veces a través del ejercicio objetivo de la función.
