Las piezas del ajedrez en el mundo del narcotráfico mexicano se siguen moviendo tras dos noticias provenientes de Estados Unidos, una de ellas con todo y deportación, así como la captura de un presunto operador del crimen organizado en suelo nacional que es procurado por las autoridades del vecino país del Norte. Esto ocurre mientras la violencia continúa mostrándose a diario en los territorios que disputan grupos delictivos, a pesar del discurso de funcionarios de gobierno que aseguran que, con excepción de las extorsiones, todos los demás delitos, incluido el homicidio, van en descenso, en un comparativo realizado de 2024 contra 2018, con base en estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Sin duda, la reaprehensión en EU de Dámaso López Serrano alias El Mini Lic, del Cártel de Sinaloa (CDS), acusado de traficar fentanilo a ese país; y la deportación y posterior encarcelamiento -de nuevo- en México del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, otrora líder del Cártel del Golfo (CDG), acapararon los titulares de los medios de comunicación con el discurso de las propias autoridades mexicanas, que al viejo estilo de las administraciones panistas y priistas, regresaron al esquema de colocar en el primer plano del discurso político las capturas de capos y “grandes” resultados contra la delincuencia organizada, sin necesidad de llamarla “guerra”.
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También fue ampliamente mediatizada la detención de un individuo cuyo mayor delito, según la forma como se le anunció oficialmente, es ser tío de los jóvenes presuntos narcotraficantes Ovidio “El Ratón” y Joaquín “El Güero Moreno” Guzmán López, líderes de la organización criminal Los Chapitos o Los Menores e hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, ex líder del CDS. Se trata de Hernán Domingo Ojeda López alias El Mero Mero, atrapado el 16 de diciembre último por las Fuerzas Armadas en el municipio sinaloense de Badiraguato, por contar con una orden de aprehensión dictada por un juez federal en el Estado de México por delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud en el trasiego de pastillas de fentanilo hacia la Unión Americana.
Mientras esos asuntos se mencionan como importantes triunfos para el gobierno mexicano, el 11 de diciembre fue asesinado el magistrado y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Edmundo Román Pinzón; el día 15, en un presunto asalto fue victimado a tiros el empresario vitivinícola de Guanajuato, Ricardo Vega Cámara; el 16, murieron acribillados cuatro policías estatales de Guanajuato y cinco más fueron lesionados. El mismo día, sicarios ejecutaron al alcalde de Tancanhuitz, en San Luis Potosí, a Jesús Eduardo Franco Lárraga y a tres personas más en Palmiras; en Cotija, Michoacán, el día 17, dos militares murieron y cinco resultaron heridos al estallarles una mina terrestre; y en esa fecha, dos policías de Jerécuaro, Guanajuato, fueron asesinados en su patrulla.
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EL MINI LIC
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La recaptura de Dámaso López Serrano, hijo del narcotraficante Dámaso López Núñez alias El Licenciado y ahijado del “Chapo” Guzmán, cayó de sorpresa en el ámbito de seguridad y justicia, pues el hombre de 36 años presuntamente se encontraba colaborando con el gobierno de Estados Unidos tras haber sido condenado a 72 meses de prisión por importar drogas a ese país y recuperar su libertad -en septiembre de 2022- con una condicionante de supervisión de cinco años. No se tiene el antecedente de que otro criminal hubiese sido reaprehendido por continuar con actividades ilícitas y que en este caso se le acuse de seguir traficando fentanilo para una facción del CDS.
Sobre todo, resultó curiosa la forma en que López Serrano pidió perdón ante la autoridad judicial tras su excarcelación a través de una carta: “Sólo quiero ofrecer una disculpa a todas aquellas personas a las que perjudiqué tanto con mis acciones. Hice mal y lo reconozco. Me equivoqué al elegir ese camino”.
Supuestamente El Mini Lic estaba arrepentido porque sufrió la pérdida de varios familiares y amigos. El juez Dana M. Sabraw afirmó creer en las palabras del sinaloense, ya que le pareció sincero. Sin embargo, el seguimiento de las autoridades estadounidenses a la libertad de Dámaso reveló que seguía operando el trasiego de drogas.
Se conoce a través de fuentes norteamericanas que el Buró federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) rastreó a Dámaso Jr durante los últimos ocho meses e intervino llamadas telefónicas de informantes que se hacían pasar por colaboradores del originario de Eldorado, Sinaloa, por lo que habrían probado su presunta participación en el tráfico de fentanilo y le volvieron a detener el 12 de diciembre último para ser procesado por nuevos cargos. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la recaptura dos días después durante una inauguración en Palenque, Chiapas.
López Serrano cuenta con orden de aprehensión en México por su presunta autoría intelectual en el homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas, editor del semanario Ríodoce de Sinaloa, crimen perpetrado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán. Al Mini Lic le había molestado la publicación de una nota titulada “Dámaso y la escuela del gran dador”, en la que describe al Mini Lic como “pistolero de utilería, un narco de corridos por encargo y sin la capacidad de liderazgo que tenía su padre Dámaso López Núñez”. Por ello el aludido envío a los sicarios Heriberto Picos Barraza alias El Koala, Juan Francisco Picos Barrueto alias El Quillo y Luis Ildefonso Sánchez, apodado El Diablo, a matar a Javier. Los dos primeros están condenados por el crimen, y el último, supuestamente muerto.
El 17 de diciembre reciente, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hizo un nuevo llamado a las autoridades de la Unión Americana para que concedan la extradición de Dámaso: “Y le hemos insistido en innumerables ocasiones al Gobierno de los Estados Unidos esta entrega. Ellos habían señalado que era un testigo protegido por el Gobierno de los Estados Unidos y que les estaba dando mucha información, y que en razón de eso no podían ayudarnos en esa forma. Ahora con esta situación en la que ellos mismos están reconociendo que este individuo está delinquiendo, pues yo creo que hay razones más que suficientes para que ahora sí nos apoyen. Ya hicimos la solicitud de inmediato”.
EL REGRESO DE OSIEL
Desde que se anunció la excarcelación del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén alias El Mata Amigos, el 1 de julio de 2024 de la prisión de alta seguridad de Terre Haute en el Condado de Vigo en Indiana, Estados Unidos, se desconocía cuál sería su destino. La incertidumbre versaba respecto a si el ex líder del Cártel del Golfo fungiría como testigo protegido del gobierno norteamericano, o adoptaría otra figura legal. Finalmente, tras más de 17 años preso en la Unión Americana, el capo fue deportado por Tijuana el 16 de diciembre de 2024 y entregado a las autoridades mexicanas que le trasladaron de inmediato al penal de máxima seguridad Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El tamaulipeco y fundador del grupo criminal Los Zetas contaba con diversas órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en el país por delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero. Incluso ZETA informó en julio anterior, que Osiel tiene abierto el proceso penal 169/1998 en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, puesto que se le dictó auto de formal prisión en 2003 por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, además de cohecho. El proceso fue suspendido tras la extradición del imputado en enero de 2007 a Estados Unidos.
El 17 de diciembre, el fiscal Gertz Manero informó que Cárdenas Guillén se quedará en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1 Altiplano para cumplir con sentencias pendientes de ejecutar y enfrentar diversas causas penales: “Acuérdense ustedes que esta persona ya cumplió con su sentencia en los Estados Unidos. Nos lo entregan, nosotros lo pusimos a disposición del centro de readaptación correspondiente y va a cumplir su condena, como es su obligación y como está señalado en la sentencia y en la Ley”.
Efectivamente, el capo de 57 años de edad purgaba condena de 25 años por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión a agentes federales estadounidenses, pero fue liberado antes de cumplirse tal pena.
Gertz afirmó durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional- que las condenas dictadas en contra de Cárdenas son por los delitos de homicidio calificado, delincuencia organizada y contra la salud, pero ahora con su presencia en México se reactivarán siete procesos penales federales por los cuales se estima que el narcotraficante tamaulipeco alcance una sumatoria de penas aproximada a 730 años de prisión.
Fuentes consultadas aseguran que tras una larga ausencia de casi dos décadas del país, el poder y liderazgo de Cárdenas Guillén al frente de la organización criminal del Golfo están desactivados; sin embargo, no deberá olvidarse el episodio que se vivió en Altiplano dos años antes de la extradición, cuando el capo se apoderó de parte del control de la prisión, logrando incluso llamar por teléfono en vivo a un noticiario nacional de televisión para desmentir a las autoridades federales. Actualmente Mario Cárdenas Guillén alias El Gordo y/o El M-1, hermano de Osiel, se encuentra preso en Estados Unidos, a donde fue extraditado el 19 de mayo de 2022 para enfrentar un juicio por violaciones de tráfico de drogas en el Distrito Este de Texas.
EL MERO MERO
Como otro triunfo sobre la delincuencia, el gobierno mexicano anunció, el 16 de diciembre, la detención de Hernán Domingo Ojeda López alias El Mero Mero, tío de Ovidio Guzmán López. La captura ocurrió en el municipio sinaloense de Badiraguato en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, en la causa penal 57/2024, por el delito de delincuencia organizada relacionado con el trasiego de pastillas de fentanilo desde Culiacán, Sinaloa hacia Estados Unidos.
Al ser aprehendido en la localidad La Majada de Arriba, El Tío Hernán, quien ya contaba con antecedentes penales desde principios del nuevo milenio, portaba un arma de fuego corta y llevaba consigo 800 mil pesos en efectivo de los que no acreditó su legal procedencia, además de dos bolsas con pastillas de fentanilo. Los encargados de localizarlo fueron elementos de las Fuerzas Armadas que realizaban labores de inteligencia desde meses atrás, pues el objetivo iba dejando algunas pistas a través de sus movimientos legales para evitar su captura.
Hernán Domingo Ojeda López se movía de Sinaloa a Baja California, siendo en esta última entidad donde, a partir de marzo de 2024, comenzó a dar señales de vida al tramitar sendas demandas de amparo en el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Mexicali. Ahí se iniciaron los juicios de garantías 353/2024 y 354/2024 en contra de una eventual “orden de aprehensión, orden de extradición, expulsión o destierro, así como el ataque a la libertad personal fuera del procedimiento”. Lo mismo hizo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California (391/2024), también en Mexicali, pero el juez declinó competencia en favor su homólogo del tercero por conocer asuntos del mismo individuo con anterioridad, quedando el amparo bajo el expediente 939/2024, previsto para su resolución en enero de 2025.
El Mero Mero reclamaba precisamente la orden de aprehensión que le fue cumplimentada por militares. Las autoridades señaladas como responsables en el amparo eran diversas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Fiscalía General de la República, jueces de Control adscritos a los Centros de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa y Baja California; además de los titulares de la Policía Federal Ministerial, Secretaría de la Defensa Nacional, Comandante de la Guardia Nacional, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, el comandante de la Fuerza Estatal de seguridad Ciudadana (FESC) y el director de la Policía Municipal de Mexicali.
INFLUENCERS DEL NARCO
Mientras continúa la guerra iniciada el 9 de septiembre de 2024 entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, en Sinaloa, suman varias personas privadas de la vida relacionadas con el mundo de las redes sociales y creadores de contenido, señalados de ser influencers del narcotráfico o alguno de sus familiares, entre ellos uno de los llamados tiktokers y el hermano de un youtuber. Estos ataques iniciaron desde octubre, a un mes y días de iniciados los combates que han dejado más de 600 personas muertas y un número similar de desapariciones.
La tarde-noche del 12 de diciembre fue asesinado a balazos el joven Adrián Antonio, de 31 años, hermano menor del youtuber Óscar Antonio López Iribe, conocido en redes como El Compa Camarón, en un crimen ocurrido en la colonia Renato Vega Amador de Culiacán de Rosales, donde también murió baleado un motociclista. Antes, la noche del 9 de diciembre fue ejecutado el influencer Leobardo Aispuro Soto alias El Gordo Peruci, cuando sujetos armados le dispararon junto a su esposa cerca del cruce de las calles Calixto Peña y Francisco Miranda, en la colonia 21 de Marzo de la Capital sinaloense. La mujer fue severamente lesionada.
El Gordo Peruci colaboraba en grabaciones con Marco Eduardo Castro Cárdenas, conocido como Markitos Toys, presuntamente relacionado con Los Chapitos, quien huyera a Estados Unidos tras recibir amenazas.
El 23 de noviembre también fue asesinado, sobre un camino de terracería en Culiacán, Miguel Vivanco alias El Jasper, de 29 años, quien se hizo notar en redes sociales por crear contenido de una vida ostentosa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense lo tenía señalado como un joven vinculado a Los Chapitos, y, según el reportero Luis Chaparro, El Jasper financiaba a los hijos del Chapo Guzmán a través de videos y sorteos. Otro creador de contenido en TikTok, de nombre Juan Carlos, fue asesinado el 19 de octubre en Isla Musala, en Culiacán.
