Por votación unánime, la XVII Legislatura del Congreso de Baja California Sur realizó un exhorto a las autoridades de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuente con un presupuesto autónomo, esto para el ejercicio fiscal del próximo año.
Debido a que esta instancia está diseñada constitucional y legalmente como un órgano de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS), aún no goza de presupuesto propio para operar.
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En este escenario, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Karina Olivas Parra, presentó el punto de acuerdo para hacer el llamado directo a la Dirección de Política Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración.
En su exposición de motivos, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) precisó que el propósito es que la Fiscalía Anticorrupción opere eficazmente y dé mayores resultados.
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“Los gobiernos y representantes populares emanados de la cuarta transformación tienen la misiva fundamental de abatir la corrupción; y por ello, su compromiso irrestricto es, el dotar de los recursos necesarios a las dependencias para que estén en condiciones de realizar sus tareas de manera eficaz y eficiente”, dijo en Tribuna.
El fiscal Anticorrupción, Lenin Ortiz Amao, detalló previamente que su cargo tiene el nivel jerárquico de un subprocurador y, administrativamente, el presupuesto de la instancia que encabeza depende totalmente de la PGJEBCS, cuyo presupuesto supera los 320 millones de pesos al año.
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Con respecto al personal, la ley establece que deben contar con agentes del Ministerio Público y de investigación, así como jefes de unidad, cargos que fueron designados por Ortiz Amao y el procurador de Justicia de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya.
Cabe recordar que en estos momentos, las y los diputados de la XVII Legislatura tienen en su poder el Paquete Económico 2025, con el que Gobierno del Estado pretende ejercer 25 mil millones de pesos el próximo año.
En este punto, los legisladores tienen el poder de proponer cambios en la repartición de los recursos. El documento deberá ser sometido a análisis y votación ante el Pleno antes de que finalice el primer periodo ordinario, es decir, antes de mediados de diciembre.
