A pesar de que el Senado de la República emitió una declaratoria de validez para la reforma que extingue siete órganos autónomos, en la que dictaminó que 19 congresos estatales aprobaron dicha reforma a nivel local —sin incluir a Baja California—, el Poder Legislativo estatal aprobó la iniciativa la tarde del miércoles 4 de diciembre con 18 votos a favor y tres en contra.
Antes del inicio de la sesión extraordinaria, las y los diputados de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron que no participarían en lo que calificaron como “un circo”, argumentando que la votación carecía de efectos jurídicos, ya que la reforma está oficialmente incorporada a la Constitución.
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“Hemos tomado la decisión, juntos, las y los diputados de Acción Nacional, de no formar parte de este circo que se está llevando a cabo en este momento. No tiene ningún efecto jurídico lo que resulte de la votación. La vez pasada -domingo 1 de diciembre- faltaron diputados, y dimos el debate. Como se comentó, ya se declaró la incorporación de la reforma en la Constitución; el Senado dijo que Baja California votó en contra”, declaró el diputado Diego Echevarría.
Durante la sesión, la diputada presidenta del Congreso de Baja California, Evelyn Sánchez Sánchez, cometió errores en el proceso de votación. Inicialmente, solo preguntó quiénes estaban a favor de la reforma y mencionó, de manera incompleta, que esta quedaba aprobada. Sin embargo, antes de finalizar la sesión, la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylin García Ruvalcaba, interrumpió para señalar que era una falta de respeto no preguntar también quiénes estaban en contra.
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García Ruvalcaba argumentó que repetir una votación que ya había sido rechazada previamente por el propio Congreso estatal violenta el proceso legislativo, calificándolo de lleno de irregularidades.
Tras la intervención de la diputada de oposición, las y los legisladores de la bancada de Morena celebraron la aprobación de la reforma, destacando su respaldo al proyecto federal encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
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Las reformas y adiciones a 14 artículos de la Constitución, aprobadas en el Congreso de la Unión, extinguieron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación (MEJORADU).
Las funciones del INAI serían trasladadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) -cuya titular es Raquel Buenrostro Sánchez-, institución que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso transformar en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La COFECE sería integrada a la Secretaria de Economía (SE). El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), pasaría al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Además, la reforma planteaba la extinción de la CNH y la CRE, cuyas funciones serían transferidas a la Secretaría de Energía (SENER), así como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que pasaría a la Secretaria de Educación Pública (SEP).
