Pese a que la despenalización del aborto ha avanzado a pasos agigantados en México y ya suman veinte entidades federativas que han autorizado la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, durante los primeros diez meses de 2024 se iniciaron 649 carpetas de investigación por este delito; es decir, 2.13 indagatorias por día, sin que los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) desagreguen la información de cuántos casos corresponden a hombres y cuántos a mujeres como autores de estas acciones.
El Estado de México se convirtió en la entidad número 20 al aprobar, apenas el lunes 25 de noviembre de 2024, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una reforma al Código Penal, que despenaliza el aborto. La condicionante para que no sea considerado como delito, igual que en el resto de los estados que han realizado tal modificación a sus leyes, es que la práctica del aborto se efectué durante las primeras 12 semanas de gestación. El proyecto fue posible por la mayoría del partido Morena y sus aliados.
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Unos días antes fueron Zacatecas, el 20 de noviembre, y Chiapas el 19 del mismo mes, los que incrementaron la estadística de entidades que, en su mayoría, atendieron sentencias de tribunales colegiados que declararon inconstitucional la penalización del aborto, como antes lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -a nivel federal- el 6 de septiembre de 2023. De esta forma, junto con los estados ya mencionados, el aborto se ha despenalizado en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Cabe mencionar que las aprobaciones en algunos de los congresos estatales no han sido tersas, pues las sesiones fueron precedidas por manifestaciones de grupos próvida que intentaron bloquear los accesos a los recintos y en algunos hubo hasta agresiones que no pasaron a mayores. Muchos de los debates entre diputados fueron intensos y acalorados, pero finalmente se impuso la mayoría en los plenos. Las agrupaciones en contra del aborto siguen dando la batalla en tribunales a través de recursos judiciales como juicios de amparo para demandar la anulación de los procesos legislativos, situación que parece no les redituará resultados a favor.
DESCONOCIMIENTO
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Pero tampoco las integrantes de colectivos a favor del aborto se encuentran conformes del todo y han realizado marchas y protestas para exigir, como ha ocurrido en Tijuana, que se incremente el plazo para decidir abortar libremente hasta las 24 semanas de gestación, ya que a decir de algunas activistas hay mujeres que se enteran de forma tardía que están embarazadas o sencillamente requieren de más tiempo para tomar la decisión. También exigen un mejor trato a las gestantes por parte de los médicos que las atienden y expresan desconocimiento de las reformas, además de que las instituciones de salud no cuentan con instrucciones o protocolos para atender a quienes desean interrumpir su embarazo.
Para muestra se recordó el caso de una niña indígena de 12 años, de la etnia wixárika, a la que llamaremos con el nombre ficticio de “Violeta” y fue abusada sexualmente por su padre. A principios de año, la menor se presentó a un centro de salud, procedente de la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, al Norte de Jalisco. La víctima fue llevada para que se le atendiera de una picadura de alacrán, pero los médicos advirtieron que se encontraba embarazada, además que presentaba diagnóstico de violencia familiar sexual y estrés post traumático.
La carpeta de investigación que inició en febrero de 2024 culminó en mayo siguiente con la detención de José Luis C, padre biológico de la niña, en tanto familiares solicitaban la interrupción autorizada del embarazo, decisión que ninguna autoridad quiso tomar deslindándose de esa responsabilidad entre dependencias. Finalmente, tras el argumento de la Secretaría de Salud Jalisco de que no contaba con personal especializado, el procedimiento fue realizado en la Ciudad de México.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) inició una queja oficiosa, pues la vida de la menor estuvo en riesgo, situación agravada porque la menor no habla lengua castellana.
Aunque a varios meses de distancia la CEDHJ no ha concluido con una recomendación sobre el caso, se conoció que Violeta se recuperó favorablemente de la intervención a la que fue sometida y la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes le brindó medidas de protección luego de que el padre fue encarcelado y la madre perdiera la patria potestad. La quinta visitadora de la Comisión, Mariana Sofía Márquez, dijo en su momento que ya se recababan informes de las instituciones presuntas responsables y “el acompañamiento y los servicios también que le han brindado a esta menor de edad, y a manera de petición, se solicita se le continúe brindando acompañamiento y que se le garantice también protección”.
AÚN PUNIBLE
Aunque son 20 estados los que ya están en la misma sintonía de la despenalización en el caso de que la autora del aborto sea la gestante, en 2024 los índices de apertura de carpetas de investigación se mantiene en los estándares de los últimos años, pues de enero a octubre se iniciaron 649 indagatorias, cuando en pasadas anualidades como 2018 fueron 605 carpetas y en 2020 fueron denunciados 633 casos. Como se adelantaba, no se desagrega la información, si los aun considerados delitos son porque el aborto fue cometido después de las doce semanas de gestación que limita la Ley, si fueron abortos provocados por médicos clandestinamente o por violencia ejercida por tercera persona.
Sólo tres estados generan casi el 60 por ciento de las investigaciones por abortos presuntamente punibles. El primer lugar lo ocupa la Ciudad de México, donde se despenalizó el aborto en 2007, con 150 carpetas de investigación; le sigue Nuevo León, con 145 indagatorias; y Estado de México, con 93. En cuarto sitio, Tamaulipas integró 50 pesquisas; Querétaro continúa la lista con 38; enseguida Baja California, donde se han formulado 33 denuncias, según datos del SESNSP.
Otros estados que acompañan de lejos esta estadística son Jalisco, con 19; Guanajuato y Oaxaca, 12; San Luis Potosí, once. Cinco entidades no cuentan con una sola carpeta de investigación al respecto: Campeche, Coahuila, Durango, Sinaloa y Tlaxcala.
Es precisamente en Ciudad de México, con más carpetas de investigación en la fiscalía, donde se ha planteado la posibilidad de despenalizar totalmente el aborto; es decir, aun interrumpiendo el embarazo a los nueve meses, sin embargo, el tema se encuentra pendiente en el Congreso capitalino, ya que el 8 de noviembre, la bancada de Morena decidió posponer la discusión, aunque el dictamen ya fue aprobado en Comisiones días antes días. Los diputados argumentaron la necesidad de construir un mayor consenso político y social, aunque algunos querían llevarlo de inmediato al pleno. Legisladoras garantizan que el dictamen no quedará en la congeladora.
El asunto ha dejado de tocarse en el ámbito político como un tema de moral y hasta los grupos parlamentarios más conservadores han optado por tomar decisiones que favorezcan a las necesidades actuales de la sociedad femenina, por lo que las fracciones minoritarias en algunos congresos también han sumado votos a la causa de la despenalización del aborto bajo la premisa de que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo, siempre y cuando las intervenciones sean practicadas en instituciones de salud gubernamentales.
Aunque en abril de 2023 el Papa Francisco se pronunció contra quien “presume como conquista el insensato derecho al aborto” y se lanzó contra los vientres de alquiler y los embriones de probeta después de que en octubre de 2024 se aprobó la despenalización de esta conducta en Jalisco, con un criterio más sensato, el Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, dijo que ya no se debe ahondar en la controversia, sino en avanzar en sociedad en cómo auxiliar a mujeres para evitar tengan que recurrir a la interrupción del embarazo.
“Más bien ahora pondría el acento en qué alternativas ofrecer nosotros como Iglesia, la sociedad, como sociedad; las instituciones como tales. ¿Qué podemos ofrecer a las mujeres que se ven en esa condición, en esa circunstancia de tomar una decisión tan drástica?”, aseguró el prelado.
Curiosamente, en Estados Unidos, en junio de 2022, la Corte Suprema de ese país anuló el caso Roe contra Wade, vigente desde 50 años atrás, al considerar que ya no existe el derecho constitucional federal al aborto. Esta decisión fue la culminación de décadas de esfuerzos por parte de los opositores al aborto y apoyada por la mayoría conservadora. Sin embargo, el fallo señaló que sería responsabilidad de los estados determinar la legalidad de este procedimiento de salud reproductiva. Por ello, ese mismo año, la Asamblea de California aprobó una enmienda para hacer explícito el derecho fundamental al aborto y los anticonceptivos, convirtiéndose en un Estado santuario para quienes buscan interrumpir un embarazo.
