Desde el 15 de octubre, una retroexcavadora mueve miles de metros cúbicos de tierra en el lote 16, manzana 32, de la calle Colima en la colonia Madero (Cacho). El viernes 25, a la vista de todos, desde temprana hora inicia el incesante acarreo de tierra de un lado a otro en el mismo predio.
El operador de la maquinaria deja de hacer cortes a la ladera, junto al callejón Batopilas, hasta que Arturo pregunta quién es el Director Responsable de Obra (DRO) para qué empresa trabaja. Entonces, el hombre de mediana edad deja en el aire un “no sé” y se retira caminando del lugar cuando ya son cerca de las cinco de la tarde.
Según la Dirección de Administración Urbana (DAU), la obra está suspendida por no contar con la licencia de movimiento de tierra, pero en el cerco de madera que limita el predio con la calle Colima no hay sello de suspensión y menos de clausura, con todo y la flagrante violación al Reglamento y a la Ley de Edificaciones municipal, entre otras disposiciones normativas.
“La obra debe permanecer suspendida, en caso de que se vuelva a violentar la suspensión se procederá a clausura”, indicó la dependencia.
Hasta el cierre de edición (31 de octubre), ni el dueño del predio ni el DRO habían comparecido, pese a que la DAU emitió los citatorios 00726 y 00010 mientras la retroexcavadora permanece en el sitio.
Arturo Martínez, residente de una de las viviendas colindantes con el predio, comentó que el movimiento de tierra inició sin permiso visible y sin aviso de proyecto. Sólo llegaron a “excavar y a poner en riesgo nuestras viviendas”, ya que en la ladera hay construcciones que generan una “carga inmensa”.
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El predio tiene alrededor de “15 metros de altura” y hay una pendiente cercana a los 30 grados. “¿Qué va a pasar con las lluvias?, porque hay riesgo de deslizamiento”, expuso.
Tras calcular que se estarían moviendo 3 mil metros cúbicos de tierra, cantidad considerable que podría desestabilizar la ladera y afectar estructuralmente las casas aledañas, cuestionó: “¿Dónde están nuestras autoridades?, ¿dónde están las garantías para los ciudadanos? Simplemente no las hay, hay un desacato total a las reglas, sólo sabemos, por lo que nos han dicho las propias personas que están movilizando la tierra, que van a hacer un edificio de ocho pisos de vivienda, mas no sabemos si también van a hacer pisos de estacionamiento, entonces puede terminar en un proyecto bastante voluminoso”, advirtió.
En su opinión, lo más preocupante es que ninguna autoridad ha expresado que el proyecto sea seguro, al no validarse por el Colegio de Ingenieros Civiles. “No sabemos nada, estamos a oscuras, sólo tomaron en cuenta el proyecto y las ganancias de quien lo va a hacer”, reprochó.
Información proporcionada por la DAU indica que la licencia de construcción fue expedida el 2 de enero de 2019 y despachada el 11 de enero de ese año, otorgándole diferentes prórrogas; la última, el 5 de abril de 2024.
En cuanto a los estudios que garantizan que el proyecto no pone en riesgo a las construcciones aledañas, la DAU indicó: “Se desconoce qué estudios presentó, ya que la licencia data de 2019, y este expediente ya se encuentra en archivo muerto”.
ZETA buscó la prórroga de la licencia de construcción otorgada el 5 de abril en el listado de licencias de construcción que aparece en la página de Transparencia del Ayuntamiento y en Plataforma Nacional de Transparencia sin que fuera encontrada, lo que también violenta flagrantemente el Artículo 83 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Además, se solicitó a Comunicación Social copia del documento que debería ser público, pero no fue proporcionado.
Marie-Laure Coubès, otra residente, lamentó que la autoridad no brinde información sobre el proyecto, ni quién está desarrollándolo y menos aún garantice la seguridad. Además de la tardanza con que Sindicatura comenzó a atender su reporte en el que pide a la DAU evaluar los daños a la ladera y la estabilidad de la zona, ante el temor de que su vivienda tenga daños estructurales.
Hace seis años, los residentes estuvieron en contra de la construcción de un edificio de la empresa Terra Nova Pacífica, SA de CV ante el riesgo de deslizamiento, pero actualmente se desconoce si se trata del mismo desarrollador, indicó Coubès.
Según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía federal, dos de los accionistas de Terra Nova Pacífica cedieron sus acciones a Inmobiliaria Exico, SA de CV y a Desarrolladora de Servicios Inmobiliarios. SA de CV; aparentemente el predio, que en principio abarcaba los lotes 16 y 17, se habría unificado.
SIN VISOS DE PONER ORDEN
En la administración pasada quedaron pendientes de aprobarse por Cabildo el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDUT) y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana (PDUCPT) 2023-2040.
En el gobierno de Ismael Burgueño Ruiz, no hay visos de cuándo podrán estar vigentes. Tampoco claridad sobre las 47 observaciones que el IMPLAN consideró procedentes y/o parcialmente procedentes para ser integradas, tras una consulta pública y recibir físicamente 75.
Ante la cerrazón y consulta “simulada” de la ex alcaldesa Montserrat Caballero, el colectivo Defendiendo a Playas ha emprendido acciones legales. La activista Carmen Romo indicó que el documento “se lee muy bien, pero lo que plasma no es la realidad que tenemos”, ni aborda a profundidad temas importantes como los asentamientos irregulares.
“Sí necesitamos actualizar el documento que rige la planeación urbana, pero no queremos que con ese pretexto se use nada más beneficiar a cierto sector de la iniciativa privada”, aseveró.
Existe la posibilidad de que el gobierno actual deje a la deriva la conclusión del proceso de aprobación de esos instrumentos de planeación, convalidando el desorden que impera.
Asimismo, Romo criticó que el IMPLAN no haya contemplado una evaluación del programa anterior (todavía vigente) que no ha sido respetado, “tanto así que tiene decenas de demandas no sólo en Playas, sino en Cacho, en Hipódromo”.
Es decir, no hay una reflexión en torno a por qué si hay un programa, nadie lo está respetando, sino pareciera es que se está modificando para que las construcciones que están haciéndose irregularmente “cumplan y se caigan las demandas”.
En la manzana 53, un área deportiva para uso recreativo en Playas, “nunca debió hacer comercial, ahorita aprovecharon que los Juzgados están cerrados” y, según Carmen, ya están construyendo un edificio en equipamiento urbano, en detrimento de la comunidad ya establecida.
No se está en desacuerdo con que la ciudad siga creciendo, enfocándose en una zona donde ya hay infraestructura; sin embargo, en muchos de los sitios donde se están haciendo estos cambios, arbitrariamente la infraestructura de agua, drenaje, electricidad y vialidades no está lista para ello. Tampoco se ve una planeación de largo plazo interinstitucional que no sólo evalúe un proyecto, sino que visualice el impacto a gran escala para que organismos como CESPT, CFE y Ayuntamiento inviertan en infraestructura para responder a esa demanda futura y no como ahora se está invirtiendo, al haber rezago.
En otro caso, habitantes de Rancho Grande, San Carlos, San Jerónimo y la parte baja de Lomas de Agua Caliente expresan su temor ante el riesgo de deslizamiento y/o inundación, debido a que la cuenca de Rancho Grande, un área de conservación, ha sido modificada para desarrollar la tercera etapa de Hacienda Agua Caliente, reveló Laura Esther Reyes Ulloa, presidenta de la colonia Rancho Grande-Jardines de Chapultepec.
“Nadie está en contra de ver una mejor ciudad y un desarrollo, pero bien hecho”, expresó a la vez de recriminar que los ahora ex titulares de SDTUA y DAU, Juan Enrique Bautista y Ricardo Güereña, respectivamente, no dieron seguimiento a sus peticiones, y el entonces secretario de Gobierno, Miguel Ángel Bujanda afirmara que el proyecto no tenía autorización, “cuando él mismo la había firmado”.
La obra estuvo parada por seis meses y actualmente están continuando, dijo Reyes Ulloa, quien consideró, hace “mucha falta” la armonización de leyes y reglamentos, “porque no están respetando zonas de alto riesgo, ni de conservación, entonces, lo único que queda es que cumplan la legislación ambiental y todo lo que conlleva, y que se dejen de moches”.
El PDUCPT proyecta que dentro del área urbana se promuevan edificios verticales, de más altura y mayor densidad, más que fraccionamientos horizontales y de baja densidad. En la propuesta de Matriz de Compatibilidad se contemplaba el uso de suelo Multifamiliar Vertical condicionado a densidades permitidas conforme a su localización y el plan maestro, entre otros.
Además, la propuesta era cambiar algunas zonas de conservación a diferencia del actual programa. Ejemplo de ello es Cañada Azteca, donde residentes de Playas de Tijuana se han opuesto a la construcción de un complejo de siete edificios con 15 niveles.
Respecto a la Matriz de Compatibilidad de usos de suelo y algún cambio en zonas de conservación propuestas originalmente, la nueva administración del IMPLAN indicó que ese instrumento es parte integral del PDUCPT 2024-2040 y “aún está en proceso de actualización, por ello, la matriz de compatibilidad tendrá adecuaciones”, sin especificar cuáles.
“Respecto a las zonas de conservación, los cambios en este tema son de conformidad con lo que ya establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en su artículo 59, Zonificación Secundaria, fracción I y II”, anotó el organismo.
LICITARÁN GEMELO
Presumido como un desarrollo propio del IMPLAN, el gemelo digital nunca vio la luz en el gobierno pasado, pese a ser una herramienta que prometía –particularmente- reflejar las autorizaciones de uso de suelo hechas por la DAU para evaluar el cumplimiento del PDUCPT 2023-2040, una vez que éste fuera aprobado.
Bajo la nueva dirección del licenciado en Informática sinaloense Juan Diego Mascareño López (quien no se ha desempeñado anteriormente en ningún puesto similar), el IMPLAN optará por contratar un Proyecto Piloto del Gemelo Digital “que utiliza tecnología de una empresa global que se encuentra entre las líderes tecnológicas en materia de gemelos digitales”.
Esto ocurrirá durante el último trimestre de 2024 y se estará ejecutando durante el primer semestre de 2025.
Para que se puedan reflejar las autorizaciones hechas por la DAU, es necesario que a la par se trabaje en la digitalización de todos los procesos de trámites que realiza esta dependencia y se tengan disponibles las aplicaciones web de esos trámites, a fin de que los datos puedan ser consumidos desde el Gemelo Digital de Tijuana en forma de una consulta interactiva desde vista 3D y en tiempo real. “En caso de que no se logre la digitalización de todos los procesos de trámites durante ese periodo, se podrán ir conectando inicialmente aquellos que se tengan disponibles”, se informó.
EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
Según la DAU, están pendientes de autorización siete desarrollos verticales en las colonias Juárez, Cacho, Anáhuac, Zona Centro, así como en los fraccionamientos Las Palmas y Cortez en La Mesa.
