En México, el federalismo se presenta como una estructura que distribuye competencias entre los distintos órdenes de gobierno, otorgando a las entidades federativas la capacidad de ejercer autonomía en áreas específicas como la transparencia y el acceso a la información. Este sistema no sólo fortalece la democracia, sino que también permite atender las particularidades locales mediante organismos garantes que actúan como figuras clave en la supervisión y garantía de estos derechos.
Los organismos garantes locales de transparencia, establecidos en las 32 entidades federativas, son el reflejo más tangible de este principio federalista. Estas entidades autónomas además de garantizar que las instituciones públicas cumplan con las obligaciones de transparencia, también facilitan a la sociedad el acceso a información pública para tomar mejores decisiones. Además, protegen los datos personales, una función indispensable en un mundo digitalizado. Por ello, su autonomía les permite adaptarse a las realidades locales, fortaleciendo la rendición de cuentas y consolidando la confianza pública. En conjunto, estos organismos y el INAI conforman el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), encargado de coordinar esfuerzos para garantizar en todo el país la coherencia de las políticas públicas en estas materias.
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La posible desaparición de los organismos garantes locales y del INAI representa un riesgo significativo para la democracia mexicana. Estas instituciones son fundamentales para garantizar que las personas ejerzan su derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. Sin ellas, se perdería un canal para obtener información pública, incrementando la dificultad de exigir que se rindan cuentas en el ámbito local.
Además, estos organismos son contrapesos esenciales frente a las autoridades. Su autonomía garantiza una supervisión imparcial e independiente de las instituciones públicas, actuando como barreras frente a la corrupción y la opacidad. Si desaparecen, se eliminaría un actor crucial que vigila y limita los excesos del poder, debilitando la democracia y dejando al país vulnerable ante posibles prácticas desapegadas a la ley.
La transparencia y el acceso a la información podrían quedar bajo el control de las mismas instituciones públicas, convirtiéndose en las encargadas de supervisar sus propias funciones, colocándolas en una posición de “juez y parte”. Esta situación generaría conflictos de interés que pondrían en peligro la imparcialidad y la eficacia en la protección de estos derechos fundamentales. Además, se enviaría un mensaje de regresión democrática, afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Es importante destacar que los organismos garantes no sólo son mecanismos de supervisión, sino también fomentan la apertura institucional. Actúan como puentes entre la sociedad y las instituciones públicas, promoviendo un diálogo constante que fortalece la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Este papel es crucial en un contexto donde la confianza en las instituciones públicas se encuentra en crisis.
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La desaparición de estas entidades representaría un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información en México, así como una afrenta directa a los principios democráticos que sustentan al Estado mexicano. Su eliminación afectaría profundamente el equilibrio de poderes, debilitando los mecanismos que garantizan la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos.
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En este sentido, preservar a los organismos garantes no es únicamente una cuestión de política pública, sino una necesidad democrática. Estas instancias son pilares fundamentales para asegurar que México avance hacia un futuro más transparente, equitativo y justo. El acceso a la información y la protección de datos personales son derechos constitucionales que deben ser defendidos con firmeza, pues su debilitamiento afecta a la ciudadanía al igual que a la integridad del sistema democrático.
El federalismo en México encuentra en la garantía de ambos derechos elementos indispensables para su consolidación. Los organismos garantes representan una red que, aunque diversa en su alcance, comparte un objetivo común: garantizar que la información y en su caso, la privacidad, sean herramientas de poder ciudadano y no un privilegio reservado para unos cuantos. Su permanencia será, en última instancia, un reflejo del compromiso de México con la democracia, la rendición de cuentas y la justicia social.
Adrián Alcalá Méndez es bajacaliforniano, comisionado presidente del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales).
