Julio Veredín Sena Velázquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, anuló, el 21 de noviembre de 2024, el juicio de amparo y le negó la protección de la justicia federal, con la que el capo sinaloense Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, ex líder del Cártel de Juárez, pretendía frenar por tiempo indefinido su extradición a Estados Unidos.
Así lo informó el diario de circulación nacional La Jornada, el 21 de noviembre de 2024.
El 27 de julio del presente año, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana concedió al Gobierno de EE. UU., la extradición de ‘El Viceroy’, quien era requerido por la Corte Federal de Distrito del Distrito Oeste de Texas, donde el hermano de Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, enfrentaría cargos por lavado de dinero y narcotráfico.
¿QUIÉN ES VICENTE CARRILLO FUENTES, “EL VICEROY”?
Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, de 61 años de edad, nació en Navolato, Sinaloa, el 16 de octubre de 1962. En la actualidad permanecía preso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número Trece, “CPS Oaxaca”.
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Se convirtió en el líder del Cártel de Juárez el 4 de julio de 1997, tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, en la Ciudad de México, cuando se sometió a una cirugía plástica para modificar su rostro.
En un inicio formó una sociedad con Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, así como su hermano Rodolfo Carrillo Fuentes, su sobrino Vicente Carrillo Leyva, además de Ricardo García Urquiza y los hermanos Beltrán Leyva.
El 19 de enero de 2001, después de la fuga del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), número 2, Puente Grande, -ubicado en Jalisco-, del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, muchos de los miembros del Cártel de Juárez desertaron al Cártel de Sinaloa, liderado por alias “El Chapo”.
El 11 de septiembre de 2004, Rodolfo Carrillo Fuenres fue asesinado afuera de una sala de cine ubicado en Culiacán de Rosales, Sinaloa, homicidio supuestamente ordenado por Guzmán Loera.
“El Viceroy” respondió mandando asesinar, el 31 de diciembre de 2004, al hermano de “El Chapo”, Arturo Guzmán Loera, alias “El Pollo”, quien estaba internado en el CEFERESO número 1, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
El capo sinaloense fue detenido el 9 de octubre de 2014, en Torreón, Coahuila, por elementos de la ahora extinta Policía Federal (PF) y permaneció preso en el CEFERESO Número 2, de Occidente, en Jalisco, “Puente Grande”. Todo ello dentro del llamado “Maxiproceso”, el expediente más amplio de narcotráfico que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) llevó ante la Justicia.
En su momento se giraron más de 100 órdenes de aprehensión contra presuntos miembros y cómplices del Cártel de Juárez, en el que también se acusó a “El Señor de los Cielos”, hermano de “El Viceroy”, quien además de la citada causa penal, se le seguían otros cinco procesos penales y un juicio de extradición.
A ambos capos la PGR los acusó de tratar de negociar con la Administración del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, una amnistía para los líderes del narcotráfico, entre cuyas propuestas estaba asociarse con los hermanos Arellano Félix, no vender droga en México, entregar el 50 por ciento de las ganancias al Gobierno Federal y, a cambio, cancelar la persecución contra ellos, pacto que nunca pudo concretarse.
En 2006, “El Viceroy” también ganó un litigio a la PGR, institución que le imputó el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su hipótesis de acopio de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y por sus nexos con el extinto general Jesús Gutiérrez Rebollo, ex titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).
Lo mismo sucedió el 27 de diciembre de 2005, cuando la titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales, Olga Sánchez Contreras, rechazó conceder una orden de aprehensión, derivada de las causas 12/1998, 25/1999 y 60/2002.
Ello a raíz de los señalamientos que aseguraban que en 14 inmuebles de Jalisco, presuntamente propiedad de “El Viceroy”, había cientos de armas de grueso calibre (AK-47, conocidas como cuernos de chivo; así como rifles de asalto R-15, entre otras), cartuchos y granadas.
El testigo protegido con nombre clave “Jaime” declaró que en dichos domicilios se llevaron a cabo reuniones entre Vicente Carrillo Fuentes y miembros de su grupo delictivo, así como de autoridades que le brindaban protección, además de que en una de estas propiedades “El Señor de los Cielos” se entrevistó con funcionarios públicos de primer nivel.
“El Viceroy” era uno de los 122 principales objetivos prioritarios que se ordenó detener durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Hasta antes de su aprehensión había recompensas por datos que llevaran a su captura. Una de 30 millones de pesos por parte de las autoridades mexicanas, y de cinco millones de dólares de las autoridades estadounidenses, las cuales reclaman ahora su extradición.
En EE. UU. la Corte del Distrito Norte de Texas requería a “El Viceroy” por su probable responsabilidad en los delitos de conspiración, posesión e introducción de cocaína a ese país. El 1 de junio de 2000, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Carrillo Fuentes en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (a veces denominada simplemente como la “Ley Kingpin”), por su participación en el tráfico de drogas. junto con otros once delincuentes internacionales.
El 31 de octubre de 2002, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el titular del Juzgado de Distrito en Procesos Penales Federales, otorgó una nueva sentencia condenatoria por otros 20 años de prisión, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, contra Carrillo Fuentes.
La institución de procuración de justicia detalló que se trata de un caso en que el hermano de Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, fue procesado en junio de 2015 y en el que ganó al año siguiente un amparo que ordenó reponer su procedimiento.
Asimismo, la FGR detalló que en octubre de 2014 dio cumplimiento al mandamiento de captura que había en contra de “El Viceroy”, dejándolo a disposición del juez de la causa. Ese mismo año se le dictó auto de formal prisión, sin embargo, en desacuerdo con el fallo resolutor, el ahora sentenciado y su defensa, interpusieron diversos juicios de amparo, para que finalmente, en 2019, el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, confirmara el auto de formal prisión.
En 2016, en un juicio de amparo, se le concedió la protección constitucional y se ordenó la reposición del procedimiento. El 20 de abril de 2017, el juez volvió a dictar formal prisión y en noviembre del mismo año se confirmó. Luego de otros procedimientos a los que el hoy sentenciado tenía derecho, y tras los datos aportados por el MPF, el juez de la causa dictó sentencia al capo sinaloense.
El 21 de mayo del 2018, Graciela Santés Magaña, magistrada del Cuarto Tribunal Unitario Penal, concedió un amparo al capo sinaloense, contra la formal prisión que le dictaron el 15 de noviembre del 2017, por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
La magistrada Santés Magaña argumentó que Olga Sánchez Contreras, Juez Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, no precisó en el procesamiento los hechos que le imputan a Carrillo Fuentes, de 58 años de edad, como supuesto miembro de una organización criminal.
La magistrada del Cuarto Tribunal Unitario Penal indicó, también, que no fueron debidamente estudiadas y valoradas las pruebas en este asunto, debido a que varios testimonios no refieren fechas de los hechos y, por ello, no se puede establecer si está fundamentada la acusación de la delincuencia organizada contra “El Viceroy”.
“El Viceroy” presentó un recurso de apelación contra el auto de formal prisión emitido el 12 de marzo del 2020, por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
El 14 de septiembre de 2021, “El Viceroy” fue sentenciado a 28 años de cárcel, por los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego.
La Fiscalía General de la República recordó que en junio del 2015, al hermano de Amado Carrillo Fuentes, alias “El señor de los cielos”, se le dictó auto de formal prisión en su contra por el delito de delincuencia organizada.
Ello por la presunta responsabilidad del hermano del finado alias “El Señor de los Cielos”, en el delito de delincuencia organizada, de la causa penal 39/2010, la cual tuvo su origen por una investigación que realizó en su momento la entonces Procuraduría General de la República.
El 26 de julio de 2023, el Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, ratificó el auto de formal prisión dictado contra “El Viceroy”, ex líder del Cártel de Juárez.
Después, tras los elementos de prueba obtenidos de las diligencias efectuadas por el Ministerio Público de la Federación (MPF), se dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Carrillo Fuentes, por ser supuestamente penalmente responsable en la comisión del delito mencionado.
El 27 de julio de 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana concedió al Gobierno de EE. UU., la extradición de ‘El Viceroy’, quien era requerido por la Corte Federal de Distrito del Distrito Oeste de Texas, donde el hermano de Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, enfrentaría cargos por lavado de dinero y narcotráfico.
Julio Veredín Sena Velázquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, anuló, el 20 de septiembre de 2023, el juicio de amparo y negó la protección de la justicia federal con el que el capo pretendía frenar por tiempo indefinido la entrega a Estados Unidos de “El Viceroy”.
El mismo juzgador anuló, el 22 de noviembre de 2024, el juicio de amparo y le negó la protección de la justicia federal, con la que Carrillo Fuentes, ex líder del Cártel de Juárez, pretendía frenar por tiempo indefinido su extradición a Estados Unidos.
