Bajo el argumento de que era “precautorio”, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, el 4 de noviembre de 2024, un total de 13 mil 205 millones de pesos, como presupuesto para la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF), que se llevaría a cabo el primer domingo de junio en 2025.
En la discusión, consejeros como Jaime Rivera Velázquez justificaron que no podían posponer la discusión de dicho presupuesto, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fijó el 5 de noviembre de 2024, como fecha límite para entregar la propuesta del órgano constitucional autónomo.
“No podemos dejar al INE en un estado de indefensión ante la posibilidad cercana de que se realice el ejercicio electivo de todos los juzgadores del Poder Judicial de la Federación”, indicó Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, quien también argumentó que el término “precautorio” en el presupuesto, lo había pedido la SCJN para las consultas populares, para que el Instituto contemplara los recursos, independientemente de su realización.
Además, la consejera presidenta del INE justificó que todas las actividades que había realizado el Instituto, incluidas las que tenían que ver con la elaboración del presupuesto, fueron antes de que el órgano constitucional autónomo recibiera la primera suspensión de un juez.
“Los trabajos de análisis, de generar esta certeza del cómo lo vamos a hacer, de la consistencia de cada uno de los trabajos, del gran calendario de trabajo que tenemos en este proceso, no se han realizado. Por eso, el título de ‘precautorio’ ante la realización inminente, pero no la certeza que debe tener este Instituto sobre la magnitud, los cuántos [cargos se eligieran]”, añadió Taddei Zavala.
Rivera Velázquez, quien había pedido postergar la discusión hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera si la reforma judicial era inconstitucional o no, insistió que lo más deseable hubiera sido avalar el presupuesto hasta tener certeza del rumbo que tomaría el proceso.
“La Secretaría de Hacienda ha fijado como fecha límite para presentar proyectos de presupuesto el 5 de noviembre, o sea, mañana. En otras palabras, no tenemos alternativa, a pesar de que se trate de un proceso sin precedentes y todavía ensombrecido por la incertidumbre jurídica”, añadió el consejero.
Mientras Dania Paola Ravel Cuevas señaló que el Instituto pausó los trabajos de organización de la elección judicial, por las suspensiones emitidas por jueces de amparo, pero que se solicitó el presupuesto precautorio en caso de lo que determinara la SCJN sobre su inconstitucionalidad, razón por la que se pronunció a favor del proyecto.
En tanto que Norma Irene de la Cruz Magaña también insistió en este tema, recordando que la SCJN también determinó que el INE debía prever las actividades para la realización del proceso de la elección judicial.
“Este órgano podrá determinar con mucha mayor claridad lo que tiene que ver con el presupuesto para el Poder Judicial, pero estamos obligados y obligadas a presentar de manera precautoria estos dos presupuestos para cumplir con las obligaciones constitucionales”, dijo Carla Astrid Humphrey Jordan.
Por su parte, los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo General del INE, confiaron en que la SCJN aprobaría el proyecto para que la elección del PJF sólo fuera de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Espero que este Consejo General actúe con prudencia y dentro de la ley, haciendo oídos sordos a los llamados al desacato y alteración del Estado de Derecho”, dijo el panista Víctor Hugo Sondón Saavedra. Por su parte, el priista Emilio Suárez Licona afirmó que los recursos que se destinarían para la elección judicial quitaban la posibilidad de construir 17 hospitales integrales con tecnología de vanguardia, incluido su personal; así como 90 mil tratamientos de mujeres con cáncer de mama.
Además, según el representante del PRI ante el Consejo General del INE, el dinero destinado a la elección del PJF, podría haber sido utilizado para edificar 11 campos universitarios, para 330 mil alumnos; 153 preparatorias; un millón 400 mil becas para estudiantes de educación básica; 22 mil viviendas; y 200 kilómetros de nuevas autopistas. “Esa es la dimensión de la aberración de la mal llamada reforma judicial. Esperemos que la Suprema Corte corrija la plana”, enfatizó.
“Quisiéramos, en un ánimo constructivo, solicitar que pudieran haber opciones también para hacer más económico la posibilidad de este proceso electoral de cara hacia el 2025, que pudieran considerarse algunas alternativas, visualizarse de qué forma pudiera esto no ser tan oneroso, estamos hablando de cerca de 13 mil millones de pesos. Tener certeza, pero también teniendo economías”, pidió Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien recordó a los consejeros del INE, que sería la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la que le diera su visto bueno al proyecto.
El mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional Electoral, para solicitar más de 13 mil millones de pesos y financiar la elección judicial.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal fue cuestionada al respecto, por lo que expresó su desacuerdo y adelantó que, en caso de que los consejeros insistieran en el monto, enviaría un oficio al INE.
“No, no estoy de acuerdo, de hecho, vamos, entiendo que van a revisarlo nuevamente y si no, vamos a enviar un escrito, porque no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7 mil millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando”, respondió la mandataria nacional.
Sheinbaum Pardo consideró que la elección de jueces, magistrados y ministros podría realizarse sin “un monto importante”, ya que el INE no tenía programado ningún otro proceso electoral en 2025, ni la obligación de depositar a partidos políticos gastos para campañas.
“Se puede llevar a cabo la elección, sin un monto tan importante, no hay financiamiento a partidos políticos, como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público, para hacer las campañas electorales. Entonces creemos que se puede hacer con menos recursos”, aseveró la presidenta.
La Junta General Ejecutiva del INE aprobó, el 1 de noviembre de 2024, un total de 13 mil 205 millones de pesos, como presupuesto para la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, que se llevaría a cabo el primer domingo de junio en 2025.
En una sesión extraordinaria, la Junta General Ejecutiva del órgano constitucional autónomo, que preside la consejera Taddei Zavala, determinó que dicho proyecto debería integrarse a la Cartera Institucional de Proyectos (CIP) y a las bases generales del Anteproyecto de Presupuesto del INE, para el ejercicio fiscal de 2025.
El 23 de octubre de 2024, con tres votos a favor y dos sufragios en contra, la Sala Superior del TEPJF avaló que el INE continuara con el desarrollo del proceso electoral. Sin embargo, el presupuesto se aprobó en la modalidad de “precautorio”, ya que no existía certeza plena de su realización, antes diversas resoluciones judiciales.
Además, el proyecto de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral no pasó por la Comisión Temporal de Presupuesto del INE, ya que ahí estaban representados los partidos políticos, que, según la reforma judicial, tenían prohibido participar en actividades de la elección de jueces, magistrados y ministros.
La Junta General Ejecutiva del INE está encabezada por la Presidencia del órgano constitucional autónomo e integrado por la Secretaría Ejecutiva, direcciones, coordinaciones y unidades técnicas del Instituto.
Según el proyecto, que tendría que ser avalado por el Consejo General del INE, contemplaba destinar el 52.7 por ciento de los 13 mil 205 millones de pesos, para el pago de personal, es decir, 6 mil 968 millones de pesos.
Mientras que otros 4 mil 326 millones de pesos serían destinados para servicios generales, y mil 113 millones de pesos para materiales y suministros. Entre ellos las boletas, urnas y demás papelería electoral.
En total, el INE pediría a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 40 mil 476 millones 56 mil pesos, mientras que otros 15 mil 295 millones 882 mil serían para sus actividades ordinarias, 4 mil 620 millones de pesos para una posible consulta popular y 7 mil 354 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos.
La Comisión Temporal de Presupuesto del INE debería presentar al Consejo General del Instituto, un anteproyecto con el presupuesto general que solicitaría para el ejercicio fiscal de 2025, mismo que debería ser turnado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que lo integrara en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año.
El 31 de octubre de 2024, la presidenta Sheinbaum Pardo realizó un llamado a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, para que revisaran el costo que tendría la elección de juzgadores del PJF, el primer domingo de junio de 2025.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró, además, que el costo de ese proceso electoral saldría de los fideicomisos del PJF.
“Que el INE también revise cuánto va a costar la elección el próximo año, porque escuché que decían 13 mil 500 millones, 13 mil millones, si habían dicho que eran 7 mil hace unos meses”, indicó la mandataria nacional.
Sheinbaum Pardo expuso que las elecciones para jueces, magistrados y ministros, por ejemplo, no tendrían financiamiento a partidos políticos, por lo que reiteró su llamado respetuoso, a los consejeros del INE, para que se revisara el costo del proceso.
“A ver, no va a haber financiamiento a partidos políticos, toda esa parte de una elección normal no viene, entonces, ahí un llamado respetuoso a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral para que revisen el costo de la elección, que ya dijimos que va a salir de los fideicomisos del Poder Judicial”, enfatizó la presidenta.
El 23 de octubre de 2024, con tres votos a favor y dos sufragios en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló que el INE continuara con el desarrollo del proceso electoral extraordinario para elegir a jueces, magistrados y ministros, que se llevaría a cabo el 1 de junio de 2025.
A favor votaron los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso -presidenta de la Sala Superior del TEPJF-, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera. Mientras que en contra sufragaron Janine Madeline Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón.
De la Mata Pizaña propuso, un día antes, un proyecto para que el Instituto Nacional Electoral continuara con la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros, que se llevaría a cabo el primer domingo de junio de 2025.
En el proyecto argumenta que “es constitucionalmente inviable” suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE, sin embargo, el mismo aún debería ser discutido y votado en la Sala Superior del TEPJF.
“Resolución que declara procedente la acción declarativa solicitada por el Instituto Nacional Electoral y determina que es constitucionalmente inviable suspender actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos electorales a cargo de esa autoridad respecto del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025”, se leía en el proyecto.
El magistrado destacó que los actos vinculados con el desarrollo y organización del proceso electoral para la renovación de los Poderes de la Unión, no podían detenerse por parte de la autoridad electoral, dado que devenían de un mandato y atribuciones expresamente conferidos por la Constitución.
Por ello, según De la Mata Pizaña, era “constitucionalmente inviable” detener la implementación de los procedimientos electorales a cargo del INE, en tanto existiera una norma que constitucionalmente le impusiera dicha atribución y mandato.
Asimismo, el magistrado advirtió que “concluir lo contrario implicaría paralizar a los entes del Estado, tanto de aquellos que tienen la atribución de organizar la elección y de los que tienen facultades para resolver las controversias que se susciten con motivo de la elección”.
En su proyecto, De la Mata Pizaña concluyó que era procedente la acción declarativa solicitada por el INE, que era constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE y como tercer punto que “no es materia de pronunciamiento ni de litis la validez, legalidad o eficacia de las actuaciones o resoluciones de suspensión emitidas por diversos jueces de amparo, por lo que esas determinaciones quedan intocadas en esta sentencia”.
El 18 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró pertinente que la consejera presidenta del INE, Taddei Zavala, pidiera a la Sala Superior del TEPJF, manifestarse respecto a los amparos interpuestos contra la elección del PJF.
“No está suspendido, lo que llamó la presidenta del INE, y creo que es pertinente, es a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudiera manifestarse en torno a estos amparos que se están recibiendo”, comentó la mandataria nacional, quien también destacó la importancia de aclarar qué instancia tenía la facultad final para determinar la validez de una elección.
“Es importante que se sepa, en el caso de elecciones, quien tiene la atribución final para determinar si procede o no una elección, decir si se realizó bien o mal, no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación […] Entonces lo que hizo la presidenta del INE, es decir, pedirle al Tribunal Electoral que se manifieste”, puntualizó Sheinbaum Pardo.
Ante el cuestionamiento respecto a si esta situación podría retrasar aún más la elección de jueces, magistrados y ministros de la SCJN, la titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que “no tienen sustento jurídico, no hay sustento jurídico”.
El 17 de octubre de 2024, Taddei Zavala señaló que iban a respetar las resoluciones judiciales ante las notificaciones de amparo emitidas por diversos jueces, contra la organización de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.
Sin embargo, la presidenta del órgano constitucional autónomo explicó que formalmente no estaba suspendido el proceso electoral, pero en el INE sí se encontraban en espera de la resolución por parte de la Sala Superior del TEPJF.
“El INE ha venido siendo muy prudente y no va a cambiar su actitud, creo que tenemos dos situaciones, una que nos mandata la propia Constitución. Nosotros tenemos que ser congruentes con el mandato constitucional y la otra es las notificaciones de amparo emitidas por jueces. A ambos se les debe respeto”, indicó Taddei Zavala, en una conferencia de prensa.
“Si esto se suspende de manera definitiva habrá de acatarse, pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes”, señaló la consejera presidenta del INE, quien también explicó que el órgano constitucional autónomo encontró la vía correcta, que, según ella, era el juicio electoral para presentarlo, y la máxima autoridad en materia electoral para resolverlo sería la Sala Superior del TEPJF.
Taddei Zavala detalló que, hasta el momento, llevaban 140 suspensiones emitidas por jueces, en las que les ordenaban suspender el proceso, mismos que se habían atendido y dado la respuesta correspondiente.
“Hemos sido respetuosos de las atribuciones de los jueces, ellos pueden emitir estos amparos, sin embargo, somos conocedores de que en materia electoral no proceden los amparos en materia electoral, no por eso no vamos a ser respetuosos de la competencia de los jueces”, agregó la consejera presidenta del INE.
