La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio trámite de publicidad, el 6 de noviembre de 2024, a tres dictámenes de reformas constitucionales que serían discutidos y eventualmente aprobados la próxima semana.
Entre ellas la de la extinción de siete órganos constitucionales autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación (MEJORADU).
Las funciones del INAI serían trasladadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) -cuya titular es Raquel Buenrostro Sánchez-, institución que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso transformar en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La COFECE sería integrada a la Secretaria de Economía (SE). El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), pasaría al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Además, la reforma planteaba la extinción de la CNH y la CRE, cuyas funciones serían transferidas a la Secretaría de Energía (SENER), así como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que pasaría a la Secretaria de Educación Pública (SEP).
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Asimismo, la Mesa Directiva de San Lázaro también dio publicidad al dictamen que proponía la ampliación del catálogo de delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa, al incluir la extorsión, narcomenudeo, producción y distribución de drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados, así como defraudación fiscal y la expedición o compra de comprobantes fiscales y facturas.
Un tercer dictamen al que la Mesa Directiva de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, prohibiría el maltrato animal, incluida la crianza y el aprovechamiento de animales para consumo humano, así como la obligación del Estado mexicano de garantizar el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales.
