Con 332 votos a favor, cero sufragios en contra y 119 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión avaló, el 21 de noviembre de 2024, en lo particular, una reforma en materia de simplificación orgánica, que propone la extinción de diversos órganos constitucionales autónomos.
Los sufragios a favor fueron emitidos por los legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM). Mientras que los votos en contra los emitieron los diputados federales de Acción Nacional (PAN), Revolucionarios Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
Las reformas y adiciones a 14 artículos de la Constitución extinguieron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación (MEJORADU).
Las funciones del INAI serían trasladadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) -cuya titular es Raquel Buenrostro Sánchez-, institución que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso transformar en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La COFECE sería integrada a la Secretaria de Economía (SE). El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), pasaría al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Además, la reforma planteaba la extinción de la CNH y la CRE, cuyas funciones serían transferidas a la Secretaría de Energía (SENER), así como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que pasaría a la Secretaria de Educación Pública (SEP).
La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados -el PVEM y el PT- presentó, durante la discusión en lo particular, una reserva al dictamen para crear un órgano descentralizado y con independencia técnica, que asumiría las funciones de la COFECE y el IFT, en materia de combate a los monopolios en los ámbitos económico y de telecomunicaciones.
Los legisladores de la autodenominada “cuarta transformación” propuso modificaciones al artículo 28 constitucional, para crear una “autoridad en materia de libre competencia y concurrencia”, que tendría como función prevenir, investigar y combatir monopolios, así como las concentraciones en todos los mercados, a fin de eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia.
Para ello, contaría con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de que estaría dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento. También garantizaría la separación entre la autoridad que investigaba y la que resolviera los procedimientos.
La reserva, presentada por Alfonso Ramírez Cuéllar -del grupo parlamentario de Morena-, agregó que las normas generales, actos emitidos o las emisiones en las que incurriera, podrían ser impugnadas únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serían objeto de suspensión.
Las facultades en materia de regulación asimétrica del IFT serían transferidas al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mientras que el resto de las funciones del Instituto pasarían a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que se creó como parte de la reestructura a la Administración Pública propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Ramírez Cuéllar indicó que con esta reserva se cumplía cabalmente con lo establecido por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que demandaba la existencia de un órgano regulador, que fuera técnicamente independiente en materia de competencia económica.
“Es una autoridad reglamentada por la legislación secundaria, pero que cumple cabalmente con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio, son órganos independientes, con facultades para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción, son órganos que nos van a permitir generar mayor competencia económica en el país”, señaló el legislador de Morena.
Ramírez Cuellar explicó que esta nueva autoridad tendría facultades para imponer multas, acotar periodos de investigación y llegar a acuerdos con el Poder Judicial de la Federación (PJF), para que las sanciones se determinaran de manera expedita.
El diputado federal de Morena confió que, con ello, aumentarían los niveles de competencia en el país, lo que, según él, generaría beneficios para consumidores, al promover una mayor participación en todos los mercados de bienes y servicios.
Por otra parte, el grupo parlamentario del PT presentó una reserva para incluir el litio en el artículo 27 de la Constitución, entre aquellos elementos en los que estaría prohibido otorgar concesiones.
Más temprano el mismo día, al referirse al avance en San Lázaro, de la iniciativa para desaparecer los órganos constitucionales autónomos, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que a los críticos de esta decisión se les olvidaban las corruptelas detectadas en algunos en el INAI.
Para explicar algunas de las razones que motivaron la determinación, la mandataria nacional mostró algunas conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en las que se dio a conocer que altos funcionarios del INAI les exigían entre 10 y 60 por ciento de sus salarios para incorporarlos al órgano constitucional autónomo, “pero esto no era problema para la estabilidad del país, porque era parte de la cultura, decían”.
Asimismo, la ASF detectó aviadores en el INA, además de que se identificó el nepotismo, ya que una auditoría forense detectó muchos lazos de parentesco para ocupar diversos cargos, la adecuación de requisitos para un puesto, para incorporar a ciertas personas o la definición de perfiles, para poder contratar personas recomendadas.
La titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que la transparencia iba a seguir existiendo, pero que ya no habría las corruptelas de antes, ni el gasto de mil millones de pesos anuales, además de que, según ella, se iban a proteger además los datos personales.
“Esto no era problema antes para los que defienden a capa y espada al INAI, se les olvidó la corruptela. Esto es [información] de la Auditoría Superior de la Federación […] Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo, lo que hace es acabar con esto [la corrupción]. Lo que ya no va a haber es mil millones de pesos que se destinaban para esto”, enfatizó Sheinbaum Pardo.
