Con 22 votos a favor, 10 sufragios en contra y 0 abstenciones, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado avalaron, el 26 de noviembre de 2024, el dictamen de la reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa.
Los diputados del grupo parlamentario de Morena, sumados a los del Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), votaron a favor. Los sufragios en contra fueron emitidos por los legisladores de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
Dicha reforma obligaría a los jueces a ordenar prisión automática en todo los delitos contenidos en el artículo 19 constitucional. Esto eliminaría su capacidad para evaluar otras opciones, sin importar los detalles de cada caso.
La prisión preventiva automática, también conocida como prisión “sin juicio”, obligaría a que personas acusadas de estos delitos fueran encarceladas automáticamente, mientras esperaban su juicio.
El dictamen aprobado consideraría como actividades ilícitas relacionadas con la extorsión, el contrabando, operaciones con facturas falsas, así como la introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
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Saúl Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Morena, advirtió que era prioritario “brindar a la población seguridad frente a los verdaderos excesos de estos crímenes” y rechazó que que la prisión preventiva oficiosa fuera un cheque en blanco “para encarcelar inocentes, al contrario, es labor del ministerio público acreditar con datos de prueba idóneos, la probabilidad de que el indiciado haya cometido el hecho delictivo”.
“No se puede pensar en una medida cautelar distinta cuando los grupos criminales organizados tienen la posibilidad de hacer que sus socios se sustraigan de la justicia. Es necesario asegurar a las víctimas u ofendidos en el proceso”, aseguró el legislador zacatecano.
Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, del PAN, destacó que esta reforma tenía un impacto directo en la ciudadanía, porque, según él, se trataba de un “atropello a los derechos humanos” y no se discutía si se pretendía meter en la cárcel a los traficantes de fentanilo.
El legislador queretano destacó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamaban a dicha figura jurídica, como “prisión preventiva automática”.
“Por el simple hecho de que el delito que se imputa está en el catálogo del 19, la persona se va dos años a la cárcel; es una violación brutal a los derechos humanos, es una violación brutal a la presunción de inocencia. Es absolutamente injusta”, defendió Anaya Cortés.
En su turno, Alma Carolina Viggiano Austria, del PRI, indicó que no se trataba de eliminar la prisión preventiva, sino de ampliar el catálogo con 22 delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa. “Eso significa que hemos fracasado”, ya que, según ella, sólo agudizaría la impunidad.
En tanto que Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, anticipó el voto en contra de los senadores de su bancada, tras considerar que el dictamen era incompatible con los derechos humanos y la presunción de inocencia.
“El Senado debe de rechazar una reforma que contraviene derechos humanos, y priorizar medidas que realmente fortalezcan nuestro sistema de justicia penal, como la capacitación de nuestras fiscalías, la mejora de las Defensorías Públicas, la promoción de las alternativas a la presión preventiva, o mínimo contemplar la prisión preventiva justificada antes que la automatización de la presunción de culpabilidad, que deriva de la oficiosa”, sentenció el legislador neolonés.
