Antes de ser privada de la vida a manos de su expareja, el 24 de septiembre de2020, Lucero Rubí Ojeda Huerta denunció violencia familiar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en San Quintín, pero sus súplicas no fueron escuchadas por los oficiales a quienes pidió auxilio.
Cuatro años más tarde, se inauguró el Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM) en ese municipio, el cual cuenta con una sala en su honor, para no olvidar la importancia de la voz de las mujeres cuando necesitan ayuda de las autoridades.
La mañana del martes 29 de octubre, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda cortó el listón para inaugurar el CEJUM, que tuvo una inversión de 38.5 millones de pesos y está ubicado en la calle Juárez de la colonia Lázaro Cárdenas. “Lo que buscamos es erradicar la violencia feminicida y que el nuevo centro de justicia ayude a reducir las violencias que existen”, apuntó.
Durante el evento, la mandataria informó que el centro inició operaciones con alrededor de 100 expedientes, de los cuales el 80 por ciento corresponden a denuncias por violencia familiar.
“Una de las recomendaciones de la alerta fue la construcción del centro de justicia, lo que viene a resarcir una deuda histórica que se tenía con las mujeres para que aquí mismo, bajo el mismo techo y con la debida diligencia, se atienda a todas las mujeres”, indicó.
Las instalaciones incluyen una sala de juicios orales con un juez de control, salas de talleres productivos, una sala de empoderamiento, un área de fiscalía, consultorios, una farmacia, lactarios y cuneros, ludoteca, boutique, sala de terapia grupal y atención psicológica.
Además, incluirá un condominio albergue con dormitorios, lavandería, comedor, sanitarios, patio de tendido y área verde. La construcción abarca una superficie de cinco mil metros cuadrados y mil 460 metros de construcción.
Magdalena Bautista, directora general del CEJUM, indicó que desde finales de enero del 2024 están trabajando en oficinas alternas y han atendido a más de 100 mujeres.
El crimen de Rubí se registró la mañana del jueves 24 de septiembre de 2020, cuando su expareja y padre de su hijo, Pedro Martínez Castro, ingresó armado y vestido de enfermero -sin serlo- al Isesalud, dependiente del Centro de Salud de la delegación Vicente Guerrero, donde Rubí trabajaba como promotora social. Una vez dentro, le disparó y luego se suicidó en el baño.
En la inauguración del edificio estuvo presente el hijo de Rubí, quien a sus apenas 12 años ha estado luchando para erradicar la violencia de género. Así lo expresó el menor en el micrófono ante cientos de personas, que se sorprendieron por su capacidad de exigir justicia, no solo para las mujeres, sino también para los hombres que son violentados.
María Luisa, madre de Rubí, compartió unas palabras para expresar lo difícil que ha sido la vida en estos últimos años, luchando para que su hija no sea olvidada. Recordó que, en su momento, cuando Rubí recibía amenazas por parte de su pareja, se dirigieron a las autoridades, pero no les hicieron caso.
Antes de su muerte, Rubí había mencionado que estaba siendo amenazada. Se levantó una denuncia, pero no se supo qué pasó con ella, ya que en la fiscalía nunca les dieron respuestas. Aunque detuvieron al agresor, lo liberaron rápidamente.
“Esta falta de atención contribuyó a que su pareja la asesinara. Desde ese momento organizamos reuniones para que se prestara atención a la violencia contra las mujeres, ya que no queremos que otras madres sufran el dolor que sentimos al perder a un ser querido”, platicó.
“A pesar del dolor, estamos orgullosos de que el hijo de Rubí esté avanzando en la escuela. Ha recibido algunas ayudas, y estamos al pendiente de su bienestar. Rubí era una persona muy querida; trabajaba como promotora de salud y todos la apreciaban. Su ausencia ha dejado un vacío inmenso en nuestras vidas, pero seguimos adelante en su memoria, luchando para que esto no vuelva a suceder”.
FGE contrató peritos traductores en tres dialectos
La Fiscal General, María Elena Andrade Ramírez, presentó a las tres mujeres que serán las encargadas de traducir los testimonios de las féminas violentadas.
“Al estar una gobernadora al frente y una fiscal del Estado, tenemos la sensibilidad, sobre todo, por aquellos grupos más vulnerables”, comentó, junto con la directora Magdalena Bautista. Agregó que ahí tienen oficinas de la Fiscalía del Estado de San Quintín.
En apoyo a las labores hay personal de la fiscalía, como auxiliares, peritos médicos y agentes ministeriales. También resaltó que, hace tres meses, viendo la necesidad, implementaron los programas “Fiscal Enlace Contigo”, “Ministerio Público Enlace” y “Centro de Denuncia Tecnológica”, donde hay unidades móviles para que las interesadas tengan acceso a la denuncia y lleguen a lo más recóndito de San Quintín, que abarca desde Camalú hasta el Paralelo 28 en Villa Jesús María, pasando por todos los campos agrícolas, que son el principal medio de trabajo de la comunidad.
Como parte de la plantilla laboral de la FGE se encuentran tres mujeres que serán peritos traductores en zapoteco, mixteco y triqui. Ellas son: Verónica Solano, Victoria Pérez Carreño y Amalia Ramírez Martínez.
