Este martes 19 de noviembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral (IEE), conformada por los consejeros Vera Juárez Figueroa, Olga Viridiana Maciel Sánchez y Abel Alfredo Muñoz Pedraza, pero en la que además existe representación de los diversos organismos políticos del Estado, ordenó al Poder Ejecutivo, dirigido por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, retirar toda la propaganda instaurada con relación al III Informe de Labores de la mandataria, en un periodo de cinco días a partir de la notificación.
En una sesión privada -porque dichas comisiones se implementan con nula transparencia- se analizó un recurso interpuesto por el representante del PRI, Joel Abraham Blas Ramos, con número IEEBC/UTCE/PSO/03/2024, donde denunció que la mandataria estatal mantuvo la propaganda y promoción personalizada por encima de los 13 días que la Ley le permite, con relación al III Informe de Labores.
Como prueba, el PRI presentó documentos, fotografías de 20 espectaculares y un alegato donde refería que la imagen de la mandataria y la presunción de sus obras, continúa hasta este momento en todas las calles de Baja California, a pesar de que tendrían que haber sido removidas a partir del 14 de noviembre.
Luego de un análisis, y pese a la negativa del representante de Morena, Juan Manuel Molina, la comisión determinó otorgar medidas cautelares en contra de la acción y dio aviso al Poder Ejecutivo para que retirara toda la propaganda distribuida en todo el Estado, además de iniciar una investigación al respecto para determinar sí hubo irregularidades.
El hecho podría parecer minúsculo, pero según el representante del PRI, es la tercera vez en tres años que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda es requerida por el IEE para exigirle que retire su propaganda electoral, a sabiendas que sólo cuenta con 13 días de promoción personalizada al año.
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Es decir, existe una conducta reiterada por parte del equipo de la gobernadora para extenderse más allá de los límites permitidos por la Ley, por lo que, a decir del abogado y denunciante, ya existe un dolo por parte del Estado.
Sin embargo, tanto en estos como en otras quejas e impugnaciones presentadas por el PAN durante este año, Ávila Olmeda ha encontrado cobijo del Congreso del Estado y/o de las leyes estatales, pues aunque que los tribunales electorales dan parte al Poder Legislativo, éste -según el diputado Juan Manuel Molina- carece de facultades para sancionar a la mandataria estatal, pues refiere que sólo el Congreso de la Unión puede emitir sanciones contra la figura política más importante del Estado.
Mientras existe una negativa del Poder Legislativo para abrir expedientes, los tribunales locales y federales en materia electoral no dan seguimiento a sus propias sanciones, lo que se concreta en impunidad para intervenir en los procesos y/o violar la Ley.
SANCIONES, A LA “CONGELADORA”
Del 2022 a la fecha, partidos políticos han presentados seis quejas en contra de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, por temas relacionados en materia electoral, ya sea durante el proceso o fuera del mismo. En la mayoría se han presentado medidas cautelares o incluso se ha inscrito a la mandataria en el padrón de funcionarios sancionados por cometer acciones irregulares o violar la ley.
Sin embargo, la mayoría de estos casos recaen en el Congreso del Estado, donde se vuelven parte de la papelería reciclada para la institución, pues no se analizan ni en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) ni en la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional.
Para ser concretos, a Ávila Olmeda se le ha encontrado responsable de promoción personalizada, de uso de recursos públicos para promover acciones políticas, entre otras cuestiones, y en ellas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado al Poder Legislativo emitir sanciones concretas.
Entre ellos se encuentran los registrados en los expedientes SRE-PSC-200/2022 y el SER-PSL-28/2022 presentados por el PAN, donde se le señaló por participar en un evento proselitista; y por promover la revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un video y de oficios hacia todo el personal del Poder Legislativo, lo que los magistrados de Sala Superior consideraron que se trataba de una violación a la Ley Electoral debido a que se confirmó que la gobernadora vulneró “las reglas de promoción del proceso de revocación de mandato, y, en consecuencia, la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, y el uso indebido de recursos públicos por parte de la gobernadora de Baja California, en términos de lo razonado en la presente sentencia”, y por ende, se ordenó su inscripción como infractora en el catálogo de sujetos sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos Especiales Sancionadores “de la página de internet de esta Sala Especializada”, refiere la sentencia.
Además, se establece que “de conformidad con el artículo 457 de la Ley Electoral, lo conducente es dar vista con las constancias digitalizadas del expediente y de la presente a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California para que, con base en el marco constitucional y legal que resulta aplicable, determine lo que corresponda con motivo de las infracciones que han quedado acreditadas en el presente fallo atribuidas a la gobernadora del Estado de Baja California”.
En la otra denuncia originada por un evento realizado en el Estado de Durango, donde la mandataria estatal acompañó a la entonces candidata Marina Vitela, el 22 de mayo del 2022, nuevamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que sólo su asistencia en este evento realizado el domingo ya representaba una irregularidad, pero al promover su voto y presumirla como próxima gobernadora, representaba una intervención directa en el proceso electoral, lo cual provocó un análisis del tribunal que concluyó en una sanción.
Sala Superior turnó el caso al Congreso de Baja California para que emitiera una sanción sin brindar parámetros, debido a que había violado los principios de equidad e imparcialidad. Sin embargo, nunca se concretó.
Dos años después, en el proceso electoral 2024, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda volvió a someterse al escrutinio de los tribunales electorales cuando el PRI interpuso un recurso que concluyó en la sentencia del expediente SRE-PSC-282-2024 de la Sala Regional Especializada, donde -de nuevo- se concluyó en que hubo uso de recursos públicos e inequidad en la contienda por parte de la mandataria.
Estos casos recaen en dos conferencias de prensa mañaneras del 9 de enero y 15 de febrero, donde Ávila Olmeda fue cuestionada por los medios de comunicación sobre el proceso electoral interno de Morena, a lo que respondió de forma extensa, e incluso más de lo que se originó en el cuestionamiento de los medios de comunicación.
Y es que en ambas conferencias habló de su preferencia por que la ciudadanía vote en favor de Jaime Bonilla Valdez por el PT que por las ofertas del “PRIAN”, además de hablar sobre la forma en que se llevaría a cabo el proceso interno del vinotinto.
Una vez más, luego de un estudio complejo, la Sala Regional Especializada consideró que Ávila Olmeda había violado la Ley y usado recursos públicos para promover su mensaje, pues lo hizo desde la tribuna de la mañanera, en las oficinas gubernamentales y utilizando la infraestructura electoral. También se le inscribió -de nuevo- en el catálogo de servidores públicos sancionados.
Sin embargo, pese a que el Congreso del Estado fue notificado sobre la determinación del tribunal electoral, el caso nunca se revisó por parte de los legisladores de mayoría morenista.
A estas sanciones concretas se le suman otras tres medidas cautelares interpuestas por órganos electorales debido a que había probables violaciones a la Ley, como el hecho de que en videos de redes sociales la mandataria promovió la imagen de aspirantes a candidatos como Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán y Norma Alicia Bustamante; o bien, las sanciones derivadas de mantener por mayor tiempo la propaganda de su informe de labores, algo que está definido claramente en la Constitución y la Ley de Comunicación Social.
NO ESTAMOS FACULTADOS PARA SANCIONAR: MOLINA
Pese a que tanto abogados del PAN como el propio Joel Abraham Blas Ramos, consideraron que existen conductas reiteradas por parte de la gobernadora para violar la Ley, y que el Poder Legislativo ha sido instado en reiteradas ocasiones a sancionarla, el diputado Juan Manuel Molina asegura que carecen de facultades para presentar algún tipo de sanción.
En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política, aseveró que el artículo 93 no contempla al titular del Poder Ejecutivo para sanción por parte del Legislativo.
“La resolución emitida por las salas de responsabilidades en infracciones electorales, por formato los envía a los congresos locales, pero la Constitución de Baja California no puede sancionar al titular del Poder Ejecutivo; de hecho no hay en el artículo 93, no se encuentra el titular del Poder Ejecutivo, las facultades y la ley expresamente las conceden. Sí está fuera de nuestras atribuciones cómo le aplicamos, eso debe analizarse en el tribunal electoral: cuál es el camino y dirección correcta cuando se busque una sanción a la figura del Poder Ejecutivo, porque en la Constitución o la Ley Orgánica no se puede; regidores, diputados o alcaldes, sí”, refirió el legislador.
Según lo referido por Molina García, el único ente que pudiera sancionar al titular del Poder Ejecutivo del Estado es el Congreso de la Unión, por lo que es responsabilidad del tribunal electoral dirigir las sanciones hacia el ente encargado.
Agregó que no hubo propiamente una sanción contra la gobernadora respecto a la promoción personalizada en torno al III Informe de Labores, sino que se trata de una medida cautelar que sólo impactará a las 20 carteleras denunciadas por parte de Blas Ramos, a quien -aseguró- tiene demasiado tiempo libre luego de no haber sido electo como Regidor.
Por su parte, el representante del PRI aseveró que otros Estados como Nuevo León, diputados han tenido la capacidad de sancionar al propio mandatario Samuel García, por violaciones a la ley electoral, lo que demuestra que cuentan con facultades para hacerlo.
“Hay mecanismos para sancionar a los servidores públicos, separación del cargo, juicio político; pero pesa el partido de ascendencia que no quieren tocar ni con el pétalo de una rosa a la gobernadora”, refirió el representante del PRI, quien aseveró que las conductas de Ávila Olmeda han sido reiteradas y a sabiendas de que el Congreso morenista no la va a sancionar, decide mantenerlas hasta que algún ente le exija lo contrario.
“El Estado hace un despliegue de una exagerada cantidad de recursos para posicionarse en bardas a lo largo de los procesos electorales; no lo retira a menos que haya una resolución y vamos a impugnar porque no se da una tutela preventiva, una orden para que la gobernadora se abstenga de realizar estas acciones que ya son reiteradas”.
Tras estos episodios, el tricolor ha tomado la decisión de presentar un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para denunciar la inejecución de la sentencia, y así, solicitar a los diputados que emitan un posicionamiento al respecto.
