La historia de México está marcada por hitos que han definido el rumbo de la nación. Uno de ellos es, sin duda, la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de 1824. Este documento no sólo marcó la consolidación de la independencia del país; también estableció la estructura de un gobierno republicano y federal, dividido en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Inspirada en las constituciones de Cádiz y de los Estados Unidos de América, esta Constitución sentó las bases para un sistema de frenos y contrapesos destinado a evitar la concentración del poder.
A pesar de su importancia, la Constitución de 1824 no contemplaba de manera explícita derechos como el de acceso a la información. Serían necesarios más de 150 años de avances para que éste fuera reconocido en el marco constitucional mexicano. Fue en 1977, con la reforma al artículo 6to. de la Constitución de 1917, cuando se reconoció como un derecho. Este hecho se instauró, entonces, como el punto de partida de la transparencia que hoy disfrutamos en el país.
No obstante, la mera inclusión del derecho de acceso a la información en la Constitución no fue suficiente para transformar la relación entre el Estado y la ciudadanía. La consolidación de una verdadera cultura de la transparencia ha requerido un esfuerzo sostenido por parte de la sociedad, así como la creación de un andamiaje institucional que permite su ejercicio pleno. Por ello, la promulgación de la primera Ley Federal de Transparencia en 2002 representó un punto de inflexión en este proceso. Impulsada por la exigencia de un sector de la sociedad civil, esta Ley simbolizó la madurez de la ciudadanía y su capacidad para incidir en la agenda pública, estableciendo un marco normativo que obliga a las entidades gubernamentales a transparentar su información.
Posteriormente, la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia representó otro paso significativo, ya que no sólo fortaleció las facultades del organismo garante correspondiente, sino, sobre todo, elevó el acceso a la información para ser un derecho constitucional, extendió la obligatoriedad de la transparencia a todos los entes públicos y abrió la puerta a una nueva forma de interacción gobierno-sociedad: el gobierno abierto. Esta modalidad de gobernanza se basa en la transparencia proactiva, la participación efectiva y la colaboración entre gobierno y sociedad para la construcción de políticas públicas.
Estos cambios implican que la transparencia no se limita a lo establecido por Ley, sino también a la divulgación proactiva de información no obligatoria y la generación de espacios para la participación activa de la ciudadanía en el ejercicio de lo público.
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Hoy, el derecho de acceso a la información es reconocido como un pilar fundamental de la democracia en México. Por ello, a 200 años de la promulgación de la primera Constitución -la de 1824-, es pertinente reflexionar sobre la necesidad de evolucionar hacia un modelo de ejercicio del poder público, que promueva la transparencia proactiva y la participación efectiva como columnas fundacionales.
Este bicentenario de la Constitución de 1824 nos invita a discernir sobre los avances en la democracia mexicana. La división de Poderes, establecida en aquel entonces, y el reconocimiento del derecho de acceso a la información, logrado 153 años después en 1977, son pilares de nuestro actual sistema político. Sin embargo, para que México siga avanzando hacia una rendición de cuentas efectiva, es imprescindible continuar fortaleciendo la participación y la confianza en las instituciones.
El verdadero reto radica en construir un Estado abierto donde la ciudadanía no sólo tenga el derecho a saber, sino también el poder de incidir en la toma de decisiones públicas; esto es, un Estado que sea capaz de escuchar, responder y actuar en beneficio de su sociedad. Sólo así podremos avanzar hacia una democracia plena, en la que la apertura institucional sea el eje rector en la construcción del futuro de México.
Adrián Alcalá Méndez es bajacaliforniano, comisionado presidente del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales).
