Con 78 votos en favor y 39 sufragios en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó la convocatoria pública para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección que se realizará el primer domingo de junio de 2025, en la cual se elegirán los cargos de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, ordenó publicar la convocatoria en la Gaceta Parlamentaria del Senado, en un diario de circulación nacional, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y “en una de las páginas más honrosas de nuestra patria”.
Los requisitos y bases para la elección de 881 cargos de integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), mismas que se elegirán el primer domingo de 2025, 5 ministras y 4 ministros de la SCJN; 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
Así como una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como 10 magistradas y 5 magistrados de las Salas Regionales del TEPJF.
Además de 464 cargos a elegir para magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito; magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Apelación, que se señalaban en los apartados correspondientes a cada circuito judicial del país. Asimismo, 386 cargos a elegir para jueces y juezas de Distrito, que se indicaban en cada uno de los apartados correspondientes a cada circuito judicial del país.
Tras la votación, Fernández Noroña destacó que era “una convocatoria histórica, ningún país del mundo elige a todas sus personas juzgadores y desde México se abre un nuevo camino para la humanidad en la democratización del Poder Judicial de las naciones. Felicidades senadores y senadoras por tan importante y relevante determinación”.
El 14 de octubre de 2024, el Pleno de la Cámara de Diputados de la Unión avalaron los cambios a la Ley de Procedimientos Electorales y a la Ley de Medios de Impugnación, esto con el fin de que se tuvieran las reglas antes de que el Senado emitiera la convocatoria para la elección judicial.
El 7 de octubre de 2024, durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), detalló las fechas clave del proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, que se incluyeron en las iniciativas que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Senado.
16 de octubre de 2024, Senado emite convocatoria general para los Poderes. El 31 de octubre del mismo año, la instalación de Comités de Evaluación. El 4 de noviembre, la publicación de convocatorias para la ciudadanía. El 24 de noviembre, inscripciones de aspirantes. El 15 de diciembre, comités verifican requisitos de elegibilidad.
El 31 de enero de 2025, los comités realizan entrevistas y seleccionan finalistas idóneos. El 4 de febrero del mismo año, poderes determinan conformidad de finalistas y devuelven a comités. El 5 de febrero, comités insaculan, depuran listados y devuelven a poderes. El 7 de febrero, los poderes aprueban listados depurados y los remiten al Senado. El 12 de febrero, el Senado integra, revisa y remite listados al Instituto Nacional Electoral (INE).
Además, Godoy Ramos detalló que la votación popular para elegir a los juzgadores se llevaría a cabo el 1 de junio de 2025 y sería el INE y los organismos locales, los encargados de organizar todo el proceso.
Asimismo, la funcionaria federal dijo que los aspirantes podrían participar de manera simultánea, en dos o más convocatorias emitidas en los poderes para el mismo cargo, por circuito o circunscripción. Detalló que al INE “le toca aprobar la boleta [electoral], administrar el tiempo en radio y televisión y emitir reglas y pautas para garantizar el derecho”, tanto del voto, como a ser votado.
Según la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al INE y a los organismos locales también les corresponderá organizar foros de debate “y establecer las bases para que el sector público o privado brinden espacios de manera gratuita para la difusión de la elección”.
Además, al INE y a los organismos locales deberán vigilar que ninguna de las personas que participaran en la elección de jueces, magistrados o ministros, recibiera financiamiento público o privado durante su promoción, así como determinar los topes máximos en gastos de campaña y garantizar que nadie contrate espacios en radio, televisión, internet o cualquier medio de comunicación, para promocionarse.
