Familiares de Gabriel Cintura Castellanos, agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada emboscado y asesinado por sicarios en el Valle de Guadalupe la noche del viernes 16 de febrero del año en curso, no han recibido indemnización.
Este atentado ocurrido en la gasolinera de San Antonio de las Minas fue uno de los más sangrientos suscitados en la Ruta del Vino, cuando un grupo de cuatro corpulentos tiradores fuertemente armados y en vehículo de reciente modelo acabaron con la vida del policía, y su compañero, Raúl Alberto Iturrios Madueña, de 47 años, resultó lesionado.
Unas semanas después, la Fiscalía General del Estado (FGE) emprendió una serie de órdenes de aprehensión contra un oficial de Seguridad Pública por su presunta colaboración con cárteles de la droga que operan dentro de la Ruta del Vino.
Sólo dos de los cuatro agentes fueron arrestados e imputados: Ricardo Dávila, de 30 años, y Brayan Isaac, de 25. Los otros dos, identificados como Misuky Jazmín Saray Wuinkler y su pareja sentimental, José Francisco Vea Terán, se encuentran prófugos.
La detención de los ex agentes municipales de Ensenada, Carlos Javier N, Raúl Miguel N y Esteban N se efectuó el 29 de agosto, en cumplimiento de órdenes de aprehensión.
La estructura criminal de la zona del Valle de Guadalupe es controlada por el grupo Los Lara, a cargo de Daniel Lara Lozano alias Dany, a quien ubican como jefe de grupo u operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ruta del Vino, según se desprende de información en poder de las corporaciones.
El índice de homicidios dolosos es de 102, de los cuales 18 corresponden a mujeres que han perdido la vida de manera violenta, la mayoría feminicidios.
La situación de seguridad pública en Ensenada requiere de una reestructuración en materia de prevención, y según dirigentes de las asociaciones civiles que representan a los agentes, faltan resultados efectivos y detener la creciente carga de trabajo.
POCOS RECURSOS, MUCHA CARGA LABORAL
Un elemento de seguridad en la zona Norte, quien prefirió no revelar su nombre, contó a ZETA cómo brindan seguridad sólo con una patrulla en dos de los sectores más conflictivos de Ensenada.
Lamentó no poder cubrir todas las llamadas de emergencia y dar prioridad a las consideradas de alto riesgo, como las de violencia intrafamiliar, pero el problema es cuando se juntan dos o más llamadas de este tipo.
También indicó que los problemas abarcan desde el incremento de delitos como el robo de vehículos, robo domiciliario, robo a comercios, violencia intrafamiliar y narcomenudeo, hasta la falta de claridad en las funciones de varios grupos especiales.
Efraín Ávila Cruz, presidente de la Asociación Pro Dignificación Policial y su Comunidad, explicó que desde la implementación del sistema de justicia penal, la carga de trabajo para los policías ha aumentado considerablemente.
Como primeros respondientes, están obligados a levantar denuncias, registrar testimonios de testigos y resguardar evidencias, siguiendo el protocolo de cadena de custodia.
En casos de homicidio, deben esperar hasta cuatro horas a que lleguen Ministerio Público y los peritos. “Eso es lo mejor que nos puede pasar”, afirmó el oficial, quien agregó que a menudo, la respuesta es aún más lenta.
A pesar de la proliferación de grupos especializados en la lucha contra el crimen, los resultados son escasos. “Más que resultados, estos grupos sólo se dedican a hacer estadísticas”, comentó la fuente.
Tal es el caso del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), cuya función exacta sigue siendo incierta para muchos dentro de la propia corporación. Además, la Policía Turística en la ciudad apenas es visible, salvo en eventos especiales.
Otra medida que ha generado dudas, es la instalación de torres de control con cámaras de vigilancia. Sin embargo, no se ha dado a conocer cuántos elementos fueron asignados al monitoreo de estas cámaras, ni se ha proporcionado información sobre los resultados obtenidos.
“La DSPM no da a conocer los datos del Centro de Operaciones Policiales (COP), y parece que las torres con cámaras tampoco están funcionando”, declaró la fuente, añadiendo que tampoco se informó adecuadamente sobre el personal asignado al monitoreo del sistema CM5.
Ávila Cruz estimó que el número de policías activos es otro aspecto preocupante, ya que actualmente se estima que la DSPM tiene 750 elementos, cifra que continúa disminuyendo.
Aunque ingresan entre 25 y 30 nuevos agentes al año, entre 30 y 40 salen anualmente, ya sea por jubilación, cesantía o, en algunos casos, estar involucrados en actividades delictivas, incluso algunos son abatidos.
Esta constante disminución de personal ha afectado la capacidad de vigilancia preventiva, con menos patrullajes en áreas comerciales y educativas.
El equipamiento también es insuficiente, y en algunos casos, los oficiales están obligados a utilizar sus teléfonos personales para comunicarse ante la falta de radios de comunicación.
Otro descontento es la falta de cumplimiento de las prestaciones laborales que establece la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de Baja California.
En 2017, en su gestión como diputada, la actual presidenta municipal de Ensenada, Claudia Agatón, lanzó un exhorto para que se cumplieran esas prestaciones, sin que haya avances a la fecha. Apoyo de gastos funerarios, seguros de vida, becas para hijos de policías y bono de riesgo son otorgados de manera tardía o con excesivos requisitos.
“Este desorden administrativo no sólo afecta el bienestar de los oficiales y sus familias, también desmoraliza a los elementos. Muchos enfrentan procedimientos administrativos por incumplimientos que, según la fuente, son atribuibles a errores de los altos mandos y no a los propios oficiales”, sostuvo el ex policía Ávila Cruz.
QUITAR ESTIGMA AL VALLE DE GUADALUPE: ALVA URÍAS
El tema del Valle de Guadalupe es de interés general no sólo para la Policía Municipal, respondió el nuevo jefe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Martín Álvaro Alva Urías.
En medio de una crisis donde la FGE ha solicitado órdenes de aprehensión contra policías municipales con presuntos nexos delictivos en el Valle de Guadalupe, consideró la necesidad de que éste deje de tener el estigma de inseguridad.
Lo primero que hará, dijo, será buscar un acercamiento con la Policía en esas delegaciones para trabajar de la mano con ellos, incluso no dudó en buscar mejores incentivos económicos para la corporación.
Sobre la depuración, en este momento hay muchos elementos municipales responsables “y no por dos o tres agentes irresponsables van a pensar en depurar una institución”, advirtió.
“Lo importante es hacer un análisis, tengo que sentarme a realizar evaluaciones y sobre eso tomar decisiones, por eso hablar de una depuración al exterior sería muy aventurado”, insistió el jefe de la corporación, para concluir:
“Los que estamos del lado de las armas tenemos espíritu que va acompañado de un sentido de pertenencia. Si perteneces a algo y logramos un espíritu del cuerpo, vamos a unirnos no sólo como Policía Municipal, sino con el resto de las autoridades”.
