Desde que inició la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, 38 procedimientos administrativos contra notarios se han presentado en Baja California, pero sólo en tres casos se ha culminado en sanción, las cuales rondan los 70 mil y 140 mil pesos. La mayoría de las denuncias se deben a retrasos injustificables para la entrega de escrituras públicas, entre otras conductas.
De estos casos, seis continúan en investigación, según la Dirección del Archivo General de Notarías de Baja California.
Mediante una petición de Acceso a la Información con número de folio 021167624000340, ZETA logró conocer información relativa a las sanciones y presuntas irregularidades cometidas por un sector de la abogacía, cuyas prácticas son pocas veces analizadas o cuestionadas, pero representan un servicio de fe pública para diversas cuestiones, desde dejar asentados actos, hasta trámites de grandes bienes con sustanciales cuantías.
Como titulares del Poder Ejecutivo del Estado, en su respectivo momento, tanto Francisco Vega de Lamadrid como Jaime Bonilla Valdez conocían el impacto y trascendencia de lo que representa el otorgamiento de patentes para fe pública, pues ambos se vieron involucrados en supuestos episodios de corrupción y favoritismo en la entrega de patentes; el primero al término de su sexenio, y el segundo por ser partícipe de la construcción de un imperio notarial para la familia del difunto ex gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera.
Además de las pocas medidas sancionatorias, normalmente los casos que se presentan en contra de los mismos se extienden por más de un año de forma cuestionable, debido a que -según el Artículo 195 BIS de la Ley de Notariado de Baja California-, a los notarios que resulten sancionados en tres ocasiones durante un mismo año, se les retirará la patente, pues es una conducta que se considera grave.
Abogados discrepan en opiniones sobre el actuar del sector notarial de Baja California, pues mientras unos consideran que se trata de un servicio caro y deficiente, otros creen que ha mejorado. Sin embargo, coinciden en que si no hay sanciones, no es por una cuestión ajena al marco jurídico, sino al actuar del Estado.
NOTARIOS SANCIONADOS
De las 38 denuncias emitidas contra los encargados de brindar fe pública en BC, sólo tres han recibido sanción y otros seis permanecen bajo proceso; la mitad podrían hacerse acreedores a una multa.
Según información de Transparencia, las tres denuncias en que se emitió sanción fueron las registradas el 15 de enero de 2022, según el expediente PRO/ADMVO/DAGNE/1/2022, interpuesto por el conocido abogado y político panista Juan Marcos Gutiérrez González, contra el Notario Público 37 de Tijuana, Guillermo González Castañeda.
El connotado político que aspira a ser secretario general del Partido Acción Nacional en el próximo proceso interno, presentó una queja contra el patentado, debido al “retraso injustificado por causa imputable al notario, de un trámite notarial del servicio solicitado, al no enterar a las autoridades los impuestos y derechos recibidos en ejercicio de su función notarial”.
El abogado presentó una queja debido a que había realizado una diligencia relacionada con una propiedad y cumplió con todos los pagos con el Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI) y requisitos que se entregaron al acusado.
Por cuestiones que no se pudieron explicar, el notario simplemente no cubrió el pago de impuestos correspondiente, ni con el proceso de inscripción de la propiedad, lo que evidentemente impide al ofendido realizar diligencias con la propiedad.
Luego de presentar una denuncia por escrito ante la Dirección del Archivo General de Notarías, a cargo de Marco Antonio Iriza Lizárraga, el cual prolongó la investigación por varios meses, gracias a la constante presión del jurista no hubo otra salida que presentar una sanción contra el encargado de brindar la fe pública, la cual se materializó el 21 de septiembre de 2023 (casi dos años después), quien se hizo acreedor a una multa de 750 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que representó un monto de 77 mil 805 pesos.
No habían pasado ni dos semanas de presentada la primera denuncia cuando el 26 de enero del mismo año, el señor Héctor Hebert Ramos, se querelló contra el Notario 14, Arturo Blas Elizondo Corral, de Tijuana, por exactamente el mismo motivo. Ese 21 de septiembre se le impuso una multa de mil 300 UMA, que asciende a 134 mil 863 pesos.
La última sanción se llevó a cabo también el 21 de septiembre de 2023, en contra de la Notaría Número 22, a cargo de Graciela Pérez Gutiérrez, de Mexicali, debido a que (según el expediente PRO/ADMVO/DAGNE/2/2023) cobró “honorarios por montos superiores a los establecidos en el arancel notarial”, por lo que también se le impuso una multa de mil 300 UMA.
El 21 de septiembre de 2023 fue la última vez que se emitió una sanción contra los notarios del Estado, por quejas presentadas en 2022. No fue hasta julio de 2024 cuando se abrió la posibilidad de otra sanción en contra del notario González Castañeda, de la Notaría 37 de Tijuana, por prácticamente la misma irregularidad cometida en 2022 y sancionada en 2023.
Según los expedientes PRE/DAGNE/ 007/2024 y PRE/DAGNE/008/2024, presentados por los señores Armando y Jesús Roberto Burgos Molina, el denunciado no expidió el respectivo testimonio derivado de la falta de pago de impuestos.
El documento refiere que se inició un procedimiento de responsabilidad contra el encargado de la patente. Sin embargo, han pasado varios meses y no se ha emitido sanción correspondiente.
En su Artículo 195 BIS, la Ley de Notariado contempla tres sanciones cometidas durante un mismo año serían consideradas una conducta reiterada con la consecuencia de perder la patente. A ello se debe agregar que el propio González Castañeda fue denunciado nuevamente en enero de 2024 por los ciudadanos José Cortez Ojeda y Sugeiri Urbina Gil, al nuevamente retrasó el procedimiento por causas relativas al notario. Sin embargo, no fue sancionado, al considerarse que no tuvo “impulso procesal del
quejoso, transcurriendo el término de prescripción”; es decir, el denunciante no siguió con el caso, pero no hay constancia de que se haya llegado a un acuerdo o conciliación. Simplemente pasó un año sin que se le diera trámite al caso sin presión del quejoso.
NO PAGAN PORQUE “JINETEAN” EL DINERO: ABOGADO
El resto de las denuncias presentadas en contra de notarios es prácticamente en el mismo sentido, pues deciden retrasar el pago de impuestos, o bien, el procedimiento por responsabilidad del notario, lo cual, para el abogado Elías Flores Gallegos, es una mala práctica.
Según el mismo documento, de las 38 denuncias, 26 se generaron por retrasar -por responsabilidad del notario- el procedimiento solicitado por la ciudadanía; de éstos, 14 fueron archivados porque el ciudadano no continuó con el procedimiento, mientras que el resto se llegó a un convenio entre el notario y el quejoso.
“Muchas veces es por causas imputables a alguna de las partes. Falta de documentos, certificado, avalúo, deslinde, identificaciones vigentes, pago de prediales, pagos de ISBI, pago de ISR, pago de Registro Público; la gran mayoría de los casos, sí es posible que sea imputable a alguna de las partes. Sin embargo, es muy común que el retraso se deba al jineteo del dinero por parte del Notario, pero también por la falta de un buen servicio del Registro Público, que al notario le impacta”, refirió el abogado y presidente del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California.
De acuerdo a Flores Gallegos, el servicio notarial es lento y costoso, pues -salvo honrosas excepciones- el arancel del cobro de honorarios es del 4 por ciento del valor de la operación. Prácticamente todas las operaciones actuales rondan las 10 mil UMA y deben ser atendidas por un notario público, sin que el ciudadano tenga otras opciones, calificándolos como el “monopolio de la fe pública”.
El abogado Víctor Lujano, uno de los impulsores de la última reforma a la Ley del Notariado, aseveró que los mecanismos para sancionar a los fedatarios se encuentran en el marco legal, pero consideró que hace falta un mayor conocimiento de la ciudadanía en torno a sus derechos.
Partiendo de esta premisa, es comprensible entender que la mayoría de los casos se desecharon por prescripción, debido a que no hubo presión del denunciante, lo cual quiere decir que la Dirección de Notarías no dio seguimiento por su propia iniciativa o buscó acercamiento con el quejoso para saber sí tenía conocimiento de que debía ejercer presión para tener respuesta a su denuncia.
El Archivo, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, simplemente dejaba que se cumplieran los plazos, y sólo en los que abogados que dieron seguimiento puntual se logró alcanzar algún convenio o sanción.
“Hubo muy pocas denuncias y tratamos de resolverlo por la reforma, anteriormente era el Colegio (de Notarios) el que los evaluaba, era difícil que hubiera sanciones, entre pares del acusado iban a resolver. Ahora es el gobierno quien investiga y sanciona. El gobernador (Jaime) Bonilla lo usó de manera arbitraria, pero creo que hace falta que ya no son los notarios quienes se vigilan entre ellos, a la par de que el gobierno haga su parte de fortalecer esas áreas de investigación; es un trabajo gubernamental denunciar esas conductas”, refirió el abogado y ex subsecretario en la administración de Kiko Vega de Lamadrid.
Uno de los principales problemas, refiere, es que a raíz de la reforma se incrementó sustancialmente el ejercicio notarial en BC -lo cual es positivo-, pero la vigilancia no se equiparó al aumento, por lo que se tiene poco personal investigando a gran cantidad de fedatarios.
ZETA solicitó durante tres semanas entrevistas con el director del Archivo General de Notarías, a través del enlace de Comunicación Social, Diana Campos, sin que hasta el jueves 10 de octubre, cierre de esta edición, hubiera respuesta.
