Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), presentó, el 9 de octubre de 2024, una iniciativa de reforma a la Constitución, para que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fuera electo a través del voto popular.
“Se supone que es la gran defensoría del pueblo de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo le diría al Gobierno morenista: qué objeción tendrían en que esta Comisión, que hoy es un cero a la izquierda, realmente pueda ser electa por toda la gente en todo el País”, planteó el también senador panista.
Cortés Mendoza explicó que dicho proceso sería distinto al de la elección de ministros, magistrados y jueces, ya que los candidatos tendrían cierto nivel de tecnificación, capacidad y no sólo popularidad.
“Pero la CNDH es quien va a defender a la gente de cualquier abuso de poder del gobierno, tanto federal, estatal como municipal”, enfatizó el dirigente panista, quien también lanzó “un reto” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para corregir la estrategia de seguridad y que se tipificara el delito narcoterrorismo, para que pudiera haber colaboración internacional y resultados efectivos.
Asimismo, Cortés Mendoza respaldó a la titular del Poder Ejecutivo Federal, por parte de Acción Nacional para cambiar la estrategia y que existiera una verdadera coordinación y colaboración internacional, en el combate al crimen organizado.
“No se trata de sumisión, no se trata de perder la autonomía o soberanía de nuestro país. La soberanía la pierden los mexicanos cuando no pueden transitar en una carretera, cuando no pueden vender sus productos sin que los extorsionen”, expuso el presidente del PAN.
El 7 de octubre de 2024, fue aprobado, en las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado, un proyecto de convocatoria que permitiría la reelección de María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, desde el 16 de noviembre de 2019.
“Nos parece que sería absolutamente inaceptable la reelección de la señora Piedra, que como ustedes saben, llegó primero de manera ilegal porque no cumplía con los requisitos: sí era militante de un partido [Morena] y eso lo prohíbe la ley”, argumentó Ricardo Anaya Cortés, senador del PAN.
Tras recordar que la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permitía a quien ostentaba el cargo, la posibilidad de su reelección, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado -senador de Morena-, prometió que la elección no sería “una simulación”.
Piedra Ibarra entregó, el 25 de enero de 2023, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa para convertir al órgano constitucional autónomo a su cargo, en la Defensoría del Pueblo, para supuestamente fortalecer los mecanismos de exigibilidad de cumplimiento de sus recomendaciones.
Al presentar su informe anual de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la ombudsperson pidió a los legisladores revisar, analizar, discutir y mejorar la iniciativa, para, según ella, activar los mecanismos de exigibilidad a través de la facultad del Senado de la República para llamar a las autoridades a explicar las razones de incumplir una recomendación.
“Junto con el informe estoy entregando a la Cámara de Diputados, y mañana lo hare al Senado, una propuesta de iniciativa de ley para reformar a la CNDH y elevarla al rango de Defensoría del Pueblo, superando el esquema neoliberal que heredamos y apelando a lo mejor de nuestra tradición humanista”, indicó Piedra Ibarra, en su exposición de motivos.
LA CNDH CRITICA A XÓCHITL Y ALABA A SHEINBAUM, EN INFORME OFICIAL
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) criticó a Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz -candidata a la Presidencia de la República de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la coalición “Fuerza y Corazón por México”-, en un informe oficial, difundido desde el 4 de marzo de 2024.
Al contrario, el órgano constitucional autónomo -cuya presidenta es María del Rosario Piedra Ibarra, desde el 16 de noviembre de 2019- alabó las propuestas y el discurso de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT), y Verde Ecologista Mexicano (PVEM).
El informe, titulado ‘Primer Informe sobre Violencia Política para la Protección y Defensa del Derecho a la Democracia’, fue justificado por dicha Comisión, con el objetivo de visibilizar todas las formas de violencia política y los factores de riesgo, bajo la perspectiva de derechos humanos.
Sin mencionarla por su nombre, la CNDH sostuvo que la política hidalguense y senador con licencia banalizó y trató de minimizar la filtración de los números telefónicos de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador y de algunos otros actores políticos.
“Preocupa la muy bien articulada reacción que se viene viviendo bajo el contexto del proceso electoral, pero sobre todo, la utilización que se hizo de esta filtración al ser aprovechada como parte de la campaña de la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México”, acusó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Quien, con este acto, banalizó y hasta trató de minimizar el hecho, diciendo además que era normal que ‘me ataquen en redes sociales, como quienes me apoyan a mí, lo hacen contra ella (la candidata de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’), es normal’”, agregó el órgano constitucional autónomo.
En otra parte del texto, la CNDH hizo comentarios y cuestionamientos respecto a los discursos de inicio de campaña de los tres aspirantes presidenciales -entre ellos Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC)-, destacando que sólo Sheinbaum Pardo hizo referencia directa a los derechos humanos.
En contraste, el organismo constitucional autónomo volvió a criticar a Gálvez Ruiz, al señalar que, si bien optó por un “discurso de contraste”, también incurrió en “sesgo” en el manejo de su información, así como en el uso de “denuestos y ataques personales”, para subrayar dichas diferencias.
La CNDH incluso reprodujo en el informe varias frases del discurso de la política hidalguense, como: “Esta es la estrategia correcta. […] en contraste, la corcholata del Presidente ya nos dijo que le apuesta a más militarización, a más simulación, a más inacción”.
El órgano constitucional autónomo también criticó la propuesta de la senadora con licencia, de construir una prisión de alta seguridad, al afirmar que evocaba una iniciativa del presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, misma que era cuestionable en términos de derechos humanos e imprecisa, debido a que en la actualidad había tres centros federales de readaptación social.
“Y, además, cuestionable en términos de derechos humanos. Como lo es también el que su propuesta de iniciar ‘una nueva etapa en la cooperación con los Estados Unidos’ en materia de narcotráfico, la haya planteado como si fuera una disyuntiva frente a ‘quienes hablen de soberanía’, por lo que las tendría que definir con mayor claridad”, abundó la CNDH.
Además, respecto al discurso de Sheinbaum Pardo, el órgano constitucional autónomo subrayó que fue la única que hizo alusión a la protección de los derechos humanos, que presentó 100 propuestas y “concretamente” habló de garantizar las libertades, y que mencionó acciones para garantizar el derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación y a la vivienda, entre otras cosas.
“En materia de seguridad, ratificó su voluntad de profundizar la actual estrategia y los logros alcanzados; de atender las causas, y consolidar la Guardia Nacional y su coordinación con policías estatales”, añadió la CNDH, que también consideró que había una “campaña sucia”, que planteaba el supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006, recibió financiamiento del narcotráfico.
“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, enfatizó el órgano constitucional autónomo.
“En México, se tiene identificado el inicio de dicha campaña de desprestigio y desinformación, a partir de la publicación de una serie de reportajes presentados, de forma coordinada el 30 de enero de 2024, […] que posteriormente fueron retomados y reproducidos por medios nacionales y por el equipo de campaña de una de las candidatas a presidenta de la República”, agregó, la CNDH, en clara alusión a Gálvez Ruiz.
Asimismo, el órgano constitucional autónomo describió lo que llamó como “campaña de difamación”, y denunció el uso de “granjas de bots” y/o “trollcenters”, como parte de la estrategia para impulsar y sostener la campaña negativa en las diversas redes sociales.
La CNDH además afirmó que, durante la ‘’Marcha por Nuestra Democracia’, llevada a cabo el 18 de febrero de 2024, se reprodujeron expresiones, así como discursos racistas y clasistas, que atentaban contra el derecho a la democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población.
“Además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, apuntó el órgano constitucional autónomo.
“La CNDH abriga la convicción de que no estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. El mecanismo no es una base de datos para llevar el registro de los crímenes con sesgo político”, señaló.
“Tampoco buscará calificar las elecciones, lo que le corresponde en su momento, exclusivamente, a la autoridad electoral. No es una distracción de nuestras funciones sustantivas, es su reforzamiento”, agregó la CNDH, que creó el llamado “Escalómetro de Violencia Política”.
El informe plantea una escala de violencia con agresiones y un puntaje asignado. El punto más alto es la “alteración o simulación de resultados electorales”. Hasta el cuarto lugar aparece el asesinato y feminicidio. Pero también incluye delitos como tortura, detención arbitraria, discursos de odio, intervención de comunicaciones, amenazas, censura, acoso, etcétera.
El 24 de febrero de 2024, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos en México advirtió respecto a los discursos de “violencia política”, que, según el órgano constitucional autónomo, “ciertos partidos y ciertas personas candidatas” habían empleado como estrategia, en el marco del proceso electoral en curso, “incluso recurriendo a medios y organismos extranjeros”.
A través de un comunicado, la CNDH pidió evitar, contribuir y reproducir conductas que vulneraran la democracia y perpetuaran la violencia política. También hizo un llamado a los agentes sociales y políticos, que intervenían en el debate público, a erradicar su narrativa o cualquier manifestación de violencia política, y acusó que dichos comentarios habían sido expresados de manera sutil.
“La CNDH llama la atención sobre el ambiente que implica actuaciones y expresiones en general, por parte de algunos opinadores y actores políticos, que hemos visto en el marco de las precampañas y el periodo de intercampañas, contradictorias de una competencia democrática por lo cual invita a la reflexión”, indicó en su comunicado.
“Llama la atención, la normalización, en el discurso de ciertos partidos y ciertas personas candidatas, de la violencia política y su adopción como estrategia y como recurso para posicionarse, patente en mensajes fincados en la base del escándalo y la descalificación del adversario”, abundó el órgano constitucional autónomo.
La CNDH pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) para que velara por el proceso electoral y fueran unas elecciones exitosas, que no se “enrarezcan con propaganda negra y expresiones descalificatorias o denigrantes”.
Además, la Comisión rechazó los discursos de odio, por parte de quienes pretendían ganar en las próximas elecciones y “al costo que sea” buscan manipular, desviar o influir en la decisión de la sociedad.
Por último, el órgano constitucional autónomo exhibió que ciertos actores políticos estuvieran replicando una narrativa de que en las elecciones se podría presentar un fraude electoral, con el afán de confundir. Ante ello, se comprometió a observar dichas acciones y señalar cualquier “perversión” que pusieran en riesgo los derechos humanos y la democracia.
El 25 de enero de 2024, Piedra Ibarra -durante una comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con motivo de su informe anual de actividades- planteó la disolución de la CNDH y, en su lugar, crear la “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”.
“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz esta comisión nacional, ya que no responde a las necesidades del pueblo mexicano […] Somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo”, expresó la presidenta de la CNDH.
“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos cuatro años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo”, enfatizó la presidenta del órgano constitucional autónomo.
“Han sido cuatro años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional, al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, explicó Piedra Ibarra, quien también se quejó de los altos sueldos que había en los órganos constitucionales autónomos.
“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto”, denunció la presidenta de la CNDH, quien formalizó su propuesta, con una iniciativa reforma, que planteó disolver el órgano constitucional autónomo y formar la Defensoría, modificando el artículo 102 constitucional, en su apartado B, relativo al establecimiento de instituciones para la protección de los Derechos Humanos.
ROSARIO PIEDRA ENTREGA A DIPUTADOS INICIATIVA PARA CONVERTIR LA CNDH EN “DEFENSORÍA DEL PUEBLO”
María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH) -desde el 12 de noviembre de 2019-, entregó, el 25 de enero de 2023, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa para convertir al órgano constitucional autónomo a su cargo, en la Defensoría del Pueblo, para supuestamente fortalecer los mecanismos de exigibilidad de cumplimiento de sus recomendaciones.
Al presentar su informe anual de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la ombudsperson pidió a los legisladores revisar, analizar, discutir y mejorar la iniciativa, para, según ella, activar los mecanismos de exigibilidad a través de la facultad del Senado de la República para llamar a las autoridades a explicar las razones de incumplir una recomendación.
“Junto con el informe estoy entregando a la Cámara de Diputados, y mañana lo hare al Senado, una propuesta de iniciativa de ley para reformar a la CNDH y elevarla al rango de Defensoría del Pueblo, superando el esquema neoliberal que heredamos y apelando a lo mejor de nuestra tradición humanista”, indicó Piedra Ibarra, en su exposición de motivos.
Además, la presidenta de la CNDH afirmó que, durante su gestión, se han logrado cifras históricas respecto a la emisión de recomendaciones contra el actuar de órganos e instituciones del Estado mexicano.
“Durante 2022, la CNDH emitió un total de 302 recomendaciones, 264 ordinarias y 36 por violaciones graves, dirigidas a 115 autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como 2 recomendaciones generales, el número más alto de recomendaciones emitidas en toda la Historia de este organismo”, dijo.
Según datos de la ombudsperson, las autoridades federales con mayor número de recomendaciones fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
