Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acudió, el 8 de octubre de 2024, al Senado de la República, en donde fue recibida por José Gerardo Rodolfo Fernández Noroñael, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
La ministra presidenta del máximo tribunal constitucional acudió a la antigua casona de Xicoténcatl, anterior sede del Senado, en donde presenció la sesión solemne por el Bicentenario de la Instauración de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
“Honorable Congreso de la Unión expresa la más cordial bienvenida a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un honor recibir su visita”, dijo Fernández Noroña.
Previo a la sesión, tanto la ministra como el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, fueron captados al salir de la sala Senadoras de la República, en donde sostuvieron una reunión privada.
El 4 de octubre de 2024, Piña Hernández, también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), respondió que no podía entregar la listas de cargos de elección de jueces y magistrados al Senado, debido a que existían diversos juicios de amparo, así como suspensiones provisionales para ese y otros efectos.
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Ante ello, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión criticó la respuesta del CJF, el cual consideró que era “insolente” y que anticiparía que “violaría la Constitución del país”.
“Vi el documento insolente con el que me respondió la presidenta de la Corte, la ministra presidenta Norma Piña, lo que me dice en escencia es que le dieron atribuciones para violar la Constitución. No hay una reforma a la constitución, es una constitución vigente”, enfatizó Fernández Noroña.
“¿Dónde estudiaron derecho? La arrogancia, la torpeza, la insensibilidad con la que está respondiendo la Corte lo único que está generando es un descrédito de ellos”, reprochó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
El mismo día, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, confirmó una suspensión que ordenó detener la elección judicial prevista para junio de 2025, y que prohibía al CJF entregar al Senado las listas con detalles respecto a los detalles de jueces y magistrados, declarando infundado un recurso de queja contra la suspensión provisional concedida el 26 de septiembre de 2024, por Andrea Alarcón Cortés, titular del Juzgado Primero de Distrito en NL.
El 8 de octubre de 2024, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, anunció que realizarían modificaciones a la reforma judicial, para subsanar la contradicción que existía entre los artículos 94 y 97 de la Constitución, en materia de designación de la presidencia de la SCJN y el tiempo de la duración del cargo.
En la actualidad, según el artículo 94 de la Constitución, modificado como parte de la reforma judicial, la Presidencia de la Corte recaerá en el ministro que obtenga el mayor número de votos en la elección correspondiente y durará en el cargo dos años.
No obstante, los legisladores olvidaron reformar el párrafo del artículo 97 constitucional que señala que “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente”, de la Suprema Corte. de Justicia de la Nación
“Esas aparentes contradicciones se van a resolver, obviamente existe, pero la forma de elección ahora, con la ley secundaria, tiene un procedimiento muy amplio para determinar todo el proceso y se detiene mucho la ley reglamentaria que ayer se envió, se detiene mucho en el aspecto procedimental de la elección de jueces, ministros y magistrados”, comentó el político zacatecano, entrevistado con el diario Reforma.
“Estamos reunidos, somos Constituyente Permanente, somos el poder reformador, no hay ningún problema, en cualquier momento se puede presentar (una propuesta de modificación)”, sostuvo el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
El mismo día, Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la SCJN, admitió a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Gobierno de Guanajuato, para impugnar la reforma judicial, vigente desde el 16 de septiembre de 2024.
El ministro notificó la admisión de la demanda, promovida por el ex gobernador Diego Sinhué Rodríguez, justo antes de dejar su cargo, el 26 de septiembre de 2024. Es la primera vez que se admitía a trámite una controversia para impugnar una reforma a la Constitución federal, desde que este tipo de juicios fueron reglamentados en 1995.
Una vez aceptada la demanda, González Alcántara Carrancá debería emplazar al Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal y las legislaturas estatales, para que rindieran informes y defendieran la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
