La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó, el 10 de octubre de 2024, “su enérgico rechazo” a la determinación tomada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por mayoría de cuatro votos, de participar en la ejecución de la reforma judicial, “en desacato” a las determinaciones judiciales emitidas por el Poder Judicial de la Federación [PJF), “sin establecer un diálogo con las personas juzgadoras directamente involucradas, lo cual vulnera gravemente el marco institucional y legal que rige nuestro país”.
“El Consejo de la Judicatura Federal desacató determinaciones judiciales que estaba obligado a cumplir y vulneró el marco jurídico. En este contexto, quienes integramos esta Asociación, señalamos que el incumplimiento de las suspensiones otorgadas por personas juzgadoras federales para frenar dicha reforma constituye una clara ruptura del Estado de Derecho y una violación directa a la División de Poderes, pilar fundamental del sistema democrático en México”, se quejó la JUFED, en un comunicado.
“El respeto a las decisiones judiciales es una condición indispensable para la preservación de la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones. Asimismo, expresamos nuestra profunda preocupación ante la decisión de llevar a cabo un sorteo a través de una ‘tómbola’ para seleccionar a jueces y magistrados federales que serán sustituidos en 2025”, insistió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF.
“Consideramos que este mecanismo transgrede los derechos humanos de las personas juzgadoras, genera una peligrosa falta de certeza y atenta contra los principios básicos de estabilidad y continuidad institucional. Esta medida representa una forma inusual e inapropiada de modificar la configuración de uno de los Poderes del Estado, violando toda técnica legislativa y constitucional, y sienta un precedente peligroso para la independencia judicial”, abundó la JUFED.
“La implementación de la reforma judicial, contraviniendo las suspensiones otorgadas, pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de Derecho y la legitimidad democrática del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum al generar una crisis constitucional”, enfatizó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
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“Por ello, hacemos un llamado urgente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a la civilidad democrática, al respeto a las instituciones y a la adopción de decisiones que se apeguen estrictamente a la División de Poderes y la legalidad. La independencia y estabilidad del Poder Judicial son esenciales para la salud democrática de nuestro país y cualquier intento de socavarlas debe ser firmemente rechazado”, señaló el comunicado firmado por Juana Fuentes Velázquez, directiva nacional de la JUFED.
“Actuación de Gobierno de Claudia Sheinbaum genera una crisis constitucional. El #CJF, desacató determinaciones judiciales que estaba obligado a cumplir y vulneró el marco jurídico”, escribió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en su cuenta de la red social X.
La noche del 9 de octubre de 2024, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, anunció que el CJF entregaría a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, la información para la elección de jueces y ministros. En un video publicado en su cuenta de X, adelantó que convocaría para que a las 09:00 horas del sábado 12 de octubre de 2024, se llevara a cabo la insaculación de los cargos a elegir.
Luego, el 16 de octubre de 2024, el Senado de la República debería emitir la convocatoria para la elección judicial, para que el día 31 del mismo mes y año, se instalaran los comités de evaluación, los cuales garantizarían que los perfiles electos fueran los mejor calificados.
El mismo día, en sesión privada, con cuatro votos a favor y tres sufragios en contra, el CJF avaló desacatar la suspensión que le ordenaba no colaborar con la elección de funcionarios que ordenaba la reforma judicial.
Según lo reveló el diario Reforma, los consejeros que votaron a favor de entregar los datos fueron Sergio Javier Molina Martínez, Bernardo Bátiz y Vázquez, Verónica De Gyves Zárate y Celia Maya García. Quienes sufragaron por acatar las suspensiones fueron la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, José Alfonso Montalvo Martínez, y, Lilia Mónica López Benítez.
En total, había más de 70 suspensiones provisionales contra la reforma judicial aprobada el 11 de septiembre de 2024, y al menos dos fueron dictadas contra los actos que debía llevar a cabo el CJF para implementarla, entre estas de las medidas cautelares qué emitieron los Juzgados Primero de Distrito de Nuevo León y Cuarto de Distrito de Jalisco.
En la misma sesión, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó, por unanimidad, 26 peticiones y solicitudes de las asociaciones de juzgadores que mantenían un paro de labores desde el 19 de agosto de 2024, así como de los sindicatos del PJF.
Los consejeros resolvieron que los salarios y prestaciones para lo que restaba del año se pagarán como fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2024, para no aplicar de inmediato la orden de la reforma constitucional de que nadie ganara más que la presidenta de la República.
Además, el Pleno del CJF instruyó “realizar el estudio de un programa de retiros voluntarios”, ante la petición de las asociaciones de que se otorgara una auténtica reparación integral a los juzgadores que decidan que la reforma “es incompatible con su proyecto de vida”.
En cuanto a las pensiones complementarias de jueces y magistrados, se analizaría la petición de eliminar el requisito de ya estar ratificados en sus cargos, para acceder a dicho beneficio. Por otra parte, se realizará un estudio para determinar la forma y momento del pago de liquidación, que el grupo legislativo de Morena incluyó de última hora en la reforma judicial, para quienes no acepten participar en la elección.
En cuanto al paro de labores, se acordó que el CJF no iniciaría acciones de oficio en contra de ningún servidor público para fincar responsabilidades, así como un abatimiento gradual de las cargas de trabajo que se habían acumulado en los últimos dos meses, sin que este periodo se pudiera tomar en cuenta para las evaluaciones de productividad. También hubo varias concesiones en materia de acceso a la carrera judicial, certificaciones profesionales, basificación de puestos de confianza y pago de horas extra, entre otras.
El mismo diario Reforma informó, el 8 de octubre de 2024, que CJF solicitó a un tribunal federal echar abajo la suspensión dictada en Jalisco, porque, en su opinión, era ilegal “congelar” normas constitucionales reformadas.
En la impugnación, Sergio Rodrigo Navarro Loubet, director General Jurídico del CJF, cuestionó al juez que concedió dicha suspensión y señaló que el papel de un juzgador no era ser un “activista”, ni un “defensor de derechos humanos”.
“El titular del órgano jurisdiccional no debe considerarse como una persona que sea defensora de derechos humanos y, por tanto, que la medida cautelar protege una esfera colectiva”, dijo el CJF, en su impugnación.
El 9 de octubre de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la reforma al reglamento interno del Instituto Nacional Electoral (INE), para prohibir a los partidos políticos participar en sesiones y actividades relacionadas con la elección del PJF.
Por mayoría, los magistrados electorales consideraron que en la reforma judicial estaba prohibición de que las representaciones de los partidos políticos y del Poder Legislativo no integraran las sesiones en las que abordarían temas relativos a la elección judicial.
“El Consejo General sí fundó y motivó adecuadamente el acuerdo controvertido con base en el decreto de reforma constitucional que le confiere la obligación de organizar el proceso electoral para elegir diversos cargos del Poder Judicial Federal”, indicó la resolución de la Sala Superior del TEPJF.
“Tampoco excedió su facultad reglamentaria, toda vez que atendió a un mandato constitucional expreso que, por una parte, lo faculta a emitir los acuerdos necesarios para la organización del proceso electoral, y por otra, impone la restricción de participación de los partidos políticos en acciones, actividades y sesiones relacionadas con el referido proceso electoral”, abundó la Sala Superior del TEPJF.
Los consejeros electorales también desestimaron el argumento de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), respecto que los derechos de los partidos a participar en las sesiones en las cuales se analizaran temas de dicha elección, se verían afectados.
Los integrantes de la Sala Superior del TEPJF argumentaron que no habría impacto en las sesiones del Consejo General, en las que se discutieron las elecciones de Durango y Veracruz, que serían concurrentes con el proceso judicial.
“Se trata de argumentos hipotéticos, sin que se advierta que la reforma impugnada incida en los procesos electorales vinculados con las elecciones para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo”, agregó la sentencia de la Sala Superior del TEPJF.
Asimismo, el magistrado Reyes Rodríguez Mondraagón aseguró que el PAN y MC no tenían interés jurídico para impugnar, además de que la exclusión era clara en la legislación.
El mismo día, por el registro de vicios en el procedimiento legislativo para su aprobación, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al PJF.
“Estamos convencidos de que esta reforma no mejorará la justicia. Se trata sólo de un intento del oficialismo por controlar al Poder Judicial […] Requeríamos una reforma de justicia, no una reforma al Poder Judicial. Y durante su aprobación en el Congreso de la Unión se registraron vicios, ya que se realizó con varias irregularidades, entre ellas la violación a dos suspensiones en ese momento”, argumentó Carolina Viggiano Austria, titular de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista, quien también destacó que hubo falta de deliberación pública por parte del poder dictaminador, así como falta de dictaminación y discusión en las entidades federativas.
“Tiene que haber una enorme responsabilidad porque la reforma es una locura. No resuelve el tema de justicia. Lastima el equilibrio de poderes, rompe el sistema judicial y vulnera el régimen democrático. Lo que se quiere es que haya certeza, certidumbre, que se pongan a trabajar. Hay que dar resultados en salud, en seguridad”, dijo, por su parte, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN del PRI.
“No podemos dejar de señalar los errores, las inconsistencias, las violaciones a la ley. Quien no respeta una suspensión, comete un delito”, abundó el político campechano, también conocido como “Alito”, quien consideró que cada uno de los órganos jurisdiccionales tenía que ser responsable de que se aplicara la legislación correspondiente. “Tenemos que hacer que respete la ley. Tiene que haber Estado de derecho. La ley es la ley, y la tienen que respetar”, sostuvo.
El 8 de octubre de 2024, las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República avalaron, en lo general, con 22 votos a favor, las leyes secundarias de la reforma al PJF, donde se establecieron los pormenores de la elección de jueces, magistrados y ministros, en 2025. Se trató de la reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los errores detectados en la reforma al Poder Judicial de la Federación no la invalidaban, a pesar de las contradicciones identificadas en los artículos constitucionales, además de que ofreció la posibilidad de que expertos en la materia comparecieran para explicarlo.
“No invalida, hoy lo consulté con el ministro [Arturo Fernando] Zaldívar [Lelo de Larrea], con la consejera jurídica, con diputados y senadores, la reforma es válida”, afirmó Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería, del Palacio Nacional.
“Si quieren que mañana venga el ministro o la consejera, para que puedan explicar por qué es válida la reforma constitucional y ya si se requiere una modificación posterior, pero es válida la reforma”, expresó la mandataria nacional, quien, sin embargo, reconoció la existencia de aspectos que requerían corrección, pero insistió en que estos no comprometían la integridad de la reforma.
“Me comentó Ernestina Godoy [Ramos] que no implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces así como está […] Entiendo que solamente es un caso en donde no los tiempos no concuerdan en una y otra situación, pero no se revisó previamente cuando se envió y bueno hay que corregir esa parte”, explicó la presidenta.
El 8 de octubre de 2024, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá admitió a trámite la controversia constitucional del Gobierno de Guanajuato, para impugnar la reforma judicial, vigente desde el 16 de septiembre del presente año.
El ministro del máximo tribunal constitucional notificó la admisión de la demanda, promovida por el ex gobernador panista, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, justo antes de dejar su cargo, el 26 de septiembre de 2024.
Una vez aceptada la demanda, González Alcántara debería emplazar al Congreso de la Unión, al Poder Ejecutivo Federal y a las legislaturas estatales, para que rindieran informes y defiendan la reforma al PJF.
Un día antes, el PAN promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impugnar la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, por Morena y aliados, los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), en el Congreso de la Unión.
Marko Anotnio Cortés Mendoza, presidente del CEN del PAN, presentó la demanda para pedir al máximo tribunal constitucional, que declarara la invalidez de la reforma por la cual todos los jueces, magistrados y ministros deberían ser electos por voto popular.
La demanda del PAN alega múltiples fallas y vicios de procedimiento durante la reforma judicial, entre ellos, las presiones a senadores de oposición y la premura para la aprobación, debido a que solo pasaron veinte días entre la emisión del dictamen en comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
