El 25 de julio de 2024 en la hacienda Huertos del Pedregal, y esto se asume por la declaración pública de uno de los presentes y la indagación de la fiscalía general de la República, se consumaron varios delitos que, al parecer, por el momento no son relevantes para la autoridad federal. La prioridad es sancionar el secuestro de Ismael Zambada García, el Mayo, cofundador del cártel de Sinaloa, señalado por ordenar precisamente secuestros, asesinatos, extorsiones, producir, traficar y distribuir droga, lavar dinero, aliarse criminalmente para crecer y sostener durante casi 50 años una de las mafias más prolíficas, violentas y nocivas del mundo. En pocas palabras, Zambada García ha sido el narcotraficante más impune de México.
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 29 de octubre al fin reapareció el decrépito fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solo para ratificar lo que la FGR ha venido informando: que al “Mayo” Zambada se le da oficialmente trato de víctima, que se persigue a sus secuestradores y que el gobierno de los Estados Unidos, bajo el mandato de Joe Biden, no ha cooperado con información para dilucidar la privación ilegal de la libertad del furtivo “señor del sombrero”, como le conocían desde su natal El Álamo.
Posicionamiento que resulta no sólo inédito sino insólito mientras que el Embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, trata de rectificar el discurso amañado ahora del gobierno de Sheinbaum: “Lo que pasó en Sinaloa se debería celebrar para México y Estados Unidos, es una victoria grande de los esfuerzos entre ambos países”.
Aquel 25 de julio, de acuerdo a los dichos del Mayo a las autoridades estadounidenses que ahora los juzgan por todos los delitos en los que públicamente no se le investigó en México – donde ni siquiera había una alerta para su captura – a la hacienda Huertos del Pedregal llegó convocado por su ahijado, Joaquín Guzmán López, también buscado en la Unión Americana pero no por la autoridad mexicana, para dirimir pleitos entre el gobernador de extracción morenista, Rubén Rocha Moya, y el ex rector de la Universidad de Sinaloa, el priísta Héctor Melecio Cuen Ojeda, “sobre quién debería dirigir esa institución”.
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En el lugar de los hechos, el Mayo debió sentirse confiado por la presencia del hijo de Guzmán Loera, el Chapo, y del resto de sus interlocutores, el gobernador y el ex rector. En una carta que hizo pública Zambada García explicó que acudió acompañado de solo (y este es un adjetivo propio ante un personaje que, se sabe, contaba con un séquito de protección mucho más amplio) “cuatro miembros del personal de seguridad, de los cuales dos se quedaron fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo eran José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hacía mucho tiempo”.
Con dos escoltas es fácil deducir que el ahora preso en Nueva York por lo menos creía estar entrando a una zona segura y conocida. No le despertaba (tampoco al comandante de la judicial) un sentido de alerta, ni de riesgo, que en el sitio se encontrara el máximo representante del poder ejecutivo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El desenlace de tal encuentro lo describió más adelante en su carta: había sido sometido con violencia, obligado a subir a una camioneta, trasladado a una pista de aterrizaje, obligado a subir a un avión, trasladado a El Paso, Texas, donde “los agentes federales estadounidenses me detuvieron”. Y agregó: “Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad”.
Y a pesar que en la misma misiva el Mayo denuncia la comisión de otros delitos, como el asesinato en la Hacienda Huertos del Pedregal de Héctor Melecio Cuen Ojeda, la desaparición del comandante de la policía judicial de Sinaloa, José Rosario Heras, y de su seguridad, Rodolfo Chaidez, para la FGR lo único que debe investigar es el secuestro de Ismael Zambada García.
Con una eficacia nunca antes vista, tras la liberación de la carta por parte del abogado del capo, elementos de la fiscalía de Gertz se trasladaron a Culiacán, Sinaloa, para investigar todo lo denunciado por el narcotraficante, comprobando los hechos narrados por escrito, procesándolos para posteriormente presentar “78 datos de prueba” a un juez y solicitarle orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López por los delitos de traición a la patria y secuestro.
Por la noche de aquel 25 de julio, la fiscalía general de Sinaloa dio a conocer que Melecio Cuen había sido asesinado por un motociclista mientras su chofer hizo una parada para cargar gasolina al vehículo en el que era trasladado. Incluso presentaron un video como prueba del hecho delictivo. El gobernador Rubén Rocha Moya lamentó los hechos al tiempo que informó que estaba fuera del Estado, del País, en los Estados Unidos. Después hizo pública una bitácora de un vuelo privado en el avión de su amigo Jesús Vizcarra (ya en el pasado ligado también a Ismael Zambada García).
