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lunes, octubre 28, 2024
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Hartazgo social en San Vicente

El proceso de asignación de delegados en las 16 representaciones del Municipio de Ensenada se ha vuelto cada vez más complejo para el gobierno municipal, especialmente luego que un grupo de personas lograra la destitución del delegado asignado en el poblado de San Vicente.

La comunidad agrícola y ganadera, ubicada a 80 kilómetros al Sur de la cabecera municipal de Ensenada, al igual que otras de la región, está dividida en dos por la Carretera Transpeninsular, la más importante de Baja California para el tránsito de mercancía.

El poblado está marcado por uno de los multihomicidios más brutales en el Estado, ocurrido en mayo de 2023, cuando un comando fuertemente armado disparó contra un grupo de participantes del rally Cachanillazo, dejando a diez personas asesinadas y nueve lesionadas.

Aunque las autoridades han confirmado que el ataque fue dirigido a Alonso Arámbula Piña alias El Trébol, integrante del Cártel de Sinaloa, también fue acribillado el entonces delegado de San Antonio de Las Minas, José Eduardo Orozco Gil, quienes viajaban juntos en un vehículo tipo RZR.

Con sólo dos semanas en el cargo, los residentes de San Vicente se levantaron en protesta el 15 de octubre para impedir que el delegado Eduardo Barreto Munguía, asignado por la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz, continuara su gestión.

 

“Es un prepotente”, dijo en entrevista una de las mujeres al frente de la manifestación.

Desde la madrugada, pobladores tomaron el edificio delegacional en San Vicente, al pie de la Carretera Transpeninsular, clamando que en las oficinas “el pueblo tiene voz”.

 Foto: Tomada de Internet

A unos metros, sobre la vialidad y frente a las unidades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), colocaron vehículos particulares, entre éstos un transporte público, para bloquear el paso. Mujeres y niños estaban al frente de la movilización.

De acuerdo con imágenes de esa noche, también provocaron incendios para cortar el acceso al tránsito; con el paso de las horas se vivió un caos,  afectando varios kilómetros, sobre todo a los cientos de camiones de mercancía que a diario transitan por la Transpeninsular.

Por la mañana reabrieron el tránsito, pero más tarde reanudaron las movilizaciones, cerrando de nueva cuenta la vialidad por un par de horas, hasta que las autoridades acordaron un diálogo, cuyo único pliego petitorio era la destitución del delegado.

Bajo estas condiciones de violencia e interrupción de las vías de comunicación, el delegado Eduardo Barreto presentó su renuncia, por lo cual el director de Desarrollo Regional y Delegaciones, Francisco Jesús Villavicencio Márquez, acordó con los manifestantes llevar a cabo una mesa de trabajo.

 

SAN VICENTE CON ENCARGADO DE DESPACHO

Claudia Agatón reaccionó a la enardecida movilización de los residentes, a quienes invitó a dialogar y, para contener la situación, les aseguró que respeta a quienes, con protestas, expresan inconformidad ante el nombramiento del delegado municipal; sin embargo, les pidió que prevalezca el diálogo.

Residentes de San Vicente se oponen al nombramiento del nuevo delegado, Foto: Tomada de Internet, Foto: Tomada de Internet

Horas después de la renuncia de Barreto, la autoridad municipal resolvió el conflicto comunitario al designar como encargado de despacho a Arturo Trejo Barragán, quien, de acuerdo con el coordinador Villavicencio Márquez, ha sido bien aceptado.

Hasta el miércoles 23 de octubre, Agatón seguía analizando los perfiles y, supuestamente, ha avanzado en varias vías importantes para la comunidad de San Vicente. “Nos vamos a reunir con otros sectores, como la Unión Ganadera, para que nos propongan distintos nombres aptos para ocupar el cargo”, dijo el coordinador.

Villavicencio Márquez también mencionó que la atención a los ciudadanos no se ha detenido y se siguen brindando los servicios públicos en la zona. Incluso compartió que una motoconformadora trabaja de manera ininterrumpida en el raspado de calles, una de las acciones más solicitadas en todas las delegaciones ante la falta de pavimento.

La comunidad de San Vicente, al igual que el resto de las demarcaciones, no está exenta de los planes de los primeros cien días, y todo aquel que no presente resultados, aseguró el coordinador, podría ser removido del cargo, o, por ética, los propios delegados deberían renunciar.

El recurso más utilizado por las comunidades es el del Ramo 33, destinado a combatir el rezago social mediante construcción de redes de agua potable, electrificación y mejoramiento de espacios públicos.

Uno de los rezagos más importantes en esa zona es la mejora de escuelas, con la edificación de techumbres y del único parque infantil.

El coordinador aclaró que en los primeros veinte días de gobierno, al menos se están ofreciendo servicios básicos en la delegación, como la expedición de actas de nacimiento, pago de Impuesto Predial, la celebración de bodas y el suministro de agua a través de pipas.

Mientras que poblados colindantes a San Vicente, como Punta Colonet, Eréndira y Santo Tomás, que también se encuentran a la orilla de la Carretera Transpeninsular, serán inspeccionados para evitar inconvenientes que lleven al cierre de las vías de comunicación.

Para la nueva designación se extendió una convocatoria el jueves 24 de octubre, en la que participará un grupo colegiado integrado por la sociedad civil, así como por miembros del sector económico.

El nuevo perfil debe ser el de una persona profesional, con buenos antecedentes y liderazgo social. “Siempre nos basaremos en el trabajo diario, todos los funcionarios sabemos que aquí se trabaja con base en resultados. Tanto yo como mis compañeros, si no cumplimos con los resultados, estaremos sujetos a la consideración de la presidenta (municipal) y de la población”, sentenció el encargado.

 

BLOQUEOS DE CARRETERA TIENEN EFECTO DOMINÓ

Las comunidades más relegadas de Baja California  que a su vez generan una economía fuerte para la región con la operación de empresas agrícolas, ganaderas y vinícolas, están estratégicamente ubicadas en el sur de Ensenada.

La Carretera Transpeninsular, única vía que conecta a Baja California Sur con Tijuana, fue tomada por primera vez en 2014, cuando miles de jornaleros agrícolas en San Quintín.

En aquel entonces era una delegación más de Ensenada, el bloqueo de la vía generó pérdidas millonarias para las empresas transnacionales entre México y Estados Unidos, quienes no pudieron trasladar sus productos de  exportación del campo por un periodo corto.

Leopoldo Fragozo, representante de transportistas de carga pesada e integrante de la Cámara Nacional de la Afectación, informó que cualquier cierre de carretera, por mínimo que sea, es grave para la economía.

El transporte de carga pesada o mercancía tiene citas (día y hora para cargar), las cuales se pierden por cuando hay bloqueos, así  como los transbordos a otras unidades o embarques para enviar tanto a otros estados de México, como al extranjero.

“Aquí en la región,  es dejar de suministrar las cargas a las maquilas, en las que se interrumpen las líneas de producción  por falta de materiales de ensamblaje”, señaló el transportista.

Lo mismo ocurre con los insumos de consumo humano, pues dejan de llegar a cadenas comerciales como Soriana, Walmart,  Costco,  Sam ‘s Club, entre otras con estrictas reglas de distribución.

“Sin duda perdemos tiempo y viajes en los bloqueos, es decir, nuestra logística se viene abajo, ya que los troques están detenidos y no podrán hacer su siguiente viaje porque no llegarán en tiempo y forma a su próxima cita”, resumió.

Por último, el empresario subrayó que cada protesta con estas características causa pérdidas económicas para el sector y la cadena de suministros, como son los empleados de logística y administrativos: “Tenemos gastos fijos como es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),  impuestos, recibos de energía eléctrica,  internet, y estos bloqueos generan un efecto dominó. Si cae una, caen todas”.

Autor(a)

Lorena Lamas
Lorena Lamas
Inició sus estudios en la carrera de Periodismo de la Universidad de a Morelia (UDEM) y egresó de la licenciatura en Comunicación del Centro Universitario de Tijuana (CUT). Desde el 2014 colabora en el Semanario ZETA. Se ha desempeñado como reportera en los municipios de Ensenada y San Quintín.
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