El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, anunció, el 22 de octubre de 2024, que presentaría una solicitud de juicio político contra los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por estar en “desacato y rebeldía”, ya que se habían manifestado en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Anunciamos que vamos a proceder a presentar una demanda de juicio político basado en los artículos 108, 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5 al 24 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, dijo el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, durante una conferencia de prensa.
“Esta demanda va contra los ocho ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía, y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”, enfatizó Mejía Berdeja.
El legislador detalló que los ministros denunciados eran Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcantará Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán , Norma Lucía Piña Hernández. Sin embargo, excluyó a Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.
“Lo que hemos visto en los últimos días de parte de los ocho ministros y ministras insurrectos y golpistas, y varios jueces y magistrados, es una guerra jurídica”, afirmó el legislador, quien también señaló que desde el punto de vista de su bancada, los ministros no habían observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia, además de que los acusó de atacar a las instituciones democráticas del país.
“Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político, toda vez que no han observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia, han hecho un ataque a las instituciones democráticas del País, al constitucionalismo mexicano y a la forma de Gobierno republicano representativo y federal y han violado flagrantemente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que protestaron cumplir y hacer cumplir”, indicó Mejía Berdeja.
El diputado federal del PT también afirmó que los ministros también habían violentado la supremacía constitucional que establecía la Carta Magna y, según la cual, no había ley ni tratado por encima de la Constitución. Asimismo, señaló que desde la aprobación de la reforma judicial se dio una campaña orquestada en su contra, que incluía suspensiones, las cuales calificó de ridículas.
El legislador coahuilense consideró que parte de esta campaña era el episodio en el que la explicación de la reforma en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, por parte del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mensa, que generó risas de los asistentes.
“No solamente es una maniobra de algún juzgador, si no es ya toda una campaña orquestada donde vemos también que un Ministro de la Corte va a una universidad extranjera y se pitorrea de la reforma constitucional, donde vemos todavía el día de ayer a estos ministros denostando la reforma judicial”, comentó Mejía Berdeja.
El mismo día, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá admitió a trámite cinco acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos y legisladores, contra la reforma judicial -publicada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el 15 de septiembre de 2024, en el Diario Oficial de la Federación (DOF)-, pero rechazó suspenderla, porque consideró que el freno podría generar una mayor afectación social, que un beneficio.
Los recursos admitidos fueron interpuestos por las dirigencias nacionales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), así como por el Partido Político Unidad Democrática de Coahuila y doce diputados del Congreso de Zacatecas.
“El suscrito ministro instructor advierte, de manera preliminar, que las normas impugnadas en la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas, versan sobre el procedimiento de elección de los titulares del Poder Judicial de la Federación, la supresión y conformación de nuevos órganos, cambios en el número de integrantes de esta SCJN, entre otros, que implican modificaciones operativas de estructura y funcionamiento del citado poder”, argumentó González Alcántara Carrancá, en su acuerdo de admisión.
“Por lo que emitir un pronunciamiento en relación con dichos aspectos, implicaría resolver cuestiones reservadas al fondo de sendas acciones de inconstitucionalidad siendo que, además, podría entorpecer el proceso electoral en curso, lo cual podría generar mayor afectación social que beneficio, tratándose de una medida cautelar”, explicó el ministro ponente, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia, que en su momento será turnado a sus homólogos en el Pleno, para su votación.
Sin embargo González Alcántara Carrancá también negó a los partidos y legisladores su solicitud de suspender la reforma judicial, porque en principio la Ley Reglamentaria no tenía prevista la suspensión de normas generales para las acciones de inconstitucionalidad.
Asimismo, el ministro recordó que su criterio siempre había sido que, sin excepción alguna, no debían concederse suspensiones contra normas generales, ni en acciones de inconstitucionalidad, ni en controversias constitucionales.
“En las acciones de mérito, al estar involucrado en la materia electoral, el trámite y resolución de las mismas es de naturaleza expedita, lo que trasciende en que no se materialice la afectación de derechos humanos que se pretenden salvaguardar con la medida cautelar”, indicó González Alcántara Carrancá.
Asimismo, el ministro instruyó notificar a las cámaras de Diputados y Senadores, al Poder Ejecutivo Federal y los 32 congresos estatales, para que rindieran sus informes en un plazo de seis días naturales, contados al día siguiente de la notificación.
González Alcántara Carrancá también requirió al Congreso de la Unión, una copia de las iniciativas, dictámenes de comisiones, actas de sesión, en las que constaba la votación de la reforma al PJF y los diarios de debates, Mientras que al Poder Ejecutivo Federal le pidió un ejemplar del decreto publicado en el DOF.
Además, el ministro solicitó notificar su acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), este último para que le informara en un plazo de 10 días naturales, su opinión por escrito respecto a dichas acciones de inconstitucionalidad.
Al Instituto Nacional Electoral (INE), González Alcántara Carrancá le dio tres días naturales para que le entregara copia certificada de los estatutos vigentes de los partidos políticos nacionales que promovieron estos recursos, la certificación de sus registros vigentes y los nombres de sus representantes e integrantes de sus órganos de dirección nacional.
El 8 de octubre de 2024, el mismo ministro admitió a trámite la controversia constitucional del Gobierno de Guanajuato contra la reforma judicial, la primera vez en que se admitió una controversia para impugnar una reforma a la Carta Magna.
