La llegada del partido Morena al poder en 2018, con la Presidencia de la República y el triunfo en cinco gubernaturas, dio inicio a algunos cambios más de forma que de fondo en la estructura de gobierno. Al cabo de seis años, Morena y aliados gobiernan en 24 de 32 entidades federativas, donde se aprecia una significativa presencia de mandatarias estatales.
Pero no fue con la llegada de las mujeres al poder cuando desapareció la figura de Primera Dama; esa etapa en la historia del ejercicio del gobierno en México la inauguró la esposa del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, quien casi al final de la campaña, en la cual resultó electo su esposo, anunció la supresión de dicha figura, reflexionándolo así: “Tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente; pongamos fin a la idea de la primera dama porque en México no queremos que haya mujeres de primera ni de segunda”.
Desde el inicio del Gobierno de la República en 1824, la esposa del mandatario nacional fue llamada Primera Dama del país, pero no necesariamente utilizaron ese mote o tuvieron una encomienda honoraria en la estructura operativa del gobierno. El término y la labor de la cónyuge del primer mandatario prácticamente se “institucionalizó” cuando en 1977 se creó el DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual está acreditado a Carmen Romano Nolk, esposa del entonces Presidente José López Portillo.
A partir de ese momento y hasta 2018, la esposa del Presidente encabezó el DIF, que, para su operatividad, cuenta con una estructura administrativa. Beatriz Gutiérrez Müller no lo dirigió. Tampoco fue encargada formal de ninguna otra área del Gobierno de México, aunque sí colaboró en temas de lectura, cultura e historia.
Gutiérrez Müller es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, donde se incrustó tras pasar ciertos filtros y labor por la cual recibe un sueldo como el resto de los miembros de ese organismo; también se ha dedicado, antes, durante y después del sexenio de su esposo, a la escritura, habiendo publicado libros dominados por el tema de la historia.
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Al haber prescindido de la figura o el mote de Primera Dama, la esposa del primer mandatario de oposición que se asume en la izquierda, los gobernadores y alcaldes emanados de ese partido reaccionaron de igual forma. Sus esposas no fueron titulares de los DIF, sea estatal o municipal, y no tuvieron relación ni labor honoraria en las administraciones de sus maridos.
Lo mismo ha sucedido con las gobernadoras; sus esposos se dedican a cualquier sector en el que se hayan desenvuelto y la operatividad de la administración pública queda en total y exclusivo manejo de quien fue electa para ello… aunque no es el caso de todas. A partir del 1 de octubre de 2024, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sentó bases sobre el tratamiento, desarrollo y desenvolvimiento público de los cónyuges de las mujeres gobernantes, dado que si ya no existe el término Primera Dama, no se dio pie al de Primer Caballero.
El esposo de la primera mujer Presidenta del país, Jesús María Tarriba Unger, es un investigador y académico, doctor en Ciencia Física por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en matemáticas, estadística, economía y finanzas, debido a lo cual se ha desempañado en ese sector.
De acuerdo a su biografía pública, el doctor Tarriba ha trabajado en instituciones financieras, en cargos de gestión de riesgos y analista cuantitativo, y a partir de 2017 es especialista en riesgos financieros para el Banco de México.
Es evidente que Tarriba tiene, a sus 62 años, un modo público y honesto de vida, en el cual podrá seguir desempeñándose durante el encargo de su esposa en la Presidencia de la República.
Pero en Baja California, las cosas son diferentes. Aunque tampoco el esposo de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda es el Primer Caballero del Estado, Carlos Torres Torres sí se entromete en la cosa pública de manera, además, muy notoria.
Político por sí mismo, Torres Torres inició en las juventudes del PAN, desde donde logró licenciarse en Derecho, aunque la profesión no la ha ejercido. Fue diputado panista federal e intentó ser alcalde de Tijuana, pero en 2010 fue derrotado por el priísmo. Ligado al calderonismo, de hecho, el ex mandatario Felipe Calderón es uno de sus padrinos políticos, a quien representó en el Estado como encargado de Desarrollo Social. Su último encargo con Acción Nacional fue una diputación local en BC, desde cuya bancada benefició con su voto al primer gobernador de Morena en la entidad, el también notorio Jaime Bonilla Valdez.
Efectivamente, Carlos Torres Torres fue uno de los siete diputados del PAN que aprobaron la infame Ley Bonilla que “permitía” al entonces gobernador ejercer el cargo por cinco años, en lugar de los dos para los cuales fue electo en el proceso electoral 2019. A la sazón, en el Partido Acción Nacional expulsaron a esos siete diputados, incluido el esposo de la gobernadora morenista, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley Bonilla, con lo que cumplió con un bienio al frente de la administración estatal.
Para 2021, Carlos Torres Torres, expulsado del PAN en 2019, ya aparecía en la campaña de su esposa al Gobierno de Baja California. Ella tuvo un triunfo contundente en el Estado y los bajacalifornianos le dieron la confianza electoral para administrar los recursos estatales, a ella.
De Carlos Torres nunca ha sido pública ni evidente una carrera en el Derecho o en el ámbito privado, todo su desarrollo personal ha sido público y ligado a la política de la mano de Acción Nacional, por lo que, al iniciar la administración de Ávila Olmeda, no tenía un despacho jurídico, un negocio público, comercio o empresa a su nombre a lo cual dedicarse mientras su cónyuge gobierna, como lo hizo la doctora Beatriz Gutiérrez durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
No había pasado mucho tiempo de la toma de posesión de la primera gobernadora mujer de Baja California cuando ella nombró a su esposo, Carlos Torres Torres, coordinador de Proyectos Estratégicos, particularmente -se aclaró- en la elaboración, desarrollo, supervisión y conclusión de espacios públicos. El cargo estatal le llegó, y así se expuso, de manera honoraria. Es decir, no cobrará un sueldo.
A partir de ese momento, el esposo de la gobernadora dispuso, como en el pasado las primeras damas, de vehículos, escoltas y oficinas del Gobierno del Estado de Baja California para su uso y el desarrollo de los “proyectos estratégicos”. Aunque la gobernadora ha tenido a bien aclarar, cuando se trata de viajes internacionales o nacionales a los cuáles la acompaña el esposo, que él es quien corre con los gastos.
En una ocasión, a propósito de una investigación de ZETA sobre la contaminación en la Presa El Carrizo, la cual ponía en riesgo a la población por su alto contenido de bacteria, un funcionario de la Comisión Nacional del Agua explicó que esto había sido informado al Gobierno de Baja California, incluso cuando el esposo de la gobernadora acudió a las oficinas de la Conagua para solicitar facilitación en el trámite para concesionar los bordes de la presa a empresas privadas para la práctica de canotaje. Uno de los “proyectos estratégicos” de Torres es un parque en las inmediaciones de una presa en Tijuana. Hace unos días, el 30 de septiembre, en Baja California tomaron posesión los titulares de los siete ayuntamientos delimitados en la entidad. En el municipio más poblado, Tijuana, lo hizo Ismael Burgueño, quien ante la discordia local para obstaculizar la reelección de la ex alcaldesa Montserrat Caballero, se quedó con la nominación y fue electo para el cargo.
Durante la campaña Burgueño fue apoyado por el esposo de la gobernadora, Carlos Torres Torres, como tuvieron la venia otros candidatos a diputados, incluso por el Partido Verde Ecologista de México, y como en Morena dicen, o decían, que “Amor con amor se paga”, el alcalde Burgueño nombró a Torres, coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana, también un cargo honorario, para “potenciar espacios emblemáticos de la ciudad y el desarrollo de nuevos espacios públicos”, según comentó el alcalde.
La cuestión es que, quien sería el primer caballero del Estado de Baja California, a diferencia de la esposa del ex Presidente López Obrador, y del esposo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el cónyuge de Marina Ávila ya suma dos cargos honorarios en la estructura del Estado, uno de ámbito estatal y el otro municipal en Tijuana. Dos trabajos por los cuales no cobra, aunque se desconozca de dónde provienen sus ingresos para subsistir él, su familia, los viajes que los cargos honorarios le implican y las decenas de reuniones que debe sostener para avanzar en los proyectos estratégicos para el Estado y para Tijuana.
La supresión de la figura de la Primera Dama en el país, que se emuló en los estados, ¿acaso será ahora suplida por el encargado de “proyectos estratégicos”, o eso sólo ocurre en Baja California? La pregunta es ahora para los de Morena.
