Antes que concluya su administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere amarrar sus principales reformas, comprometiendo con ello el programa de desarrollo de la futura titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta semana, particularmente con la reforma de la Guardia Nacional que los diputados “discuten”, es un decir, pues, ya que les dicen cómo votar, estén o no de acuerdo, sean o no oficialistas.
López Obrador revivió al inicio de su administración la Secretaría de Seguridad que fue eliminada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que en el de Felipe Calderón había sido encabezada por el nada célebre y sí cuestionado, investigado y preso, Genaro García Luna, próximo a recibir su sentencia el 9 de octubre en Estados Unidos.
Dentro de esa secretaría estaba la Policía Federal, que antes había sido Preventiva, o de Investigación, pero con López Obrador pasó a ser eliminada para crear en suplencia la Guardia Nacional. Al echar mano de militares en los que de repente confió plenamente al asumir la presidencia, AMLO aseguró que ello no significaba la militarización de la seguridad, pues el cuerpo policiaco tendría un mando civil y estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, donde le colaboraba como primer titular Alfonso Durazo, hoy gobernador de Sonora, y posteriormente Rosa Icela Rodríguez.
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Pero al tiempo transcurrido la Guardia Nacional se fue militarizando cada vez más. No solamente la integraban en su mayoría efectivos del Ejército Mexicano, sino que éstos eran guiados por comandantes militares para sus labores por todo el territorio mexicano; después se le concedió al Ejército la administración de la Guardia Nacional, y al final, el mando de la misma terminó en un General en el ámbito central, y de Generales de Brigada en las distintas regiones del país.
La Secretaría de Seguridad quedó reducida a una Secretaría de Actas en voz de Rosa Icela Rodríguez, quien se encarga más que nada de recopilar la información sobre el Plan Nacional de Seguridad, concentrar las métricas de la incidencia de delitos y anotar los logros (muy reducidos también) de la Guardia Nacional. Nada de operación, nada de acción, cero investigación.
A pesar de la confianza que el Presidente y la mayoría de los mexicanos parecen tener en el Ejército, algunos elementos de la Guardia Nacional han errado el camino o cambiado de bando. Se alían con los cárteles, con células criminales y cometen delitos. Hace unas semanas, en ZETA publicamos una investigación sobre los delitos que, sólo en Baja California, han cometido miembros de la Guardia Nacional destacados en esta región. Los números no fueron halagadores: entre 2021 y 2024, elementos de la Guardia Nacional han participado en 13 actos delictivos, desde robo de droga, servir de escoltas a células del narcotráfico y violación, entre otros. Solo uno de esos agentes ha sido investigado, detenido y procesado.
Con la reforma que se discute en la Cámara de Diputados, la cual cedería el control total de la Guardia Nacional al Ejército, los elementos que incurran en actos delictivos serán juzgados en tribunales militares, a los cuales no tienen acceso civiles, lo cual les proveería de mayor opacidad a la que ostentan actualmente ante la incapacidad o complacencia de las fiscalías estatales o de la General de la República para investigarlos, procesarlos y solicitar órdenes de aprehensión.
La reforma de AMLO pretende “definir a la Guardia Nacional como fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente, de origen y formación castrense, con formación policial para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, con lo que se concretaría la militarización de la seguridad.
Destaca que la iniciativa está siendo analizada, y si el Presidente lo desea, será aprobada en próximos días, sin considerar el plan de seguridad que tiene la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum Pardo quien, a diferencia de López Obrador, que cuenta con Rosa Icela Rodríguez en calidad de secretaria de actas de seguridad, la futura mandataria nacional adelantó que para encabezar la Secretaría de Seguridad, invitó y aceptó, a Omar García Harfuch, quien fue su secretario de seguridad en Ciudad de México y se formó en las artes policiacas en el sexenio de Felipe Calderón, precisamente en las áreas de Genaro García Luna.
La propia personalidad de García Harfuch no le da para ser secretario de actas, para encabezar un cascarón de Secretaría de Seguridad sin corporación policiaca de seguridad, sin voz y voto en la operatividad para la prevención del delito, la investigación y el combate a la inseguridad en el país, sin embargo, con la reforma de AMLO, quedaría una secretaría sin uñas ni dientes para operar en favor de la seguridad.
La militarización de la seguridad, sin embargo, le dará a la futura Presidenta otros escenarios a su favor. En caso que también la política militarizadora de AMLO sea lo suyo, podrá disponer del Ejército no sólo para la seguridad exterior de ser necesario, también al interior, en materia de inseguridad, de violencia o de política. Poder que un Presidente no tiene en el país desde mediados del siglo pasado, cuando los Generales salieron de Palacio Nacional y los civiles tomaron el poder político y administrativo.
En las condiciones actuales, las generadas a partir de la creación de la Guardia Nacional en 2019 está demostrado que tal cuerpo policiaco no ha servido ni abonado a buenos resultados en materia de combate al flagelo más grande de México: el narcotráfico y el crimen organizado, cuyos miembros permanecen en la impunidad (a menos que sean aprehendidos en Estados Unidos como sucedió contra la pública voluntad de López Obrador con Ismael “El Mayo” Zambada García) porque los guardias nacionales ni los investigan, ni los persiguen, ni los presentan para su proceso ante la Fiscalía General de la República, otra entidad minimizada en materia de combate a la inseguridad en el presente sexenio.
La militarización de la Guardia Nacional marginará más a esa Policía de la procuración de justicia civil, donde se asumen deben dirimirse los casos criminales que se registran en México, al contar con una formación castrense por encima de una civil. Mientras los casos internos sean abordados en tribunales militares, los externos deben presentarse a Juzgados civiles, con todo y el desconocimiento de los guardias nacionales en la materia. De hecho, la Guardia Nacional ha sido reducida a ser protectora del perímetro de escenas del crimen en México, o protagonista de un patrullaje “disuasivo” y no operativo para combatir los delitos.
Aun cuando la futura Presidenta es harto condescendiente con el actual mandatario federal, será de sumo interés ver cómo actuará con la militarización de la seguridad y cuál es el plan que ha desarrollado, de la mano de García Harfuch, que será el primer secretario de Seguridad sin corporación policiaca, o si para tales efectos, Sheinbaum propondrá la creación de su propia policía civil para la prevención de los delitos en la secretaría en cuestión.
Lamentablemente, en un país donde la mayoría calificada en ambas cámaras asiste al oficialismo, no hay discusión que impere para un voto razonado para militarizar la seguridad, y para ver una contrapropuesta o una reacción desde el gobierno central, se deberá a esperar hasta el 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum tome posesión y pueda decidir y disponer, como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, si concreta la militarización de la seguridad o al fin se impone con la investidura presidencial para que persista una corporación civil.
