El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito de Colima otorgó, el 13 de septiembre de 2024, una suspensión provisional que buscaría impedir que el titular del Poder Ejecutivo Federal publicara, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) -algo previsto para el día 15 del mismo mes y año, aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales.
“En caso de que el procedimiento de reforma constitucional impugnado se apruebe por las autoridades responsables, el decreto respectivo no se publique en el Diario Oficial de la Federación”, fue el efecto de la suspensión provisional, cuyo cumplimiento correspondería supervisar a Francisco García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Colima.
Según la resolución del Tribunal Colegiado, la suspensión provisional estaría vigente por lo menos hasta el 11 de octubre de 2024. Ambas cámaras del Congreso de la Unión sesionarían, el 13 de septiembre del mismo año, para declarar que se había completado el proceso de reforma, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que quería publicar el decreto el 15 de septiembre de 2024, con lo que entrará en vigor al día siguiente.
El amparo indirecto 1125//2024-VIII fue promovido por la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que impugnó tanto el contenido de la reforma constitucional, como el procedimiento para aprobarla, por la supuesta caducidad del plazo que tenía la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para dictaminar la iniciativa que envió el político tabasqueño, el 5 de febrero de 2024.
Al otorgar la suspensión, los magistrados Joel Fernando Tinajero Jiménez, Martín Ángel Rubio Padilla y José David Cisneros Alcaraz admitieron que estarían impedidos para conocer del caso, debido a que ellos mismos habían promovido amparos contra dicha reforma. Sin embargo, consideraron que debían resolver el recurso de queja de la Fundación, debido a que en Colima no había otro tribunal colegiado de circuito, y porque el amparo no era de ellos, sino el de una asociación civil.
Según un texto firmado por reportero Milton Maerlo, publicado el 13 de septiembre de 2024, en el diario español ABC, 10 días atrás, la presidenta electa de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, buscó que senadores y diputados de Morena retrasaran la aprobación de la reforma judicial, para “esperar a que ella tome el poder y poder matizar ciertos puntos que generan nerviosismo en el empresariado y en los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte [T-MEC]”.
Sin embargo, según el artículo -que citó a “fuentes del entorno” de Sheinbaum y “del equipo de transición”-, titulado ‘La presidenta electa de México intentó demorar, sin éxito, la reforma judicial de [Andrés Manuel] López Obrador”, durante una reunión “a solas” con el político tabasqueño, se decidió ir a fondo con dicha reforma.
El diario español ABC señaló que “la reforma judicial, en su letra original, era rechazada por la próxima mandataria [electa], a pesar de que esta, en público, había cerrado filas con López Obrador”.
El texto puntualizó que López Obrador logró condicionar a Sheinbaum Pardo, con una reforma que había mostrado “la faceta más autoritaria” del Gobierno actual y que la obligaría “a organizar elecciones para que jueces y magistrados sean electos por voto popular”.
“El presidente ha designado más de 30 personas en el gobierno que viene […] En junio le dijo a Sheinbaum que serían sólo cinco, pero ha avanzado sobre decenas de posiciones con el argumento de que había que reconocer a las personas que habían trabajado en su gobierno”, subrayó el rotativo español.
“Sheinbaum se reunía con López Obrador, este le preguntaba a quién iba a designar en tal o cual posición, Sheinbaum decía que estaba estudiando una terna de nombres y ante esa oportunidad de duda el presidente instalaba a su candidato”, explicó ABC, que puso como ejemplo la designación de la futura titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
El reportero apuntó que, por eso, “en las últimas semanas Sheinbaum ha evitado reunirse con el presidente para ver temas de su gabinete y ha realizado ciertas designaciones de modo más personal, como son los casos del próximo director de la petrolera estatal PEMEX o el próximo secretario de la Defensa”.
Según el diario español, las imposiciones de López Obrador a Sheinbaum Pardo, incluyeron su lugar de residencia, ya que aunque ella quería ocupar una casa del Gobierno Federal ubicada al sur de la Ciudad de México, “AMLO se impuso y vivirá frente al Zócalo” capitalino.
Los movimientos del actual mandatario nacional, señala el artículo, incluyeron mantener a leales en las principales posiciones de control del partido, algo que “es crucial porque allí se aprueban las candidaturas para alcaldías, gubernaturas y poderes legislativos locales y federales”.
Maerlo insistió que “López Obrador ha designado como próxima titular de Morena a su actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde [Luján], y pretende ubicar como su segundo a su propio hijo, Andrés [Manuel] López Beltrán, señalado en diversos escándalos de supuesta corrupción”.
De esta manera, según escribió el reportero, “todas decisiones que ahora tendrán que contar con el visto bueno del hijo del presidente”. El texto concluyó que “estos movimientos han cristalizado en el ámbito político la teoría de que, al menos durante el primer año de gobierno, Sheinbaum seguirá fuertemente condicionada por López Obrador y con márgenes de autonomía relativamente escasos”.
El 13 de septiembre de 2024, los diputados y senadores de los grupos legislativos de Movimiento Ciudadano (MC), así como de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), no acudirían a las sesiones en las que se declarararía la validez constitucional de la reforma al Poder Judicial de la Federación, ello como forma de protesta contra la premura y la ausencia de debate con la que se aprobó la iniciativa.
La reforma judicial fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado del Congreso de la Unión en cuestión de una semana, y después al menos 20 congresos estatales aprobaron la minuta en poco más de 24 horas.
Al lograr superar la validación en 17 legislaturas locales, ambas cámaras del Congreso de la Unión convocaron a dos sesiones para las 14:00 horas y las 17:00 horas, en el Senado y San Lázaro, respectivamente,, con el objetivo de declarar la validez constitucional de la reforma judicial y enviarla al titular del Poder Ejecutivo Federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
