De forma unánime, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Penal del Estado de Morelos, confirmó, el 4 de septiembre de 2024, la vigencia de la suspensión provisional dictada por Martha Eugenia Magaña López, titular del Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Morelos, quien, el 31 de agosto del mismo año, ordenó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no iniciar la discusión o votación del dictamen de reformas al Poder Judicial de la Federación (PJF), para que el dictamen de reforma constitucional, no afectara a los cuatro jueces federales que promovieron un amparo.
Los tres votos a favor de confirmar la suspensión fueron de los magistrados Silvia Carrasco Corona, Yolanda Velázquez Rebollo y Juan Pablo Bonifaz Escobar, quienes desecharon el recurso de queja presentado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, anunció, el 2 de septiembre de 2024, que detendrían la solicitud de juicio político y la denuncia penal contra los jueces que otorgaron suspensiones provisionales contra la discusión de la reforma al Poder Judicial. de la Federación.
El 31 de agosto de 2024, Martha Eugenia Magaña López, titular del Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Morelos, al otorgar una suspensión provisional, ordenó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no iniciar la discusión o votación del dictamen de reformas al PJF, para que el dictamen de reforma constitucional, aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, no afectara a los cuatro jueces federales que promovieron un amparo.
El fallo “implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura” que comienza el domingo, según estableció el expediente 1251/2024.
La juzgadora argumentó que la aprobación de dicha reforma, que instauraría elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación a partir de 2025, “pretende cesar de sus cargos de jueces federales” a los quejosos, “sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna”.
Además de dicha sentencia, Felipe Consuelo Soto, titular de Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, también concedió un amparo indirecto a jueces que impugnaron el dictamen de la reforma judicial, según el expediente 1190/2024, aunque no detalló de manera pública el alcance de dicha decisión.
En el amparo 1190/2024, Consuelo Soto señaló que ambas cámaras del Congreso de la Unión podrían continuar con el proceso legislativo, pero sí aprobaban el dictamen, les prohibía enviar el decreto respectivo a las legislaturas estatales, de las que al menos la mitad más una tiene que dar su aprobación para completar la reforma a la Constitución.
El 1 de septiembre de 2024, Monreal Ávila, indicó que la bancada de Morena analizaba interponer un juicio político contra los jueces que dictaron la suspensión de la discusión de la reforma al PJF.
Durante una conferencia de prensa, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro enfatizó que se plantearon tres acciones contra los jueces: juicio político para inhabilitarlos, denuncia penal y una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“La mayoría legislativa opinó que es una franca intromisión, que es una violación a la Constitución y que no tiene competencia ningún juez, ni ente ajeno al poder legislativo. Incluso, se planteó iniciar tres acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del poder legislativo: juicio político, se planteó denuncia penal por delitos cometidos en administración de justicia y una queja ante la Judicatura”, detalló Monreal Ávila.
Más tarde el mismo día, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, informó, a través de sus cuentas en las diversas redes sociales, las acciones que tomaron contra Magaña López y Consuelo Soto, por lo que tachó como una “burda invasión de incompetencia”. Luego dijo que “¡La Reforma al Poder Judicial nadie la va a parar”.
Sin embargo, el 2 de septiembre de 2024, Monreal Ávila acotó que aunque, según él, los jueces extralimitaron sus facultades y funciones, además de que violaron el principio de legalidad, pidió esperar, porque en ese momento, la prudencia y la tolerancia ayudaba al país.
“Yo les he pedido que esperemos, creo que en estos momentos la prudencia y la tolerancia ayudan al país. Creo que ayer se iban a presentar [el juicio político y la denuncia penal contra los jueces], pero aun cuando se hayan presentado hay que darle una pausa”, indicó el político zacatecano.
“Puedo decir con toda firmeza que no habrá ‘fast track’ en ningún juicio político, que vamos a acudir a una actitud de respeto, de prudencia. No hay sino la intención de buscar el diálogo”, insistió Monreal Ávila, quien, además, no descartó cambios al dictamen de la reforma al PJF, aunque no dio detalles, porque continuaban trabajando en ellos.
El 3 de septiembre de 2024, Luis Rodríguez Bucio -ex comandante general de la Guardia Nacional-, y actual titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhibió a los jueces Magaña López y Consuelo Soto, por emitir suspensiones contra la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación, en el Congreso de la Unión.
Durante el informe ‘Cero Impunidad’ -en la conferencia de prensa presidencial-, el funcionario federal mencionó el amparo 1251/2024 y la suspensión concedida por la titular del Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Morelos.
“E 30 de agosto 2024 la jueza Magaña López concedió una suspensión de oficio a diversos jueces federales que promovieron un amparo contra la reforma al Poder Judicial que se discute en la Cámara de Diputados, pues considera que éste podría generarles un daño de imposible reparación”, se leía en la gráfica que estaba en las pantallas del Salón Tesorería del Palacio Nacional.
“El efecto de esta suspensión es para que, el proyecto de dictamen relativo a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Constitución Federal con respecto al Poder Judicial [el cual fue discutido y aprobado en 26 de agosto 2024, por la Comisión de Puntos Constitucionales] no surta efecto para los quejosos”, indicaba la gráfica.
“Lo anterior implicaría que dicho proyecto no podrá ser discutido ni votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura, que fue instalada el día 1 de septiembre 2024. La jueza Magaña López mencionó que actúa estando en protesta por los ataques a la independencia judicial”, señalaba la citada gráfica.
Respecto al segundo caso, Rodríguez Bucio hizo mención al amparo 1190/2024, otorgado por Consuelo Soto, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas.
“De igual manera, el 30 de agosto 2024, el Juez Consuelo Soto concedió una suspensión de oficio a otros jueces federales que promovieron un amparo contra la misma reforma, para evitarles daños y perjuicios de difícil reparación”, indicó otra gráfica.
“En este caso los efectos de la suspensión serían para que el H. Congreso de la Unión se abstenga de enviar el dictamen a las Legislaturas de los Estados y de la CDMX para la aprobación correspondiente, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva en este amparo”, abundó la gráfica.
“De acuerdo con el juez Consuelo Soto, de permitirse la culminación de dicho proceso legislativo, el amparo promovido quedaría sin materia, pues sería imposible reparar los daños ocasionados a los promoventes”, decía la gráfica.
“Felipe Consuelo Soto concede protección contra la reforma. Los efectos de la suspensión son para que el Congreso se abstenga de enviar la reforma los congresos locales, hasta que se resuelva la suspensión definitiva del amparo. Si se consuma, sería imposible reparar los daños a los promoventes”, enfatizó la gráfica.
Magaña López es Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Asimismo, cuenta con una especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, así como una Maestría en Amparo, cusada en el Centro de Estudios Carbonell.
Entre los cargos que ha desempeñado se encuentra el de oficial judicial en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán; oficial judicial y secretaria ejecutiva en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán; actuaría judicial y secretaria, en Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito.
Además ha sido titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa; y del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca.
Por su parte, Consuelo Soto estudió la Licenciatura en Derecho, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También fue juez en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), en 1997.
En junio de 2017, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) lo suspendió por seis meses, cuando fungía como responsable de los procesos de quiebra de Mexicana de Aviación y la empresa naviera Oceanografía, por supuestas irregularidades durante el concurso mercantil de la aerolínea.
