La Asamblea General Extraordinaria, del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decidieron, el 2 de septiembre de 2024, que se sumarían a la suspensión nacional de actividades -que comenzó el 19 de agosto del mismo año-, en protesta a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
A través de un comunicado, se detalló que los trabajadores se reunieron en el área de murales de la sede del máximo tribunal constitucional, donde votaron para tomar una decisión mayoritaria.
De un universo de 3 mil 647 empleados, sólo participaron mil 072, el 29 por ciento. De ellos, 951 sufragaron a favor de la suspensión 951; 116 en contra y 5 abstenciones. Sin embargo, muchos de los trabajadores laboran en edificios alternos, casas de la cultura jurídica en los 32 estados, o son personal operativo o administrativo.
Ante su decisión los trabajadores del máximo tribunal constitucional notificarían a los ministros de la SCJN, mismos que estaban convocadas a una sesión pública, que se llevaría a cabo el 3 de septiembre de 2024.
El Pleno de la SCJN rechazó, en sesión privada -llevada a cabo el 2 de septiembre de 2024-, una petición de la ministra Lenia Batres Guadarrama, para que el máximo tribunal constitucional aplicara facultades previstas en el artículo 11, fracciones XIX y XX, de la Ley Orgánica del PJF, que le permitirían solicitar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para “garantizar la función jurisdiccional”.
Batres Guadarrama consideró que el paro nacional de laborales sólo había sido reivindicado por una asociación civil, que, según ella, no podía “usurpar” las funciones administrativas que la Constitución le reservaba al CJF. No obstante, la propuesta fue rechazada por nueve votos contra dos, y solo fue apoyada por Yasmín Esquivel Mossa.
