El 13 de septiembre de 2024, sin la presencia de los senadores de los grupos legislativos de Movimiento Ciudadano (MC), así como de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) -como forma de protesta contra la premura y la ausencia de debate con la que se aprobó la iniciativa-, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, declaró la validez constitucional de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Él único legislador de la oposición que estuvo presente fue Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, pero estuvo sentado del lado de las bancadas de la llamada “cuarta transformación”, conformada por los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), en cuyos escaños pusieron carteles con la leyenda de “El pueblo manda”.
La reforma judicial fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado del Congreso de la Unión en cuestión de una semana, y después al menos 24 congresos estatales aprobaron la minuta en poco más de 24 horas. Hasta el momento, solo dos, Jalisco y Querétaro, lo rechazaron.
Los congresos locales que respaldaron la modificación fueron los de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Al lograr superar la validación en 17 legislaturas locales, ambas cámaras del Congreso de la Unión convocaron a dos sesiones para las 14:00 horas y las 17:00 horas del 13 de septiembre de 2024, en el Senado y San Lázaro, respectivamente, con el objetivo de declarar la validez constitucional de la reforma judicial y enviarla al titular del Poder Ejecutivo Federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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