Tras aval de la mayoría de congresos locales, el Pleno del Senado de la República declaró, el 29 de septiembre de 2024, la constitucionalidad de las reformas de la Guardia Nacional y de los pueblos indígenas y afromexicanos.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, enlistó las 26 entidades donde las legislaturas aprobaron la reforma en materia de Guardia Nacional.
Entre ellas, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
Asimismo, Fernández Noroña indicó que en materia de pueblos indígenas y afroamericanos esas mismas 26 legislaturas emitieron la aprobación de dicha reforma. Además, pidió a los legisladores presentes, que se pusieran de pie para hacer las declaratorias correspondientes.
Asimismo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado indicó que las mismas serían remitidas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y una vez que se tuvieran las firmas correspondientes, se harían llegar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En la sesión sólo estuvieron presentes los senadores de la llamada “cuarta transformación” -integrada por los grupos parlamentarios de Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT)-, además de Miguel Yunes Márquez, de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), quien le dio la mayoría calificada a la “4t”.
Mientras que las bancadas ausentes fueron las de Acción Nacional, Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). Así lo habían anunciado desde el 27 de septiembre de 2024.
“No seremos cómplices de la militarización de la seguridad pública y de una estrategia que ha demostrado su fracaso, que ignora las verdaderas necesidades de seguridad y que sigue poniendo sobrecarga sobre nuestras Fuerzas Armadas, en lugar de apostar por policías civiles profesionales y cercanas a la ciudadanía”, expuso el grupo legislativo del PAN, en un comunicado.
Los senadores panistas explicaron que si bien reconocían la lealtad e institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su papel crucial en la defensa de la seguridad nacional, estaban en contra de la reforma, porque, según ellos la Guardia Nacional debía ser una institución de carácter y mando civil.
A través de su cuenta de la red social X, la coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, informó que su bancada tampoco asistiría a la sesión, para no ser parte de un acto que perpetuaba una estrategia de seguridad fallida.
“El actual Gobierno Federal siguió la misma estrategia que sus predecesores, desde Felipe [de Jesús] Calderón [Hinojosa], con los mismos malos resultados. Morena prometió poner fin a la violencia, pero en seis años lo único que ha hecho, es profundizarla”, escribió la ex gobernadora de Yucatán.
“Toda vez que desde la tribuna se advirtió que la reforma no resuelve los temas de seguridad y, además, no se atendió en estos años la necesidad de fortalecer las policías estatales y municipales, decidimos no convalidar la militarización”, explicó el senador y dirigente nacional priista, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.
“No existe voluntad política en el oficialismo para dar solución al problema de violencia e inseguridad que viven las familias. Con la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena se envía al mundo el mensaje de que México es incapaz de mantener la seguridad sin recurrir a la militarización permanente, debido a que sus instituciones civiles son tan débiles, que deben entregarse al control militar”, argumentó el político campechano, también conocido como “Alito”.
