Un par de senadores de Estados Unidos amenazaron, el 26 de septiembre de 2024, con tomar represalias aplastantes si el Gobierno de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no corregía la expropiación de los terrenos donde se extraía material pétreo del predio La Rosita, propiedad de la empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, en el estado de Quintana Roo.
Ello tres días después que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera la declaratoria oficial de Área Natural Protegida (ANP), del polígono “Felipe Carrillo Puerto”, de más de 53 mil hectáreas, que abarcan porciones de los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, en Quintana Roo, que incluye dos mil 400 hectáreas propiedad de una subsidiaria de Vulcan Materials.
La zona declarada “Área Natural Protegida” (ANP), prohíbe “realizar obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias, a lo que se refiere la Ley de Minería” y “abrir bancos de material, extraer material pétreo o materiales para construcción”.
“La incautación del puerto de aguas profundas de Vulcan [Materials] por parte del presidente López Obrador representa una expropiación flagrante de una operación legalmente permitida y propiedad de EE. UU.”, dijeron los senadores republicanos Katie Britt de Alabama y John Cornyn, de Texas.
“La entrante Administración mexicana no quisiera pagar consecuencias aplastantes derivadas de las acciones ilegales del presidente López Obrador, que violan tanto el derecho mexicano como el internacional”, advirtieron los legisladores republicanos, en un posicionamiento público conjunto.
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“Repetidamente, ya le habíamos advertido [al presidente López Obrador] que habría ramificaciones sustanciales si su Administración cruzaba esta línea”, insistieron los senadores republicanos.
“Al tiempo que intenta ejecutar este plan durante la etapa final de su Presidencia como un ‘pato cojo’, [López Obrador] ahora deberá aprender rápidamente que cumplimos nuestras promesas”, enfatizaron los legisladores.
“El ataque de la Administración [de López Obrador] al Estado de derecho está poniendo en peligro los intereses económicos y de seguridad nacional de EE. UU.”, agregaron los senadores texanos, en su posicionamiento.
El 26 de septiembre de 2024, en una carta dirigida al titular de la Embajada de México en Washington, Esteban Moctezuma Barragán, 17 congresistas, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, calificaron la declaratoria como una expropiación de facto que impactará en la revisión del Tratado de Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC), en 2026.
“Esta acción más reciente representa una violación de la confianza. México se comprometió a promover y proteger las inversiones extranjeras, pero esta acción le indica a EE. UU. y al mundo que no se puede confiar en México. Esta conducta erosionará la relación entre EU y México respecto a la política comercial”, dijo el grupo de congresistas estadounidenses, en su misiva.
En su carta al embajador mexicano, los 17 congresistas estadounidenses hicieron votos porque la próxima presidenta de México reconsiderara la declaratoria emitida por su antecesor.
“Nos gustaría recordarle que esta acción contra Vulcan es mucho más grande que una sola empresa. Establece un nuevo precedente peligroso para nuestra relación bilateral y socava los valores fundamentales de la confianza y el Estado de Derecho que son esenciales para una relación comercial”, dijeron los legisladores en la misiva.
“Las acciones de México hacia Vulcan y el deterioro del Estado de Derecho serán parte de la revisión de 2026 del Tratado Comercial entre EU, México y Canadá (T-MEC)”, enfatizaron los congresistas estadounidenses.
Firmaron la carta los siete congresistas que componen la delegación legislativa del Estado de Alabama: la demócrata Terri Sewell y los republicanos Gary Palmer, Robert Aderholt, Jerry Carl, Barry Moore, Mike Rogers y Dale Strong.
También firmaron los demócratas Salud Carbajal y Jimmy Panetta, de Californi; así como Vicente González de Texas; además, los republicanos Jay Obernote, de California; Aaeron Bean y Maria Elivira Salazar, de Florida; Thomas Kean, de New Jersey; Chuck Edwards, de Carolina del Norte; así como August Pfluger y Beth Van Duyne.
Un día antes, la empresa estadounidense alertó que con la expropiación se violaron los acuerdos comerciales de América del Norte, incluido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Además, adelantó que planeaba defenderse mediante “todas las vías legales disponibles”.
“Esta acción nos priva del uso de nuestra tierra y tenemos la intención de defendernos utilizando todas las vías legales disponibles”, afirmó Vulcan Materials, en un comunicado enviado a la agencia británica Reuters.
“La expropiación de la tierra y el puerto de nuestra empresa es otra escalada más y una nueva violación de los compromisos de México en virtud de los acuerdos comerciales de América del Norte, incluido el T-MEC, y otros tratados de inversión aplicables”, afirmó Vulcan.
El 25 de septiembre de 2024, el presidente López Obrador aseguró que la declaratoria de Área Natural Protegida de los predios de la empresa Calica, no fue una expropiación, sino un acto de defensa del territorio nacional.
El mandatario nacional reconoció que podría heredar un litigio, en el marco del T-MEC, a la presidenta mexicana electa, pero defendió su decisión de frenar la explotación de material de construcción, que era trasladado a Estados Unidos para la construcción de carreteras.
Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño acusó a la empresa Vulcan Materials de haberse valido de la corrupción de gobiernos anteriores, para conseguir los permisos en esa zona de Quintana Roo y pidió indagar cuáles eran los despachos de abogados que los defendían, tras afirmar que estaban vinculados con sus adversarios políticos.
“No hay expropiación, es una declaratoria de ANP, porque ni modo que no vamos a proteger nuestros recursos naturales”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, quien también cuestionó la necesidad de extraer materiales de México.
“Imagínense que se lleven grava del paraíso, que se use de banco de material para carreteras en Estados Unidos ¿qué no hay otros bancos de material en Estados Unidos? ¿No tienen allá territorio suficiente? Es como el doble o el triple de nuestro territorio, Estados Unidos”, señaló el mandatario nacional, quien también destacó que hubo intentos de negociación con la empresa.
“Además, buscamos con ellos llegar a un acuerdo, ofrecimos que se les compraba su parte, se hizo un avalúo y siempre la prepotencia, no entienden que México es un país independiente, soberano. Por qué venir aquí y valerse de la corrupción que imperaba. Porque todo eso era nacional, había hasta un fideicomiso del Gobierno Federal en Xelhá y se apoderaron los corruptos en los gobiernos de Salinas, Zedillo, etcétera”, agregó López Obrador.
Además, el presidente destacó que su Administración había decretado la mayor cantidad de áreas naturales protegidas en la historia de México, superando en número incluso al presidente Lázaro Cárdenas del Río, a quien reconoció por su visión pionera en la protección de la naturaleza.
CLAUSURAR EMPRESA ESTADOUNIDENSE EN QROO, NO SERÍA BUEN MENSAJE A INVERSIÓN, ADVIERTE BLINKEN
Antony John Blinken, titular de la Secretaría de Estado de EE.UU., advirtió, el 21 de mayo de 2024, que si el Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador expropiaba los terrenos donde se extraía material pétreo del predio La Rosita, propiedad de la empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, en el estado de Quintana Roo, ello no sería buen mensaje a la inversión.
“Hemos planteado el punto de manera genérica al Gobierno de México, incluido al presidente, de que la confiscación de empresas privadas no es una buena forma de atraer inversiones extranjeras” respondió Blinken, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, a pregunta expresa del legislador demócrata Tim Kaine.
“Andrés Manuel López Obrador ha intentado apropiarse de ese terreno en dos ocasiones, incluso con invasiones policiales y militares”, planteó el senador Kaine a Blinken, durante la audiencia llevada a cabo en el Comité de Relaciones Exteriores, de la Cámara Alta de EE.UU.
El 15 de mayo de 2024, un grupo de congresistas demócratas y republicanos propusieron sancionar a buques que hicieron uso de puertos arrebatados a compañías estadounidenses, como resultado de la amenaza del Gobierno mexicano para expropiar los terrenos y la terminal marítima de la firma Vulcan Materials, en Quintana Roo.
Ello luego de que el presidente López Obrador amenazará con declarar Área Natural Protegida la cantera de la empresa Sac-Tun, antes Calica y subsidiaria de Vulcan Materials, que incluye la Terminal Marítima de Punta Venado en Quintana Roo.
“Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, no. Mejor que no vengan o que se vayan a otra parte”, respondió el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
“Empiezan a extraer material, violan las leyes ecológicas y todo ese material se lo llevan a Estados Unidos para arreglar calles y carreteras, destruyendo nuestro territorio”, acusó el mandatario nacional, sobre las operaciones de Calica.
El político tabasqueño relató que al asumir la Presidencia de la República, sus funcionarios dialogaron con Vulcan pidiéndoles cesar “ese ecocidio”. No obstante, dijo que la empresa estadounidense rechazó la oferta y que Calica continuó extrayendo materiales clandestinamente, por lo que la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (PROFEPA) clausuró sus operaciones.
“Les dijimos: ‘Les compramos’ por creo que más de 2 mil millones de pesos […] les envié una carta ofreciéndoles comprarles la parte impactada, porque tienen como mil 500 hectáreas de selva”, detalló López Obrador, respecto ala propuesta hecha a Vulcan por las instalaciones de su subsidiaria Calica.
El titular del Poder Ejecutivo Federal mencionó que la empresa matriz Vulcan entonces comenzó a ejercer “presiones” en el Congreso de Estados Unidos. Asimismo, defendió que se aplicara la legislación ambiental mexicana por encima de eventuales presiones de corporativos extranjeros.
“Ayer que fue Blinken al Congreso, los congresistas que apoyan a Vulcan le dijeron cómo íbamos a permitir que expropiáramos la propiedad de una empresa estadounidense. Yo creo que Blinken no sabía bien, porque lo único que dijo es que esas acciones afectaban la inversión”, relató el presidente mexicano.
López Obrador insistió en que su Gobierno buscaría que Vulcan pudiera conservar la propiedad de las mil 500 hectáreas de selva aledañas a las instalaciones de Calica, pero sin dedicarlas a actividades destructivas del ambiente. “Lo que sostengo es que sería una aberración permitir que sigan destruyendo con un banco de materiales para construir carreteras en Estados Unidos”, enfatizó.
Según reportes de medios locales en Quintana Roo, el Gobierno de López Obrador tendría intenciones de abrir la Terminal de Punta Venado, concesionada a Vulcan Materials hasta 2037, como una puerto para cruceros y transbordadores.
“Las empresas estadounidenses que operan en el extranjero no deberían temer acciones gubernamentales arbitrarias que socaven sus derechos de propiedad”, dijo el congresista republicano texano August Pfluger. al presentar la propuesta en la Cámara de Representantes de EE.UU., junto con otros ocho legisladores de ambos partidos.
Según lo establecido en la iniciativa, los buques marítimos de carga o pasajeros que hicieran uso de la Terminal de Punta Venado -en caso de que el Gobierno mexicano decidiera expropiarla a Vulcan Materials-, estarían impedidos de anclar en puertos estadounidenses, incluso para reparaciones.
El 8 de noviembre de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Federal, publicó un aviso de consulta, previo a un posible decreto de declaratoria de Área Natural Protegida, de las 2 mil 400 hectáreas de Vulcan Materials, ubicadas en los municipios de Cozumel y de Solidaridad, en Quintana Roo.
Además de las sanciones a los buques, la iniciativa también exigía al Departamento de Seguridad Interna, a la Oficina del Representante Comercial, al Departamento de Estado y a la Oficina de Inteligencia Nacional, de EE.UU., informes regulares respecto a las amenazas de expropiación de propiedad estadounidense en América Latina.
Desde 2018, Vulcan Materials tiene una demanda contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI), bajo las reglas del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), buscando compensación por afectar su negocio.
El 20 de octubre de 2023, el presidente López Obrador hizo pública una oferta de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos a cambio de las 2 mil 400 de Vulcan Materials en Quintana Roo. El 8 de noviembre de ese mismo año, la SEMARNAT publicó un aviso de consulta que abre la puerta a un decreto de declaratoria de Área Natural Protegida de las 2 mil 400 hectáreas de Calica (Calizas Industriales del Carmen) en Cozumel y Solidaridad.
“Si no hay respuesta de parte de ellos, esa va a ser el plan. Vamos a esperar, nada más que antes de que yo me vaya, ya se les va a depositar en un juzgado los 6 mil o 7 mil millones de pesos y vamos a emitir el decreto para destinar toda el área a la protección del medio ambiente”, indicó el político tabasqueño, el 20 de octubre de 2023, durante su conferencia de prensa matutina.
El 10 de mayo de 2024, un grupo de cuatro senadores de Estados Unidos advirtieron Gobierno encabezado por López Obrador que si eran confiscados los terrenos donde se ubicaba la planta Calizas Industriales del Carmen, en Playa del Carmen, Quintana Roo, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials, considerarían “todos los recursos disponibles”.
“Han erosionado la confianza que esta delegación tiene en el liderazgo del presidente López Obrador para hacer cumplir nuestros acuerdos de libre comercio existentes y adherirse al Estado de derecho”, indicaron los senadores de EE.UU., en una carta dirigida a Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“Si se confiscan la tierra y el puerto de Vulcan Materials, nos veremos obligados a considerar todos los recursos a nuestra disposición para garantizar que ninguna entidad o individuo se beneficie del robo de esta propiedad”, agregaron los senadores Tommy Tuberville, Katie Boyd, Bill Hagerty y Tim Kaine.
En su misiva, los legisladores indicaron que Vulcan Materials había sufrido persistentes amenazas y acoso por parte del Gobierno mexicano, incluida “una segunda invasión militar y ocupación de la compañía en marzo de 2023″ y la declaración del presidente López Obrador de “convertir la propiedad en una área ambiental protegida“.
Los senadores estadounidenses señalaron que habían buscado “una explicación por el trato injusto” a la empresa extranjera, por parte del Gobierno encabezado por López Obrador. “Esta semana se cumplen dos años desde que se invadió ilegalmente y cerró las operaciones legales de Vulcan en Quintana Roo, México”, insistieron.
Finalmente, los legisladores de EE.UU. pidieron al Gobierno de México en revertir las acciones que tomaron en contra de la empresa con base en Alabama, y encontrar una solución que beneficiara a ambos países.
El 14 marzo de 2023, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) ocuparon las instalaciones del muelle de Vulcan Materials en Punta Venado, cerca de Playa del Carmen. En ese entonces, la senadora estadounidense Katie Britt argumentó que dicha acción fue ilegal e inaceptable.
SEMARNAT CLAUSURA MINERA ESTADOUNIDENSE CALICA EN QROO TRAS ADVERTENCIA DE AMLO
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) anunció, el 6 de mayo del 2022, la clausura de extracción de material pétreo del predio La Rosita, propiedad de la empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, en el estado de Quintana Roo.
La Presidencia de la República informó que, tras una inspección realizada en la zona, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) determinó que los trabajos de Calica han causado graves daños ambientales, así como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo.
“Derivado de la inspección se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio”, informó a través de un comunicado.
“La explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas”, detalló.
Por su parte, SEMARNAT informó que, en 1986, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, las extintas secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Urbano y Ecología, otorgaron a Calica la primera autorización para explotar roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita. Asimismo, indicó que con la anuencia del Gobierno de Quintana Roo, se otorgó el permiso sin determinar un plazo de vigencia, ni volumen de explotación específico.
Según la institución -cuya titular es María Luisa Albores González- el segundo permiso fue obtenido en 1996, durante el Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, para explotar piedra caliza por encima del manto freático en dos nuevos predios, El Corchalito y La Adelita, con una superficie conjunta de mil 251 hectáreas.
El 30 de noviembre del 2000, un día antes de culminar el mandato de Zedillo Ponce de León, la SEMARNAT -cuya titular era, en ese entonces, Julia Carabias Lillo), otorgó un tercer permiso, por 20 años, para explotación de roca caliza por debajo del manto freático.
LAS ACUSACIONES DE AMLO CONTRA CALICA
La compañía estadounidense fue acusada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de generar daño ambiental por la explotación de material de construcción, que es llevado en buques hasta EE.UU., además de que indicó que la empresa podría estar vinculada con las protestas de activistas y famosos en contra de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.
El 2 de mayo del 2022, el político tabasqueño reveló que, al realizar un “vuelo sorpresa” en helicóptero para supervisar las obras del Tren Maya, se percató de que la explotación y salida de material continuaban, por lo que procederían legalmente contra la minera Calica-Legacy Vulcan por “burlarse” del Gobierno Federal.
“Acabo de estar el fin de semana. Y me habían engañado en que ya no estaban extrayendo material. Pero ahora pasé y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material y cómo están cargando un barco. Entonces, he dado instrucciones para proceder de inmediato”, señaló el político tabasqueño.
“Se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Además, es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país. Están extrayendo material a profundidades de cinco metros”, acusó el mandatario nacional.
En febrero de 2022, el titular del Poder Ejecutivo Federal informó que negociaba con la constructora para detener una demanda de la firma de mil 100 millones de dólares, por impedirle extraer y exportar materiales a Estados Unidos.
El presidente propuso un acuerdo a Calica, para frenar la explotación y transformar el lugar en un espacio turístico o venderlo al Gobierno de México. Un mes después, amagó a la empresa con parar la extracción o, de lo contrario, presentaría una demanda ante organismos internacionales.
El 22 de abril del 2022, Adán Augusto López Hernández, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), informó que Calica Legacy Vulcan había aceptado transformar parte del predio en un parque turístico natural y que incluso había planteado la posibilidad de contar con una estación del Tren Maya en el lugar.
VULCAN ANUNCIA “ACCIÓN ILEGAL” DEL GOBIERNO DE MÉXICO
La empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials -el mayor productor estadounidense de agregados para la construcción-, denunció, el 5 de mayo del 2022, que funcionarios del Gobierno de México presentaron este jueves a empleados de la estadounidense Vulcan Materials órdenes de cierre “arbitrarias” e “ilegales” de sus operaciones en una gigantesca cantera de extracción de piedra caliza en Quintana Roo.
“Funcionarios mexicanos se presentaron inesperadamente ante los empleados locales de Vulcan Materials con órdenes de cierre arbitrarias para cesar de inmediato las operaciones de extracción y explotación de canteras submarinas en su subsidiaria Sac-Tun en Quintana Roo”, dijo la firma a través de un comunicado.
“La compañía cree firmemente que esta acción del Gobierno mexicano es ilegal. La compañía tiene los permisos necesarios para operar y tiene la intención de buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar las operaciones normales”, agregó.
Vulcan detalló que en marzo recibió su permiso aduanero de rutina de tres años, lo que le permitió continuar abasteciendo a sus clientes y que, tras operar 30 años en los terrenos que posee en México, tiene derecho a mantenerlos bajo su propiedad.
