A menos de un mes de que los siete municipios de Baja California realicen el cambio de gobierno el próximo 30 de septiembre, el futuro del Ayuntamiento de San Felipe permanece incierto, pues 297 votos y un intenso litigio que representa un choque de fuerzas políticas opositoras mantiene viva la posibilidad de que se dé un vuelco a los resultados de la elección del 2 de junio.
Este viernes 4 de septiembre, el llamado séptimo municipio, el más pequeño al tener una población que ronda los 24 mil habitantes -entre permanentes y flotantes- y en el que votaron un total de 8 mil 215 integrantes del listado nominal, tiene incertidumbre en torno al próximo regente para los 3 años siguientes.
El reconocido como ganador de la contienda fue el morenista José Luis Dagnino López, a quien se le entregó la constancia de mayoría, misma que ha sido impugnada por quien obtuvo en primera instancia la posición número dos, la verdecologista Adriana López Quintero, cuya diferencia de votos respecto del triunfador fue de 297 sufragios, ante lo cual la cerrada elección se fue a tribunales.
Es así que la primera elección formal como municipio se definirá en las próximas semanas, luego de una determinación realizada por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 31 de agosto, en la cual concluyeron que la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California no había analizado suficientes elementos de seis recursos de revisión presentados por los partidos PVEM, PRI, MC, PT y el ciudadano Jorge Isaac Navarrete Guzmán, los cuales denunciaron lo que consideraron un desaseado proceso electoral en el puerto.
Evidentemente, las opiniones son cruzadas por parte del diputado Juan Manuel Molina, representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral (IEE); y las emitidas en las denuncias por la representación legal del PVEM, a cargo del abogado Rogelio Robles Dumas, pues mientras el primero considera que la elección está finiquitada y que las faltas que se aducen son mínimas, e incluso que se le achacan a la ciudadanía que atendió el llamado; los “verdes” reclaman que hubo demasiadas inconsistencias en el proceso electoral y exigen una nueva elección.
EN EL AIRE, ELECCIÓN DE SF
El 31 de agosto la Sala Guadalajara conformada por el Magistrado Presidente Sergio Arturo Guerrero Olvera, la Magistrada Gabriela del Valle Pérez y el Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrado Omar Delgado Chávez, determinaron por unanimidad revocar la sentencia emitida por el tribunal local, encabezado por los magistrados Germán Cano, Carola Andrade y Jaime Vargas, respecto a desechar las quejas de los partidos PT y Movimiento Ciudadano, bajo el argumento de que fueron extemporáneas, además de anular dos casillas de las 19 que se instalaron durante el pasado proceso electoral de San Felipe, considerando que hubo irregularidades en la conformación de las mesas directivas, toda vez que ciudadanos que no formaban parte de la sección asumieron roles dentro de las mesas directivas, por petición de las inconformidades de los partidos PRI y PVEM.
La elección parecía ya definida e incluso fue presumida por el diputado Juan Manuel Molina y el propio José Luis Dagnino López, quien fue presidente del Concejo Fundacional y ahora aspira a ser presidente municipal del puerto.
El PT y Movimiento Ciudadano, así como el PVEM, extendieron su inconformidad sobre la sentencia de los magistrados locales y turnaron el caso a la Sala Regional de Guadalajara, la cual fue presentada con los números RR-205/2024 (PVEM) RR-212/2024 (MC) y RR-213/2024 (PT), donde se alegó que las pruebas presentadas por los dos últimos partidos son importantes para determinar si hubo irregularidades en el proceso electoral.
Luego del análisis de los magistrados federales, consideraron que el tribunal local había tenido errores en sus criterios, debido a que había desechado las impugnaciones del PT y del MC, bajo el argumento de que eran extemporáneas, pero a criterio de los magistrados, esto no es así.
Resulta que los magistrados federales analizaron que el conteo de votos del pasado proceso electoral y la entrega de la constancia de mayoría se dieron tras la conclusión de los trabajos en el Distrito V con cabecera en Mexicali, donde se revisaron los votos a munícipes de San Felipe.
Esto ocurrió el 13 de junio, frente a un gran número de ciudadanos que analizaban las boletas. Lo interesante es que no había representantes del PT y el MC.
El análisis de los magistrados locales refirió que a partir del 14 de junio se contaron los cinco días para presentar las impugnaciones. Sin embargo, dado que el PT y MC no tenían representantes el día del conteo, su notificación se llevó a cabo hasta el 20 de junio, cuando les entregaron los resultados en su domicilio.
Pese a lo referido por el tribunal local, para la Sala Guadalajara, en este punto es cuando empiezan a correr los días, lo que le dio una tolerancia hasta el 25 de junio para presentar los alegatos, fecha en que presentó el recurso de ambos.
Los alegatos de Morena expuestos en la sentencia refieren que se trata de una demanda “frívola”.
“En los tres juicios, el partido Morena en calidad de parte tercera interesada considera que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 9, numeral 3, de la Ley de Medios, consistente en que la demanda resulte evidentemente frívola. Aduce que es frívola cuando sea notorio que no existe motivo o fundamento para interponerla”, refiere la sentencia del tribunal, el cual agrega que “los agravios son inoperantes porque el actorparte de la premisa inexacta relativa a que el plazo para impugnar comienza a computarse hasta que se le notifique personalmente, siendo que la procedibilidad del recurso de revisión para impugnar la elección de munícipes es hasta que se realiza el cómputo”. Los magistrados federales desecharon el argumento de Morena y consideraron que el tribunal local “incurre un una indebida fundamentación y motivación y que, además, omitió analizar los medios de prueba que demostraban que su representación partidista estuvo ausente en la sesión de cómputo, celebrada el trece de junio por el Consejo General del OPLE”.
PVEM solicitó no que se haga un nuevo recuento de votos, sino que se anule por completo la elección, partiendo del hecho que -según refieren- hubo una serie de inconsistencias en cumplir con los requisitos en la instalación de todas las casillas, además de asegurar que hubo una irregularidad por parte del Fedatario Distrital del V, Alexis Martín del Campo Rivas, del Instituto Estatal Electoral (IEE), debido a que -según el PVEM y los otros dos partidos- llenó y recibió actas estando en San Felipe y Mexicali al mismo tiempo. Es decir, que en la firma de documentación dijo estar en dos lugares a la vez, según los alegatos emitidos, para lo cual presentaron firmas y documentación de las mismas actas.
El tribunal federal le dio un plazo de 5 días al tribunal local -a partir de la notificación- para que emitiera una nueva sentencia revisando más detalles presentados por el PT y MC, entendiendo que fue hasta el día miércoles cuando el tribunal local fue formalmente notificado.
Notoriamente molesto, el diputado Juan Manuel Molina emitió una conferencia de prensa en las instalaciones del Congreso del Estado para emitir su posicionamiento al respecto, asegurando que hay un diputado local detrás de este conflicto legal, haciendo referencia -sin decir su nombre- a Enrique Acosta Fregoso, esposo de la candidata del PVEM, Adriana López Quintero.
“Esto es una resolución de mera forma, y les vuelvo a decir, les consideran la razón a MC y PT, de los que ya resolvieron de copy paste. Si resuelven durante cinco días, tienen todo el mes para resolverlo aquí y en Guadalajara, tienen suficiente tiempo para el estudio y análisis para que lo resuelvan bien”, refirió el legislador, quien aseguró que existe contubernio entre los partidos PT, MC y PRI para apoyar al PVEM, toda vez que -aseguró- es prácticamente la misma queja, salvo por algunos agregados en las de los dos primeros partidos mencionados.
Molina García aseveró que no hay mucho que revisar en el caso, dado que el INE ya dio a conocer que en la mayoría de las casillas se utilizó a ciudadanos que forman parte de las secciones donde se emitieron las votaciones, y que sólo en dos de estos casos fueron revocadas.
“Si los resultados se deben realizar debe ser el INE, emitió un resultado, de todas esas casillas, solamente en dos habían sido personas escrutadoras que no pertenecían a la sección electoral… nunca dijeron que la ciudadanía actuó de mala fe, pero entonces, el resto de las secciones están caídas. El INE ya les dijo que eran mentiras, sólo dos de 19 no eran, pero aun así les alcanzan”.
“Fuera de eso, si el camión tardó media hora en llegar, pero no dicen que en ese camión pasó algo, la carretera, inclusive llegaron a decir que elementos de la Guardia Nacional se metieron a las casillas y sacaron a los funcionarios del INE, señalando a dos funcionarios de esa casilla, pero parece que no entienden las cosas como son así. Si se reconoce la verdad, la razón y la ley, se va a confirmar la elección de San Felipe”, refirió el legislador.
EL CONFLICTO POLÍTICO
Enrique Acosta Fregoso y su esposa, Adriana López Quintero, tienen un amplio recorrido político dentro del puerto de San Felipe. De hecho, la candidata -quien intentó ser alcaldesa por Morena- tiene una línea de gimnasios y es hija de una conocida líder social del puerto; mientras que José Luis Dagnino es representante de una conocida familia sanfelipense en donde ha participado en acción política en el PAN e incluso ha sido funcionario de los gobiernos del PRI.
Ambos representan a dos grupos políticos de antaño en el puerto, mismos que por primera vez se disputan el nuevo municipio.
Dagnino López es respaldado por Juan Manuel Molina, quien lo ayudó a concretar la municipalización de San Felipe y posteriormente nombrarlo presidente del Concejo Fundacional. De hecho, cambiaron las leyes para permitirle buscar la Presidencia Municipal de manera directa, cuando anteriormente había una prohibición que impedía a los consejeros fundacionales ser candidatos para ser el primero gobierno municipal.
El PVEM se hizo del apoyo del PT y MC. Pese a que Jaime Bonilla Valdez tiene un repudio hacia Enrique Acosta Fregoso, con quien compitió por la gubernatura en 2019, puede más el rechazo hacia Juan Manuel Molina, y por medio de este planteamiento permitió que el PT presentara una queja en contra de Dagnino. Bonilla permitió esta operación sólo con la intención de afectar a Molina García, mientras que MC lo hizo a través de un acuerdo con el PVEM.
Es importante entender que las tres quejas con complementarias, pues la primera que presentó el PVEM tenía como objetivo que Morena presentara sus alegatos de respuesta; esto dio la oportunidad de conocer los argumentos y pruebas que presentaría el vinotinto, lo cual fue utilizado para replantear contrarrespuestas a través del PT y MC. Es por ello que era tan importante para el PVEM que se admitieran las otras dos quejas.
El escenario se enturbia aún más cuando se comprende que desde la Secretaría del Bienestar se brindó apoyo a los candidatos del PVEM en prácticamente todos los municipios y distritos del Estado. Esto con la intención de concretar el conocido Plan C del presidente López Obrador, lo que abriría la posibilidad de que la misma dependencia podría haber apoyado a López Quintero.
Molina García, pasó gran parte de la jornada electoral revisando y cuidando las casillas del mencionado puerto.
NO HAY ELEMENTOS PARA “TUMBAR” LA ELECCIÓN: LUJANO
El conocido abogado del PAN, Víctor Lujano, aseguró que su partido es ajeno al juicio que se lleva a cabo entre partidos que conforman la llamada Cuarta Transformación, pero a su juicio consideró que los planteamientos del PVEM son insuficientes para “tumbar” una elección.
Especializado en litigio electoral, consideró que las inconsistencias que refiere el PVEM son comunes en procesos electorales en todo el país, y aunque es evidente que las hubo, los tribunales federales tienden a favorecer la votación de los ciudadanos por encima de las irregularidades, considerando si estos errores no representaron una afectación en el sufragio de los sanfelipenses.
“Es una impugnación que no pareciera tener muchos méritos, están haciendo valer situaciones que se presentan en la jornada electoral, pero que ocurren en todo el país, y de todo el tiempo; son situaciones muy superadas. El tema de la integración de casillas es un dolor de cabeza para todos. Ya han avanzado mucho en el criterio de que en tanto la persona esté empadronada en la sección electoral es suficiente para la integración de la casilla”, refirió el abogado, quien aseveró que si bien es cierto que hay reglas para entregar las casillas y todo el paquete electoral, los tribunales ponderan si las irregularidades pudieran modificar el resultado de la elección y si no lo hicieron, tienden a desecharlo.
Lujano consideró que no existe nada relevante en el proceso y coincidió en que es común el copy paste para presentar recursos, muchas veces con la intención de generar una percepción de inconformidad de más partidos intentando reforzar la idea de que hubo un proceso electoral viciado, pero -aseguró- la experiencia nos dice que los tribunales ya conocen las tácticas.
El ex subsecretario aseveró que se emitirá una nueva sentencia por parte del tribunal local en prácticamente los mismos términos y se enviará a Sala Guadalajara, donde será la última instancia, pues la forma en la que se presentó la queja no trastoca materia constitucional, sino simplemente temas de interpretación legal, por lo que si se presentara ante el máximo tribunal federal, sería desechado.
