El mal manejo político de una crisis en materia de seguridad culminó en una severa ruptura y con elementos que parecen irreconciliables entre el Poder Ejecutivo, dirigido por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, quienes llevan dos semanas enfrascadas en una serie de declaraciones pasivo-agresivas y hasta beligerantes, teniendo como fondo la situación de la seguridad en la zona Sur del Valle de Mexicali.
El triángulo ubicado entre las comunidades aledañas entre Ciudad Guadalupe Victoria y el Kilómetro 57, en la limítrofe del Valle de Mexicali y del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, es territorio controlado en su totalidad por Los Rusos, agrupación delictiva liderada por Jesús Alexander Sánchez Félix, cuya agrupación fue nombrada así con motivo de su mote.
Esta zona ha cargado con toda la atención de la seguridad en la entidad, pese a que no es precisamente el territorio donde ocurre la mayor incidencia delictiva en Baja California. De hecho, la tendencia en materia de homicidios con relación al año pasado viene a la baja, pero la realidad es que la influencia del grupo delictivo en esta zona es muy grande.
Lo interesante es que un problema de coordinación y seguridad, escaló hasta las cabezas de los gobiernos, provocando a la vez un conflicto político.
El problema lo vienen protagonizando desde el inicio del año el director de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendívil, con el secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, a raíz de las detenciones que se han generado y en las que ambas corporaciones se acusan mutuamente.
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Los de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) señalan a los primeros de estar involucrados con la delincuencia organizada, pues cuando los estatales pretenden realizar alguna detención importante en la zona Sur del Valle de Mexicali, aseguran que los primeros informantes e incluso obstáculos, son los agentes de la Policía Municipal.
Mientras los locales acusan a los estatales de extorsionar y robarle a ciudadanos a través de tácticas de la delincuencia organizada, pues irrumpen en viviendas vestidos de civiles y violando todos los protocolos policiales, al grado que -insisten- confunden a la FESC con grupos delictivos.
El viernes 20 de septiembre, la alcaldesa Norma Alicia Bustamante declaró ante los medios de comunicación que antes “había coordinación” con el Estado para atender temas de seguridad y no estar enterada de las dimensiones del operativo pretendido por el Poder Ejecutivo.
La respuesta de la mandataria estatal fue más agresiva, pues calificó de lamentables las declaraciones de su compañera de partido: “Ustedes son testigos que atendió una rueda de prensa no hay que decir una cosa y hacer otra. Hay que ser congruentes con actos y dichos; si das una instrucción al subdirector de Seguridad y posteriormente atiendes a los medios para hablar de lo que se está haciendo en Mexicali a las dos semanas, no. Es alcaldesa de la ciudad, a ver, discúlpenme, pero cuando uno gobierna una ciudad, debes tomar decisiones difíciles, porque de eso se trata, de tomar decisiones difíciles en beneficio de la ciudadanía, y debes tener a las personas adecuadas a tu lado para que te den la información exacta y precisa”.
Agregó que desde que los más de 70 elementos de la FESC y el Ejército acudieron a la zona Sur del Valle de Mexicali, no tienen información de actividad de los grupos delictivos, ni se han dado enfrentamientos. Por el contrario, presumió capturas como la de uno de los implicados en el caso Shots, bar donde cinco jóvenes desaparecieron entre los años 2022 y 2023 en Mexicali; además de decomisos de armamento de alto calibre en la zona del Valle Sur.
Pese a su dicho, se han dado homicidios en la región del Valle de Mexicali y la actividad criminal continúa. Sin embargo, en un nivel mucho menor, derivado a que -según información de inteligencia- gran parte de la estructura criminal de Los Rusos se encuentra en Sinaloa participando en el enfrentamiento contra La Chapiza por el control de Culiacán.
En los últimos días se han presentado múltiples asaltos en extrañas condiciones, se han colocado narcomantas en contra del General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán firmadas por Los Rusos e incluso una signada por -supuestamente- la ciudadanía del Valle de Mexicali, donde se acusa a los agentes estatales de perpetrar abusos.
Pero quizá uno de los episodios más sorprendentes fue el robo de diez autos de un depósito vehicular, donde un grupo armado ingresó para hacerse de varias unidades, algunas de éstas de gran tamaño.
Fuentes de Inteligencia sugieren que el grupo delictivo Los Rusos se hizo de varias unidades para usarlas en la pelea con los grupos antagónicos. También se tienen reportes de compra de vehículos de características similares en mercados informales de autos.
Bustamante Martínez suavizó el discurso y prefirió el silencio al ser cuestionada sobre la declaración de la gobernadora.
Mientras tanto, la zona Sur del Valle de Mexicali continúa bajo el control de la FESC, y lo que se prometió sería una evaluación de cinco días, ha cumplido dos semanas y sin una fecha exacta para ceder nuevamente el poder a la Policía local.
La mandataria precisó que continúan evaluando perfiles para definir a los nuevos mandos de la corporación mexicalense, lo cual quiere decir que no será la alcaldesa quien defina el nuevo equipo de trabajo de la corporación, sino que lo cederá al Ejecutivo estatal.
No conforme con ello, la situación se le planteó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el fenómeno que ocurre en el Valle y en la corporación de seguridad.
EL CONFLICTO
Episodios como la captura a inicios de año de Xóchitl Sánchez Félix, hermana de Jesús Alexander Sánchez Félix alias El Ruso; o la detención de cinco sujetos con una avioneta cargada de droga en el Ejido Querétaro en el mismo periodo, generaron la ruptura entre corporaciones, pues hubo acusaciones de una supuesta intervención de policías municipales para apoyar a la liberación de los implicados, al presentar testimonios de agentes preventivos durante sus audiencias.
Por su parte, los de Mendívil García refieren que los agentes acudieron por petición del juez. Su declaración culminó en la liberación de los implicados a causa de detenciones ilegales por parte de la autoridad, lo cual causó la molestia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien dio una declaración fuerte contra los jueces federales, acusándolos de corruptos y de perjudicar la seguridad del Estado, pero también cuestionó a la Policía Municipal por participar en los juicios.
Los conflictos siguieron y la relación entre ambas corporaciones se endureció. Pese a las 150 reuniones de seguridad que se han llevado a cabo desde el inicio de ambas administraciones, la coordinación se vino abajo.
El 18 de julio, ZETA publicó en exclusiva las imágenes de un convoy conformado por presuntos integrantes de la delincuencia organizada dirigidos por Josué Godinez Fernández, conocido como El Pitufo e integrante de Los Rusos, quien iba custodiado por tres unidades de la Policía Municipal.
El video fue captado por las cámaras de vigilancia de un residencial y mantiene versiones encontradas respecto a si la protección era para Alfonso Peralta Medina alias El P1, o si el convoy trasladaba al cantante de narcocorridos Óscar Maydón, quien tenía presentación en Mexicali por esos días.
Dicho por la gobernadora después de una reunión de seguridad en San Luis Río Colorado -donde también participó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo- para establecer el mando único en dicho municipio, los videos del convoy provocaron molestia en el Gobierno Federal y se puso atención a lo que se estaba viviendo.
Aunque en un primer momento anunció un Mando Único en el Valle de Mexicali, la gobernadora reculó, sin embargo, la primera semana de septiembre oficializó lo que se consideró como un Mando Único en la zona Sur del Valle de Mexicali.
El General Tizoc Aguilar Durán llevó a cabo un operativo donde prácticamente desarmó a 156 elementos municipales y los removió temporalmente de sus actividades diarias, además de enviarlos por su cuenta a evaluaciones en el Centro de Evaluación de Control y Confianza (C3), donde algunos permanecieron hasta 30 horas sin comer.
Luego del operativo, Aguilar Durán, la fiscal estatal María Elena Andrade, el secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez y la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez, encabezaron una conferencia de prensa para anunciar que el operativo tenía como objetivo recuperar el control del Valle de Mexicali.
POLICÍAS PRESENTAN DENUNCIAS
Mientras las cabezas pelean públicamente, los 156 policías que fueron sometidos a los Exámenes de Control y Confianza de la zona Sur del Valle de Mexicali -prácticamente el 10 por ciento de la corporación- y presentaron denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Fiscalía General del Estado por lo que consideraron un exceso en sus atribuciones, pero también denunciaron ser víctimas de tortura.
Las querellas se presentaron y acusaron directamente al secretario Aguilar Durán, la fiscal María Elena Andrade y la directora del C3, Fabiola Chantal Lugo Valdez, por considerarlos protagonistas del agravio en su contra.
Los más de 150 agentes refirieron que al ser sometidos a presiones y preguntas que intentaban incriminarlos en episodios delictivos en el Valle de Mexicali, muchos de ellos ni siquiera se encontraban en turno durante estos hechos violentos.
Otro de los puntos que reclaman, es que cuando se encontraban incomunicados y sin alimento ni credencial de elector, se les afirmó que podían retirarse de la evaluación, pero consideraría como un aprobado.
Uno de los principales reclamos es que ni el secretario de Seguridad Ciudadana ni la fiscal estatal tienen facultades para ordenar este tipo de operativos. Sin embargo, desde el Ejecutivo abogan por un convenio de colaboración firmado por todos los municipios del Estado -en Mexicali por el secretario del Ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela-, donde en su Cuarto Apartado permite que autoridades estatales puedan realizar cierto tipo de acciones que pretendan garantizar la seguridad y mejorar la confianza de los agentes preventivos, además de sancionarlos, siempre y cuando se respete la autonomía de los municipios.
Bajo este convenio y la firma del acuerdo para permitir la acción por parte del síndico Héctor Israel Ceceña, pretenden justificar la intervención.
El conflicto entre gobernantes se da a escasos días de que concluya la administración municipal y la federal, con lo que se especula que en próximas semanas habría cambios tanto en el Ayuntamiento de Mexicali como en la Secretaría de Seguridad
