Ernesto Zedillo Ponce de León -quien gobernó México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000- afirmó, el 14 de septiembre de 2024, que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), “enterrará la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de derecho”.
Durante la Conferencia Anual de la Barra Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), llevada a cabo en la Ciudad de México, el ex mandatario nacional dijo que iba a hablar de un “triste” acontecimiento.
“Estas palabras están escritas a la luz de la historia de México y los avances logrados hasta hace unos años en materia de democracia y justicia. Estoy consciente de que la reacción del presidente será, como siempre ante quien disiente, critica o piensa distinto a él, la calumnia, el insulto y la amenaza”, dijo el ex presidente.
“Comienzo por confesar que acudo a este foro de ‘creyentes en las reglas’, a romper una regla, así sea una de mi propia creación y autoimposición. Esa regla, que no he roto en ya casi un cuarto de siglo, es la de dejar estrictamente a otros la labor de hacer comentarios, análisis y escrutinio de los acontecimientos, decisiones y consecuencias de mi paso como Presidente de la República, junto con mi firme voluntad de abstenerme de comentar públicamente los acontecimientos políticos de mi país”, indicó Zedillo Ponce de León,
“Pienso que suspender, de manera excepcional, mi regla de autocensura en este foro se justifica por una razón muy triste: Nuestro Congreso Federal acaba de aprobar, y ha sido ratificado por una mayoría de Legislaturas estatales, un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el Poder Judicial y, con ello, enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de derecho”, agregó el ex mandatario nacional.
Zedillo Ponce de León recordó que las reformas impulsadas durante su Administración, la reforma judicial de 1994 y la electoral de 1996, buscaban consolidar la democracia, a través de la existencia de contrapesos.
“Lamentablemente, esta condición clave ha venido siendo transgredida amplia, sistemática y agresivamente por el partido hoy en el gobierno y su jefe, el presidente de México. Por un lado, la independencia y la capacidad institucional del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) han sido atacadas sin descanso. La primera línea de este ataque ha sido calumniar, insultar y amenazar tanto a la institución como a las personas elegidas para garantizar que el INE cumpla su misión constitucional”, abundó el ex mandatario nacional
“Habiendo conseguido la mayoría calificada gracias a ese escandaloso ‘regalo’, los instigadores ahora dicen que pueden esperar días o semanas para realizar la atrocidad de esa reforma electoral. Lo que no se quiso demorar fue la destrucción de la independencia, los estándares profesionales y las capacidades del Poder Judicial Federal”, enfatizó Zedillo Ponce de León.
“Al igual que respecto a las instituciones electorales, el Ejecutivo ha sido implacable, no sólo cuestionando los fallos de jueces y ministros cuando no se han alineado con sus preferencias, sino también al insultar al Poder Judicial como institución y a los ministros en lo individual”, insistió el ex presidente.
“Contrario a lo que establecen la Constitución y las leyes, el Ejecutivo ha maniobrado para llenar vacantes en la Suprema Corte con personas que difícilmente cumplen los requisitos indispensables de independencia, profesionalismo e incluso ética. A pesar de estas agresiones, la Corte había logrado, hasta ahora, preservar una mayoría para actuar con independencia e integridad, simplemente aplicando la Constitución para impedir los atropellos de otros poderes del Estado”, explicó Zedillo Ponce de León.
La frustración del presidente al no contar con una Corte sumisa ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal: la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder”, dijo el ex mandatario nacional.
“A principios de este año, paradójicamente y a punto de la burla, justo en la fecha en que conmemoramos la Constitución de 1917, se publicó una iniciativa con numerosas modificaciones a la Constitución. Los cambios conducen, en última instancia, a la devastación del Poder Judicial y la abolición de otras instituciones estatales autónomas muy importantes para la transparencia, rendición de cuentas y otras áreas cruciales para el desarrollo del país. Estas instituciones condenadas a desaparecer precisamente fueron creadas para limitar el uso arbitrario de la autoridad del Ejecutivo. Se perderá otro contrapeso esencial en la democracia”, comentó Zedillo Ponce de León.
“Contrariamente a lo que se afirmó, la propuesta del presidente no tiene nada que mejore la capacidad del Estado para procurar e impartir justicia. No sirve porque esta reforma no cumple con lo que debe existir en toda democracia: igualdad ante la ley, protección de derechos, imparcialidad, acceso a la justicia, capacidad de respuesta, transparencia, debido proceso y proporcionalidad”, comentó el ex mandatario nacional.
“De hecho, los cambios violarían prácticamente todos esos principios. Es claro que la reforma no tiene qué ver con la búsqueda de justicia, pues no aborda las deficiencias institucionales que han provocado la actual crisis en la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas de la delincuencia, la violencia, las autoridades abusivas y corruptas”, insistió Zedillo Ponce de León.
“Juristas y expertos han formulado los cambios institucionales y los recursos adicionales, humanos y materiales, necesarios para hacer efectivo el derecho fundamental a la justicia. Ninguno de esos elementos indispensables fue considerado en la iniciativa del presidente. Su intención es simplemente arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional, y transformarlo en un servidor de quienes detentan y concentran el poder político”, advirtió el ex presidente.
“Este objetivo perverso es evidente en la propia iniciativa, como lo demuestra un repaso de sus componentes clave. Permítanme resumirlos de manera breve. Con la promulgación de las reformas constitucionales, todo el Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, serán destituidos en los próximos tres años”, recordó Zedillo Ponce de León.
“Es previsible, entonces, que habrá jueces y magistrados que obedezcan, no a la ley, sino al poder político dominante. Este riesgo se verá agrandado porque el nuevo régimen dispondrá también de los medios para castigar a los ‘desobedientes’. El Consejo de la Judicatura será suprimido, pese a que fue creado para garantizar la independencia de la gobernanza interna del Poder Judicial, y crear y gestionar la carrera judicial profesional. Su desaparición echará por tierra tres décadas de construcción institucional en este ámbito crítico para la democracia y el Estado de derecho”, abundó el ex presidente.
“Justamente hoy los mexicanos conmemoramos el inicio de la lucha por la Independencia. Cuando esta se alcanzó, los mexicanos tuvimos por fin la oportunidad de convertirnos en una nación de mujeres y hombres libres, en una nación soberana que procuraría el progreso y la justicia que soñaron los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos”, insistió Zedillo Ponce de León.
“La realización de su sueño fue frustrada por déspotas y caciques criminales que no querían a México; solo querían el poder y a sí mismos. Los antipatrias de entonces, con su maldad, transformaron nuestra espléndida y prometedora Independencia, en miseria para el pueblo, y en pérdida de soberanía y de gran parte de nuestro territorio para la nación”, dijo el ex presidente.
“Ahora ya sabemos por qué se postulan como la cuarta transformación. En realidad, no hablan de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la Nación. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación: transformar nuestra democracia en tiranía”, finalizó Zedillo Ponce de León.
Durante el mismo evento, la ministra Norma Lucía Piña Hernandez, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue reconocida por su defensa a la independencia del Poder Judicial de la Federación y el Estado de derecho en México.
Piña Hernández reiteró que la justicia no solo era cuestión de leyes y tribunales, sino del actuar de todos los órdenes de Gobierno; y, admitió que se requiere una reforma integral que fortaleciera a todo el sistema de justicia.
“Las circunstancias nos impulsan a demostrar públicamente la esencia de nuestra labor y a reafirmar nuestra convicción de servir a las y los mexicanos con profesionalismo, con excelencia, con integridad y, sobre todo, con un profundo sentido de responsabilidad. Los jueces ‘también hablamos por nuestras sentencias’, y en México hemos hablado mucho”, señaló la ministra.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la mandataria nacional electa, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el 15 de septiembre de 2024, el decreto para la publicación de la reforma judicial, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Esta iniciativa de reforma al Poder Judicial la vamos a firmar, la vamos a suscribir en este día histórico, se tiene que publicar. Ya fue aprobada en la Cámara de diputados, en la Cámara de senadores y en la mayoría de las legislaturas locales, como la misma Constitución lo exige”, indicó el político tabasqueño, en un video publicado en sus diversas cuentas de las redes sociales
“Y la Constitución también establece que el titular del Ejecutivo tiene que publicar esta reforma, que es lo que estamos haciendo este día 15 de septiembre de 2024”, agregó el mandatario nacional, antes de firmar el decreto, con Sheinbaum Pardo como testigo.
La grabación del titular del Poder Ejecutivo Federal fue difundida de manera paralela a la publicación digital en el DOF, que divulgó las 14 reformas, seis adiciones y tres derogaciones realizadas a 23 artículos de la Constitución.
“15 de septiembre, a unas horas del Grito de Independencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador 2024, y el día que sale publicado en el Diario Oficial la reforma al Poder Judicial. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, expresó, por su parte, la futura presidenta en el video, mientras sostenía, junto con antecesor, el decreto firmado.
Según el régimen transitorio, el lunes 16 de septiembre de 2024 iniciaría el proceso electoral extraordinario 2024-2025, para elegir a la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En la elección, a realizarse el primer domingo de junio de 2025, también serían votados los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de circuito, así como los jueces de distrito.
A partir del 16 de septiembre de 2024, el Senado tendría un plazo de 30 días naturales para emitir la convocatoria e integrar los listados de las personas candidatas que participarían en la elección, que serían propuestos por los tres poderes de la Unión.
En los transitorios de la reforma se estableció que, para el caso de magistrados y jueces de distrito, la elección sería escalonada, ya que la mitad de los cargos solamente se renovarían en 2025 y, el resto, en la elección federal ordinaria de 2027.
Tras la publicación en el DOF, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) debería emitir los acuerdos necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso extraordinario del 2025.
La etapa de preparación de la elección extraordinaria iniciaría con la primera sesión del Consejo General del INE, que tendría que celebrarse dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigor de dicho decreto.
Tras la entrada en vigor de la reforma, las remuneraciones de las personas quienes integraban el Poder Judicial de la Federación y los de los estados, no podrían ser mayores a la establecida para el presidente de la República.
Asimismo, el Congreso de la Unión tendría un plazo de 90 días naturales para realizar las reformas a las leyes secundarias y los estados un plazo de 180 días naturales, el doble, para realizar las adecuaciones constitucionales.
